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El PP amenaza a los concejales imputados: Si no entregan el acta, “tendrán sus consecuencias”

La líder del PP valenciano, Isabel Bonig

Europa Press

Valencia —

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) ha rechazado hacer este jueves nuevas manifestaciones sobre la situación de los nueve concejales populares en el Ayuntamiento de Valencia investigados en el caso Imelsa y se ha remitido a lo dicho ayer por la coordinadora general, Eva Ortiz, porque “no ha cambiado nada absolutamente en 24 horas”.

Así lo ha señalado Bonig a los medios de comunicación en Alicante donde ha acudido a la jornada 'El ferrocarril como eje vertebrador del Arco Mediterráneo', a la que también asiste la ministra de Fomento, Ana Pastor.

La dirección del PP valenciano anunció anoche que exigirá a los nueve concejales del grupo popular en el consistorio valenciano investigados por un presunto blanqueo de capitales y financiación ilegal -todos a excepción del independiente Eusebio Monzó- que entreguen su acta porque, en caso de no hacerlo, “tendrán sus consecuencias”.

Interrogada por esta medida, Bonig se ha limitado a aseverar que se remitía “a lo dicho ayer” por la coordinadora general, que les atendió “gustosamente como siempre les atendemos”. “Nos remitimos a lo dicho ayer, no ha cambiado nada absolutamente en 24 horas”, ha insistido.

Bonig ha iniciado una ronda de reuniones “personales y privadas” con los ediles que se encuentran investigados por un presunto blanqueo de capitales. El encuentro ya se ha producido con Alfonso Novo, Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau y Mª Àngels Ramón-Llin.

Además, esta mismo jueves la dirección del PPCV también se ha entrevistado con Félix Crespo y quedan pendientes las reuniones con Alberto Mendoza y María Jesús Puchalt.

En principio, la dirección de los populares valencianos prevé comunicar “formalmente” a partir de la próxima semana a los ediles la exigencia de entrega su acta y tendrán “un plazo para que valoren su situación” con el fin de que, posteriormente, “cada uno tome una decisión a nivel individual” y de esta forma “cumplan con lo que prometieron”.

“Pitufeo”

Los concejales investigados han reconocido que donaron al partido 1.000 euros para la campaña electoral de 2015 pero niegan que este dinero les fuera devuelto y que se hiciese en dos billetes de 500. El sumario del caso Imelsa -del que el juez ha levantado el secreto en la parte que corresponde al presunto blanqueo- contiene conversaciones e informes policiales que apuntan a que el dinero se retornó mediante ese método, conocido como 'smurfing' o 'pitufeo'.

Desde el entorno del grupo popular han apuntado a Europa Press que se entregaron los 1.000 euros “y nada más” y que “no hay más pruebas” contra los ediles. Asimismo, se ha señalado en alguna ocasión que la 'línea roja' que marcan los estatutos del partido está fijada en la apertura del juicio oral.

Por ejemplo, a la salida de la reunión con Ortiz y Bonig, la edil popular Beatriz Simón aseguró ayer, preguntada por si mantendrá su acta, que lo hará “hasta el momento que dicen los estatutos, que es lo que siempre hemos dicho”. “Yo hablo por mí”, apostilló.

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