La Sindicatura de Comptes alerta de múltiples deficiencias en la gestión del consorcio de residuos Valencia Interior

Hace unos días se conoció el informe de fiscalización del ejercicio de 2017 del Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal de Residuos del Área V3 -Consorcio Valencia Interior, que incluye a las comarcas valencianas de Camp de Túria, el Rincón de Ademúz, la Hoya de Buñol, Utiel-Requena y los Serranos- de la Sindicatura de Cuentas. Este documento supone una opinión favorable con tres excepciones: no están contabilizadas las cesiones de terrenos a los ecoparques por parte de los ayuntamientos, las deudas del balance de cierre de 2017 están infravaloradas en 4,3 millones de euros y la memoria aprobada es incompleta. Además, la Sindicatura detecta “debilidades relevantes en el ejercicio del control interno”.

El documento llama la atención sobre el hecho de que no se concreta la Administración a la que está adscrito el consorcio, lo que es “relevante” porque comporta “una indeterminación de su régimen jurídico, presupuestario, contable y de control”. En esta entidad participan 61 municipios de cinco comarcas, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia.

Así mismo, se incumple la regla de gasto, igual que antes se incumplía el objetivo de estabilidad sin que el consorcio hubiera aprobado el plan económico-financiero previsto en la norma. También, se han detectado “debilidades relevantes en el ejercicio del control interno”.

El consorcio estimaba unos costes para 2017 de 18.158.687 euros mientras que los gastos reales extraídos de la contabilidad real de ese ejercicio no superaron los 15.889.334 euros, según los cálculos de la Sindicatura. Así, alertan que los recibos emitidos de la tasa superan el coste previsible del servicio en más de 2,2 millones de euros cuando la ley establece que el importe por las tasas de prestación de un servicio “no podrá exceder el coste real o previsible” del mismo. En cuanto a las retribuciones del secretario y el interventor del consorcio, en 2017 superaron en 10.479 y 6.395 euros respectivamente lo acordado en asamblea, sin que conste posteriormente acuerdo que “justifique las retribuciones percibidas”. También se ha detectado un “exceso” en la percepción de pagas extra del presidente del consorcio entre 2015 y 2017 de al menos 5.601 euros, una cantidad de la que se acordó su devolución.

Otra de las irregularidades sobre las que alertan se refiere a que las básculas pesaje son propiedad de la concesionaria. “El control que realiza el Consorcio sobre el volumen de residuos tratados en las plantas es informático, no presencial”, así como que para algunos tipos de residuos “subcontratados por la concesionaria” para su gestión externa, “el control se realiza a través del peso que figura en los albaranes de entrada en estos gestores”.

El contrato de asistencia técnica, advierten, incorpora la realización de analíticas que se debería considerar que están incluidas entre los gastos previstos en la oferta adjudicataria, por lo que deberían ser costeados por la concesionaria. Sin embargo, el consorcio “ha pagado por este concepto 110.252 euros a través de la asistencia técnica”.

Otras cuestiones sobre las que llama la atención son, por ejemplo, que en 2010, la asamblea acordó adjudicar de forma directa el servicio de recogida selectiva de papel, cartón y envases ligeros a coste cero al considerar que el gasto se compensa con la venta de los materiales recogidos: “Se prescindió del procedimiento de adjudicación previsto en la legislación contractual”; o que en las facturas del canon de gestión de ecoparques emitidas por la concesionaria se incluye un concepto no previsto en el contrato, la dotación de un operario adicional en un ecoparque, con un coste de 25.987 euros en 2017 y 33.878 euros en 2016: “El órgano de contratación no ha autorizado este aumento, por lo que es procedente analizar si resulta adecuado, en la medida que los gastos del personal de la concesionaria sean efectivamente superiores a los previstos en el plan económico de la concesión”.