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Un hamaquero, el único acusado por la manipulación de un censo electoral para "beneficiar" la expansión de Marina D'or

Casi 40 personas se empadronaron y votaron en Cabanes, un pueblo de Castellón donde nunca vivirían, en 2007, el año en que un megaproyecto de Marina d'Or dependía de la victoria del PP

Once años después, se ha archivado el delito electoral y solo un hombre se sentará en el banquillo, acusado de haber falsificado un empadronamiento

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Ayuntamiento de Cabanes (Castelló)

Ayuntamiento de Cabanes (Castelló) eldiariocv.es

Esta es la historia de casi cuarenta personas que se empadronaron y votaron en un pueblo de menos de 2.000 electores en el que nunca vivieron. Sucedió en unas elecciones, las de 2007, en las que una gran empresa necesitaba que el PP alcanzara una victoria holgada, con la que aprobar los trámites de un megaproyecto turístico. Viene al caso contarlo porque este miércoles, once años después, era el día fijado para el juicio, que finalmente se ha retrasado. 

No obstante, que nadie espere ver en el banquillo al entonces alcalde de Cabanes, ni a los dueños de aquella gran empresa, Marina D'Or. Ni siquiera a algún funcionario del Padrón municipal. El único acusado es un hombre humilde, que en aquel tiempo se dedicaba a alquilar hamacas en la playa en los alrededores del gran complejo turístico de Oropesa y era amigo del yerno de Jesús Ger, su dueño.

Este hombre, P. A., está acusado de gestionar un falso empadronamiento en el Ayuntamiento de Cabanes, con una supuesta firma cuya dueña no reconoció después como auténtica. P. A. es un hombre de limitados recursos económicos. En su declaración ante el juez de 2010, explicó que vivía en la casa de su novia y que su único ingreso era el subsidio de 420 euros. Añadió que tenía problemas con algunos "vicios". Hoy se enfrenta a una posible pena de cárcel de tres años por falsificación de documento público.

Él es el único fleco al que la acusación popular, ejercida por el partido Iniciativa del Poble Valencià y capitaneada por el hoy senador de Compromís Carles Mulet, ha podido agarrarse. En estos once años, los juzgados han archivado la causa tres veces y Mulet ha recurrido en todas esas ocasiones hasta conseguir llegar a juicio. En el camino, varias sentencias han eximido de culpa a todos los demás imputados y han sobreseído los delitos electorales. 

Los últimos coletazos de la burbuja 

Para entender este caso, hay que hacer un esfuerzo para volver mentalmente a la realidad de Cabanes en 2007. Según explica Mulet, concejal de la localidad en ese momento, en su término municipal estaba previsto construir la continuación de Marina d'Or, el gigante turístico capitaneado por Jesús Ger situado en la vecina Oropesa. Iban a ser dos grandes proyectos: Mundo Ilusión y Torre la Sal.

Su realización dependía, entre otros factores, de que el Ayuntamiento diera los permisos necesarios. Esto podía complicarse si el PP perdía las elecciones municipales de ese año. La razón es que IU se había declarado en numerosas ocasiones en contra de que se llevaran a cabo. La amenaza de que pudiera llegar a impedirlo era real, porque en los comicios de 2003 esta formación política había quedado a solo un concejal de poder formar gobierno junto al PSPV. 

Es en este contexto en el que Carles Mulet, entonces edil de IU, denuncia un posible fraude electoral por alteración del censo. Sospecha que cerca de 40 personas se han empadronado irregularmente en los meses previos a los comicios. Muchos de ellos son de Vall d'Uixó, la localidad de origen de Joaquín Talamantes, a la sazón yerno de Jesús Ger. 

Gran revuelo pero pocas consecuencias 

El caso provocó un gran revuelo en ese momento. Según recogió El País, el INE anunció que investigaría otros pueblos para evitar sucesos semejantes. Según la acusación particular que encabeza Mulet, los nuevos empadronados votaron en Cabanes. Aunque todos reconocieron después que nunca llegaron a vivir en las casas en las que se empadronaron.

Ni siquiera recordaban cómo eran. Algunos de ellos trabajaban en Marina d'Or. Además, los dueños de las viviendas en las que se realizaron estos empadronamientos eran dirigentes del PP o familiares, según Mulet.

Todos estos indicios no fueron suficientes para que la Justicia viera un delito relacionado con el sistema electoral. Ya en 2011, la Audiencia Provincial exoneró al Ayuntamiento y a Joaquín Talamantes. Sobre este último, consideraron que no había ejercido "violencia ni intimidación" sobre el resto de personas implicadas.

Por su parte, la Fiscalía de Castelló archivó el caso desde el principio. Según Mulet, la causa era la cercanía de su entonces responsable con el PP. "Las primeras actuaciones se hicieron con un fiscal, Javier Arias, que era la mano derecha de Carlos Fabra", explica. Por eso, asegura, se abandonó el caso pese a que "algunas declaraciones de los empadronados eran escandalosas e incongruentes". 

El juicio, aplazado 

Mulet lamenta que "los verdaderos responsables de este caso, que son el PP y Jesús Ger, no vayan a ser juzgados" y que el único acusado sea "un último eslabón". Pero espera una condena para que haya "alguna consecuencia" de todo lo que pasó.

Después de once años de espera, el juicio no se celebró este miércoles porque la Justicia no pudo encontrar a uno de los testigos para notificarle la cita. Se trata, precisamente, de Joaquín Talamantes, según informó Compromís en una nota de prensa. 

Más allá de los vericuetos judiciales, la realidad siguió su curso. El PP ganó holgadamente aquellas elecciones de 2007. Las expectativas se las llevó la crisis, que barrió las ilusiones expansionistas de Marina d'Or. Mundo Ilusión no llegó a levantar ni un solo ladrillo y Torre la Sal se quedó en la segunda fase de las seis previstas.

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