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El fiscal pide la comparecencia de Fabra y Barberá por el pufo de la Fórmula 1

Quiere que ambos declaren como testigos por el rescate con dinero público de Valmor, la empresa quebrada que organizó la prueba en Valencia

Alberto Fabra entrega a Fernando Alonso el trofeo de gandador del Gran Premio de Europa

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La Fiscalía ha solicitado al nuevo instructor del caso Valmor que cite a declarar, en calidad de testigos, al presidente en funciones de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por la compra de Valmor Sports, empresa que se tenía que encargar de la organización de la Fórmula 1 en Valencia y que adquirió el Consell, con dinero público, por un euro.

En su escrito, junto a estas testificales, el fiscal interesa la declaración de la mayor parte de los miembros del Consell que intervinieron en la compra de Valmor, entre otros, la actual consellera en funciones de Infraestructuras y coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig; el exvicepresidente del Consell José Císcar; y el exconseller de Justicia Jorge Cabré, quien actualmente es fiscal en Valencia.

Así mismo, reclama que se cite a declarar a Rita Barberá y al exconcejal de Deportes Cristóbal Grau, quienes supuestamente mantuvieron un encuentro en Londres con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, dos días antes de que el Consell aprobara la compra de Valmor Sports.

El fiscal requirió estas testificales en el momento en el que interpuso la querella, en diciembre del pasado año, contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; la exconsellera, ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Johnson; y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar', por presunta malversación y prevaricación en la gestión de la Fórmula 1 en Valencia.

Sin embargo, estas testificales quedaron posteriormente en el aire cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la admitió a trámite pero centró la investigación en el periodo en el que se había gestionado la organización del evento deportivo, excluyendo la compra de la mercantil.

Una vez el tribunal valenciano se declaró no competente para seguir con la instrucción -hace aproximadamente dos meses- al quedarse el procedimiento sin aforados -Camps no ha repetido como diputado en las Corts-, y designarse un juzgado ordinario, el fiscal ha aprovechado para insistir en que la investigación se amplíe a la compra de Valmor y en que se cite a declarar a estos testigos.

Sobre estas testificales el juzgado encargado de este asunto, el de Instrucción número 2 de Valencia, todavía no se ha pronunciado, aunque sí ha accedido a otras dos solicitudes del fiscal: que se ampliara la investigación a la compra de Valmor -inicialmente se limitó la instrucción hasta el momento anterior-; y que se solicitara un informe a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sobre posibles contrataciones irregulares.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos fundamentales, según consta en su escrito: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".

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