Los servicios jurídicos del Ayuntamiento decidirán si las irregularidades en las fiestas irán a Fiscalía
Mucha arbitrariedad y ningún control. Estas fueron las principales características de la gestión de las Fiestas de la Magdalena de Castellón entre 2008 y 2015, según las conclusiones aprobadas por la comisión de investigación que ha trabajado durante los últimos trece meses en el consistorio. El dictamen final fue aprobado en el Pleno municipal del jueves después de varios meses en los que los diferentes partidos han intentado ponerse de acuerdo para aprobar unas conclusiones comunes.
Finalmente, el documento obtuvo el respaldo del equipo de gobierno, formado por PSPV y Compromís, y de Castelló en Moviment. También Ciudadanos se sumó al dictamen después de que proponer algunas modificaciones que fueron aceptadas e incorporadas al texto. El PP votó en contra y presentó su propio voto particular, que fue desestimado por el rechazo del resto de partidos.
El documento establece que hubo “múltiples irregularidades” en los años citados. Por eso, recomienda que los servicios jurídicos del Ayuntamiento redacten un informe “que dictamine sobre la posible existencia de ilícitos penales i/o administrativos”. En caso de que se hallen indicios de delitos, se pide que el caso se ponga en manos de la Fiscalía. También se recomienda que se lleve a cabo una auditoría.
Destrucción de material contable
Durante el tiempo que ha durado la comisión, se ha entrevistado a numerosas personas relacionadas con la gestión de las fiestas en la época, entre los que destaca el que fue el presidente durante trece años, Jesús López. También declararon los exalcaldes del PP Alberto Fabra y Alfonso Bataller, aunque prefirieron hacerlo por escrito y sin presentarse físicamente ante la comisión.
Entre las irregularidades detectadas, está la “destrucción de material digital con información contable”. También había irregularidades en la contratación de personal. Se constata “el uso de trabajadores y trabajadoras sin contrato”. Por ejemplo, quienes colocaban las sillas para los pasacalles, que “carecían de contrato y, por tanto, de las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social, además de cobrar con dinero negro”.
Sin concurso público
Otras irregularidades detectadas se refieren a la falta de concurso público en la adjudicación de eventos o en la explotación de negocios relacionados con la fiesta. Fue el caso de la organización de la feria alternativa y del mesón del vino. También se constata que se contrató a trabajadores para actos organizados por la Junta de Fiestas a través de la empresa de trabajo temporal de su presidente, Jesús López, sin que fuera elegida a través de ningún expediente administrativo.
El documento ilustra cómo la Junta de Fiestas cobró tasas de ocupación de vía pública -un cometido que corresponde al Ayuntamiento-. “Y lo hacía de manera discrecional, es decir, algunos pagaban y otros no”, detalla el dictamen. Se supo, además, que la Junta de Fiestas recibió miles de tiquets de consumiciones que redistribuyó de manera arbitraria y discrecional.
Según el dictamen, el Ayuntamiento, gobernado en aquellos años por el PP, no ejerció el adecuado control sobre la Junta de Fiestas a pesar de los “reiterados avisos por parte de los técnicos municipales encargados de la fiscalización”.
El PP y su “verdugo”
Por su parte, el PP negó que exista cualquier delito y acusó al equipo de gobierno de “criminalizar el mon de la festa”, en palabras del portavoz adjunto del grupo municipal, Juan José Pérez Macián. Afirmó que el presidente de la comisión -Xavier Del Señor, portavoz de Castelló en Moviment- había tenido “un talante más propio de verdugo de la Inquisición del medievo que de representante público del siglo XXI”.
En una nota emitida tras el Pleno, el partido afirmó que las conclusiones están “intoxicadas de parcialidad, cuyo único objetivo ha sido desprestigiar y machacar al Partido Popular”.
