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El juez del caso Imelsa exige fianzas a los detenidos del PP y varios empresarios

El magistrado deja en en libertad con cargos a los primeros 18 arrestados a los que ha tomado declaración

La mano derecha de Barberá deberá abonar 150.000 euros para cubrir su responsabilidad en la supuesta trama de comisiones irregulares y financiación ilegal

El PPCV demandará a los condenados por corrupción y les pedirá daños y perjuicios

Alfonso Rus, en un coche de la Guardia Civil. EFE

El juez que investiga el caso Imelsa ha dejado en libertad con cargos a los primeros 18 detenidos -hay 24: lista completa, aquí- que han comparecido en sede judicial. Varios de ellos deberán afrontar una fianza. Los cargos del PP arrestados; Salvador Deusa, ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la diputación de Valencia; y cuatro empresarios, entre ellos el exsuegro de Marcos Benavent, el supuesto cerebro de la trama. Éste, José Mariano López, de 500.000 euros.

Los cargos del PP, de menor cuantía. Carmen Garcia Fuster, secretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, de 150.000.

Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II el Just y exliquidador de Ràdio Televisió Valenciana, de otros 150.000.

María José Alcón, exconcejal del PP, la primera en declarar, también de 150.000.

Y David Serra, exvicesecretario de organización del partido, de 15.000, siempre según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

La cuantía de las fianzas exigidas a los empresarios no ha trascendido, así como su identidad. Se exigen para afrontar la supuesta responsabilidad civil de los imputados por si finalmente fuera condenados. Su impago se combatiría con embargos de cuentas y bienes y no con el ingreso en prisión. Todos los arrestados son sospechosos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el caso de García Fuster, el magistrado ha decretado su puesta en libertad en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión. Anticorrupción cree que la mujer de confianza de Rita Barberá -su abogado es cuñado de la exalcaldesa- era clave en la trama que blanqueaba las comisiones ilegales conseguidas por diversos miembros del partido y que luego se usaron para los gastos de la formación. En el fondo, y aunque aún no hay imputación en ese sentido, la investigación apunta, entre otras cosas, a una trama para financiar ilegalmente al PP valenciano.

Otros arrestados en el marco de esta operación que el miércoles prestaron declaración ante el juez han sido un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, personal de confianza del Grupo Popular, Pedro Aracil, y dos técnicos de Imelsa, Joan Vergara y Elena Bosque. Están en libertad sin fianza, como los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Vicent, Carlos Turró, presidente de Cleop, Alejandro Serra, exdirector general de esa constructora, Vicente Francés y Javier Marchesi.

Está previsto que Alfonso Rus, el expresidente de la Diputación de Valencia, y los otros detenidos declaren este jueves ante el juez.

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