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Pinza de Podemos-PP-Xambó para tumbar la contratación de corresponsales comarcales de À Punt

La mayoría del Consell Rector vota en contra de la propuesta de Empar Marco porque la ley de Servicio Público de Radiodifusión prohíbe que los informativos los realice personal ajeno a la corporación

Reunión del Consell Rector de la CVMC

Reunión del Consell Rector de la CVMC

El Consell Rector tumbó el jueves la propuesta de la directora general de À Punt, Empar Marco, de destinar 350.000 euros para contratar servicios de otros medios de comunicación para ofrecer información local. La idea era tener una especie de corresponsalías comarcales a través de convenios con otros profesionales, que funcionarían como agencias de noticias, para obtener y prestar información de proximidad. 

Según defienden desde À Punt, no son técnicamente unas corresponsalías, sino un "contrato de recursos audiovisuales" como se hace con las agencias de noticias -Efe y Europa Press, por ejemplo- para que envíen los contenidos en bruto a los responsables de informativos. La dirección insiste en que no es un contrato cerrado a televisiones y radios.

El órgano directivo de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació no respaldó la propuesta por tres votos negativos contra dos positivos y el resto de abstenciones. Sólo Enrique Soriano, presidente del Consell Rector propuesto por el PSPV, y Mar Iglesias, vicepresidenta del mismo órgano, propuesta por Compromís, respaldaron la propuesta de Empar Marco. Ambos han declinado hacer declaraciones al respecto.

Los que sí han optado por explicar su voto son los que se negaron a la medida, entre ellos el candidato propuesto por Compromís Rafa Xambó. Vicente Cutanda, propuesto por el PP -que ejerce de oposición política dentro del órgano gestor de la televisión- y  María Lozano, propuesta por Podemos, tumbaron la idea de Marco en una alianza curiosa, al entender que la ley prohíbe la externalización de los servicios informativos. 

Los consejeros consultados por este diario consideran que hay otras formas de prestar ese servicio desde los propios informativos de À Punt y que el ente ya tiene delegaciones en Castellón y Alicante que pueden asumirlo.

Esta idea viene reflejada en el artículo 8.5 de la ley de Servicio Público y Radiodifusión, que dice que la Corporación podrá "contratar con terceros la producción y la edición de determinados contenidos o programas, además de cualquier servicio audiovisual (...) en el marco de lo que establezca el contrato programa con excepción de los contenidos informativos que se entienden elemento esencial del servicio público audiovisual". Si bien la ley contempla este argumento, choca con la estructura de la programación actual, donde hay dos magazines informativos de productoras que realizan debates, tertulias y comentan los temas de actualidad. 

No obstante, la ley también indica que "la corporación y sus sociedades propiciarán la celebración de convenios específicos de colaboración con los prestadores de los servicios de radio y televisión locales de la Comunitat Valenciana, públicos y privados que quieran acogerse, para aprovechar sinergias, reducir costes y ofrecer más contenidos, servicios y calidad a los usuarios de los servicios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. En este sentido, la corporación elaborará un plan de colaboración con estas entidades que incluirá la programación presupuestaria plurianual a destinar". 

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