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CASTILLA Y LEÓN

La jueza archiva el caso de la destrucción de expedientes de ayudas al marido de Silvia Clemente pero investiga una falsificación documental

Un juzgado investigaba la desaparición de los expedientes de subvenciones concedidas al empresario Javier Meléndez cuando su esposa era la consejera

La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa denunciada por la Junta ya que la Policía no puede determinar quién borró los archivos informáticos

Continúa la instrucción sobre el presunto delito de falsedad documental en un informe sobre un trabajo que el marido de la exconsejera trató de cobrar dos veces 

Montaje Silvia Clemente para PIEZA.

Montaje Silvia Clemente para PIEZA. eldiario.es

El juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha decretado el archivo provisional del caso de la desaparición de los expedientes informáticos de una subvención que la Consejería de Agricultura concedió al marido de Silvia Clemente, el empresario patatero Javier Meléndez, cuando ella era la consejera.

Tal y como adelantó eldiario.es, Meléndez mantenía un contencioso con la Junta de Castilla y León porque una subvención de 598.000 euros, concedida en 2009, fue anulada en 2017, con Milagros Marcos al frente de la Consejería. Los trabajos realizados eran prácticamente idénticos a otros subvencionados por el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), dependiente de Agricultura.

Una vez recibido el recurso de Meléndez, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León requirió al Itacyl la documentación y los expedientes relativos a las distintas subvenciones o contratos con las empresas de Meléndez. Fue en ese momento cuando se descubrió que no estaban. Todo había desaparecido de los archivos informáticos. El director del Itacyl, Jorge Llorente denunció los hechos en la Fiscalía.

Ahora, ha sido la propia Fiscalía, que judicializó el caso, quien ha solicitado el sobreseimiento provisional, después de estudiar un informe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía que afirmaba que no era posible determinar quién procedió al borrado de archivos. Los delitos que se investigaban eran descubrimiento y revelación de secretos.

Los funcionarios señalaron al presunto autor

Para el Ministerio Fiscal no son suficientes los testimonios recabados de funcionarios del Itacyl que apuntaron a una persona: el responsable de la Unidad de Transferencia Tecnológica y jefe de Área de Innovación y recursos, Manuel Ariza, que actualmente no es empleado del Itacyl. Los empleados públicos señalaron que fue quien indicó en abril de 2013 que había que eliminar los archivos. Así lo hizo constar la Junta de Castilla y León en el procedimiento contencioso en el Tribunal Superior de Justicia que dirimía si a Meléndez le correspondía o no la ayuda. Finalmente concluyó que no, que había intentado cobrar dos veces por el mismo trabajo y que la anulación de la subvención era correcta.

Pero, si la investigación por el borrado informático está en vía muerta, no ocurre lo mismo con el caso que lleva el mismo juzgado sobre la presunta falsificación de un documento aportado por Meléndez a la Junta cuando su recurso estaba en la vía administrativa y que acabó también en manos del Tribunal Superior de Justicia.

En la misma sentencia en la que fallaba que Meléndez intentó cobrar dos veces, el Tribunal Superior estableció que había que deducir testimonio de particulares, o lo que es lo mismo, había que llevar a la vía penal la manipulación del documento, aparentemente falsificado según la Junta de Castilla y León, impresión que compartió el TSJ y que llegó de la mano de Meléndez.

Se trata de un informe final sobre el trabajo realizado por la empresa del marido de Clemente que, según la letrada de la Junta no parecía auténtico. En él, sólo aparecía el nombre y la firma de Manuel Ariza (el mismo que supuestamente hizo desaparecer los archivos) y la fecha, en la primera hoja (26 de septiembre de 2012). Además, siendo el documento de 2012, hacía consideraciones que sólo pudieron asumirse en 2015. El documento sólo tenía el membrete del Itacyl en la primera página.

Tal y como destacó el tribunal, Javier Meléndez no solicitó la prueba testifical de quien firmó ese informe final -Manuel Ariza- ni de ninguno de los integrantes del equipo de investigación del Itacyl a pesar de que la Junta cuestionaba su autenticidad.

Los delitos que tendrá que investigar el juzgado, según fuentes jurídicas, serían una falsedad documental y una estafa procesal atribuibles, en principio, a Javier Meléndez, que es quien aporta el documento presuntamente manipulado a su favor. Fuentes judiciales consultadas por eldiario.es precisaron que la tramitación del caso sigue adelante y que nada tiene que ver el archivo del caso de la desaparición del expediente.

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