El PP, que gobierna en la Junta de Castilla y León, pide a Mañueco implantar las 35 horas
El PP se pide a sí mismo “culminar” las negociaciones de las 35 horas. El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta de Castilla y León -en la que gobiernan el PP y Cs en coalición- a terminar de negociar con los sindicatos para la aplicación de la jornada de 35 horas. Eso sí, condicionado a que haya “las suficientes garantías de que la medida sea sostenible en el tiempo y asegurando que su aplicación no incida en la adecuada prestación de los servicios públicos”.
La PNL del Grupo Popular, que todavía no tiene fecha de debate fijada, constata “el cumplimiento de los objetivos previstos” y recuerda al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, su discurso de investidura y su compromiso con los funcionarios. “Adoptados los sistemas que nos permitan reducir la tasa de temporalidad en el empleo público, se podrán desarrollar de manera efectiva el acuerdo alcanzado [en mayo] y el cumplimiento con plena seguridad jurídica y estabilidad de los acuerdos suscritos”.
En la concentración convocada esta mañana, el secretario provincial de la Federación de empleados públicos de UGT en Valladolid, Javier Garrido, ha tachado esta PNL DE “desfachatez”. “Están utilizando a todos los empleados públicos para sus artimañas políticas”, ha criticado.
Los tres principales sindicatos de funcionarios de Castilla y León, CCOO, CSIF y UGT, se han concentrado este jueves para exigir la jornada laboral de 35 horas. Un numeroso grupo de empleados públicos se ha manifestado frente a la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid para advertir que, si el Gobierno autonómico no cumple con el acuerdo que firmaron en mayo, irán a la huelga y tomarán acciones legales contra la Junta.
María José San Román, presidenta provincial del CSIF en Valladolid, ha asegurado que ya no hay nada que discutir. Recuerda que el 21 de mayo se llegó a un acuerdo entre los sindicatos y el anterior ejecutivo para recuperar la jornada laboral de 35 horas, por lo que ahora “no es momento de negociar”. Para San Román, el acuerdo ya está negociado y lo que tiene que hacer ahora el Gobierno de Castilla y Léon es “cumplirlo”.
La presidenta provincial del CSIF ha recordado a la Junta que los tres sindicatos tienen la intención de continuar con las protestas y, como ya advirtieron tras una reunión con el consejero la semana pasada, la huelga se da casi por seguro. “Empezaremos con concentraciones y manifestaciones, llegaremos a la huelga y si hay que tomar acciones legales, lo haremos”, ha explicado durante la protesta.
Junto a ella estaba Ana Rosa Cerrón, coordinadora del área publica de CCOO Valladolid, quien ha asegurado que el hecho de que la Junta no cumpla cuando el “acuerdo está firmado, no se puede consentir”. Cerrón ha recordado que fue Alfonso Fernández Mañueco quien, como consejero de Presidencia, negoció y firmó en 2002 “el compromiso por las 35 horas”, cuya recuperación ahora exigen los funcionarios.
Siete años esperando la vuelta de las jornada de 35 horas
En 2012, los recortes en la Administración pública, llevaron a implementar la jornada semanal de 37 horas y media para los funcionarios. Una situación excepcional cuya reversión empezó a plantearse en el año 2015 mediante la firma de un Acuerdo Marco, para recuperar los derechos de los empleados públicos. La Ley de Presupuestos Generales de 2018, que se ha prorrogado hasta ahora, establece que los funcionarios podrán recuperar la jornada de 35 horas en aquellas administraciones donde se haya cumplido con los objetivos de “déficit, deuda y regla de gasto”.
Un escenario que, como recuerdan los sindicatos de Castilla y León, ya cumple la Administración autonómica. Después de varias reuniones entre la Junta y los sindicatos de empleados, ambas partes acordaron el 21 de mayo recuperar la jornada de 35 horas y la disminución de horas lectivas, desde el 1 de septiembre. Pero ahora, la Junta no cree que pueda cumplir con su compromiso antes de final de año. Por ello, los representantes sindicales, tienen “inseguridad y desconfianza” hacia el Gobierno autonómico, ha explicado Javier Garrido, secretario provincial de la Federación de empleados públicos de UGT en Valladolid.
