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Acnur pide a los grupos parlamentarios un pacto de “responsabilidad compartida” en la acogida de menores migrantes

Varias personas, entre ellas un niño, a su llegada al muelle de La Restinga, en El Hierro.

Gabriela Sánchez

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De cara a la próxima conferencia sectorial de infancia que reunirá este miércoles a los representantes autonómicos para abordar el reparto de menores migrantes, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha pedido a los grupos parlamentarios “una responsabilidad compartida” para solucionar la “difícil situación” de los niños y adolescentes llegados solos por mar a Canarias. En una carta enviada el pasado viernes a los portavoces de las formaciones con representación en el Congreso, la representante de Acnur España, Sophie Muller, ha pedido una respuesta que “garantice el respeto por los derechos de estos menores” sin caer en la instrumentalización de estos chavales con un objetivo político, según un comunicado del organismo difundido este martes.

La representante de ACNUR en España, ha solicitado el apoyo a las medidas que busquen “reforzar” el sistema de protección de estos menores, con el objetivo de que sea “más previsible y sostenible”. Muller recalca que las distintas formaciones políticas deben poner “en el centro la situación de niños y niñas no acompañados”, pero sin ser utilizados desde “las dinámicas políticas” sino colocando el foco en sus necesidades. “Quisiera animarles a trabajar para llegar a soluciones basadas en el Derecho Internacional y en el espíritu europeo de solidaridad y responsabilidad compartida, en especial tratándose de una tema tan sensible como la protección de niños y niñas”, incluyó en su misiva.

La cifra de niños y adolescentes que atraviesan la ruta atlántica sin familia no ha dejado de crecer en los últimos años. Con las últimas llegadas, el Ejecutivo canario tutela a 5.966 niños y adolescentes en 80 dispositivos que ya han colapsado. La situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones en 2023 ha permitido a la Consejería de Bienestar Social abrir nuevos espacios de acogida con agilidad, pero estos no siempre reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. En las últimas semanas, han salido a la luz varias denuncias que apuntan a condiciones de insalubridad, hacinamiento y agresiones en algunos centros del archipiélago. La propuesta del Gobierno central y el canario pasa por modificar un artículo de la ley de Extranjería con el objetivo de establecer un sistema obligatorio de reparto de menores en caso de que una comunidad alcance el 150% de sus plazas de acogida.

En las últimas semanas, la posición del Partido Popular ha pasado de un aparente apoyo a la medida con ciertos matices, ha un rechazo rotundo y una escalada de su discurso anti inmigración para, poco después, retomar una posición abierta al respaldo de alguna fórmula de distribución de estos menores. En este sentido, Acnur pide a todas las formaciones políticas el respaldo a una “responsabilidad compartida”, para evitar que ciertos territorios, como Canarias, tengan que asumir la atención a estos chavales, con las consiguientes consecuencias en la protección de los menores.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha advertido de que muchos de estos niños y adolescentes acogidos en Canarias pueden tener necesidades de protección internacional, por lo que solicita una atención extra para detectar estos perfiles con vulnerabilidades extra. En colaboración con la Consejería de Bienestar Social de Canarias, la Agencia de la ONU realizó 576 entrevistas a niños, niñas y adolescentes acogidos en 37 centros de menores entre febrero y abril, con el objetivo de conocer los perfiles, darles voz e identificar áreas que necesitan refuerzo en la respuesta de protección.

Según sus resultados, un 55% de los menores entrevistados, “podrían encontrarse en necesidad de protección internacional”. Entre ellos, se encuentran menores que “han huido de conflictos armados como el de Mali, que han sufrido violaciones de derechos humanos, violencia sexual y de género, incluida mutilación genital femenina o matrimonio forzoso y precoz, o que sufren persecución por pertenecer al colectivo LGBTIQ+”. Esta estimación refleja, según Acnur, “hay un elevado número que podrían ser refugiados y deberían ser canalizados a través de un procedimiento de asilo ágil y eficaz”..

“El perfil particularmente vulnerable que presenta este colectivo requiere de una respuesta decidida, estable y previsible para todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos que se encuentran en necesidad de protección internacional” , ha dichola representante de Acnur en España, Sophie Muller, indicando que la respuesta debe estar inspirada y ser acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. “La identificación de sus necesidades específicas y de sus necesidades de protección internacional, es esencial para garantizar el interés superior de estos menores y evitar que se vean expuestos a nuevas y mayores situaciones de riesgo”.

Con este objetivo, Acnur firmó el 27 de junio con la Consejería de Bienestar Social de Canarias un protocolo para apoyar a los profesionales en la identificación de necesidades de protección internacional de los menores llegados solos a Canarias.

Acnur recuerda que hace casi un año se ha producido un considerable incremento en las llegadas por mar hacia las Islas Canarias, 19.500 personas en lo que va de año, principalmente procedentes de Mali, Senegal, Mauritania y Marruecos. “Se trata de movimientos mixtos de migrantes, que dejan sus países por falta de oportunidades de subsistencia, por la pobreza o por las consecuencias del cambio climático, pero también, y en una proporción muy significativa, de refugiados, que se han visto forzados a huir por la inestabilidad sociopolítica, por conflictos, violaciones de derechos humanos o persecución en sus países de origen. Esta situación es el reflejo del contexto mundial en el que se registran ya más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas forzosas”, según el último informe de ACNUR.

 

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