Por qué se manifiesta el campesinado contra la construcción del canal interoceánico de Nicaragua
“¿De qué nos servirá ese canal si los beneficiados van a ser los más grandotes, los que tienen más plata?”, se pregunta Antonio Duarte mientras camina junto a cerca de 2.000 manifestantes más, en su mayoría campesinas y campesinos. Recorrieron Rivas, el municipio más grande del sur de Nicaragua, para expresar su oposición a la inminente construcción de un canal interoceánico que uniría el océano Pacífico con el mar Caribe y partiría el país en dos. Las promesas del presidente Daniel Ortega sobre la “riqueza” que podría generar esta gran infraestructura no convence a un campesinado alarmado por la amenaza de ser expulsado de sus tierras a partir de diciembre, cuando está anunciado que arranquen las obras.
Mientras el Gobierno no informa de qué tierras y municipios están en riesgo de desalojo, el grupo ambientalista Casa Humboldt cifra en 109.000 las personas que tendrán que desplazarse y 282 los centros poblados ubicados en el trazo que serán trasladados a otros puntos de Nicaragua tras negociar las respectivas expropiaciones: Rivas es uno de los núcleos más afectados.
“Eso es una injusticia, desalojar a los pobres de donde ellos viven y de donde sacan la producción para sobrevivir. Esa gente empezará a pasar hambre”, lamenta Ortega Antonio Duarte Bonilla, que trabaja como peón en plantaciones del departamento de Rivas.
Su futuro es incierto, no se siente incluido en la promesa de miles de empleos: “Los campesinos no sabemos hacer ese tipo de trabajo. ¿De qué manera van a generar empleo para los pobres, si lo que los pobres sabemos hacer es arrear un buey, agarrar el machete y limpiar el lugar donde vamos a sembrar la mata de maíz, la mata del plátano, la mata del trigo, del frijol? Vivimos de la tierra. Si yo no tengo y usted tiene, le alquilo una manzana o media manzana y de ahí sacamos la manutención de los hijos”.
“Nuestras tierras no están en venta”
Sobre un escenario construido con matas de plátano, líderes de distintas comunidades han advertido de que en las próximas semanas se empezará a presionar para que los propietarios vendan sus tierras. Antonio Alvarado, campesino de la Isla de Ometepe, situada dentro del lago Cocibolca, conocido como el Gran Lago de Nicaragua, se sumó a la marcha para gritar a Ortega “vendepatrias, que entregó el lago que nosotros cuidamos 'a los chinos”. “No al canal porque nos va a contaminar el agua. Amamos nuestras tierras porque de ahí vivimos nosotros. Nos están sacando ya, nos han llegado a amenazar. Pero no vamos a vender tierras, nunca jamás”, asegura.
Cuando dice “chinos”, se refiere a la empresa con sede en Hong Kong HKND Group, dirigida por el inversionista desconocido hasta entonces en Nicaragua Wang Jing, a la que el Gobierno sandinista ha concedido la licencia para desarrollar y administrar el Canal. Según el periódico La Prensa, en Ometepe ya se ha observado a trabajadores chinos midiendo propiedades y las calles del núcleo urbano que se ampliarán para que pase la maquinaria.
Un informe encargado por HKND asegura que la mayoría de la ciudadanía consultada en las regiones afectadas está de acuerdo con vender sus propiedades, siempre y cuando fuese a un precio justo. María, campesina del municipio rivense de Tola, discrepa: “Nos quieren expulsar para dar nuestras tierras a los chinos. No queremos salir, no vamos a vender”.
La juventud participó en la marcha, convencida de que el megaproyecto no es garantía del futuro próspero que augura Daniel Ortega. Chanel Guerra, estudiante de 13 años, lo tiene claro: “No quiero que perjudiquen mi futuro, voy a perder tierras de mi familia que me podrían servir para costearme mis estudios. Lo peor es que van a comprar las tierras a un precio catastral [en contraposición a su precio en el mercado], un precio que no vale nada”, asegura a eldiario.es.
La adolescente intervino cuando finalizó el acto. Llamó a la juventud nicaragüense a “no dejarse engañar” por quienes prometen desarrollo de la mano del Canal. “No queremos que se nos roben las tierras, ni tampoco debemos permitir que se nos roben nuestro Gran Lago, que es lo más apreciado que tenemos los nicaragüenses”, exclamó entre aplausos, gritos y petardos.
En la protesta, inundada por banderas nicaragüenses, se expresó el enfado por la pérdida de soberanía que implica la concesión de la licencia al empresario chino. Al grito de “¿Qué quieren los campesinos? ¡Que se vayan los chinos!”, los manifestantes llamaron a resistir contra lo que perciben como el inicio de una nueva colonización, en un país que ha tenido que liberarse del control de España, Inglaterra y Estados Unidos.
Objeto de deseo de potencias extranjeras
La posibilidad de conectar el océano Pacífico con el Atlántico convirtió a Nicaragua desde el siglo XIX en objeto de deseo de potencias como Inglaterra, Holanda y, sobre todo, Estados Unidos. A finales de ese siglo, el foco de atención se trasladó a Panamá, donde Francia había realizado un intento fallido de construir un canal.
Una vez iniciadas las obras en ese país, Estados Unidos apostó por él, al tiempo que se aseguraba el control sobre Nicaragua. En 1914, se firmó el Tratado Bryan-Chamorro, mediante el cual se cedían a Estados Unidos todos los derechos para la construcción de un futuro canal interoceánico a cambio de tres millones de dólares. La injerencia estadounidense se mantuvo durante la dictadura de los Somoza, a la que puso fin la revolución liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Se han documentado en total más de 72 proyectos de construcción del canal, frustrados por desacuerdos en los términos que imponían las potencias extranjeras, así como por las disputas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua. Daniel Ortega, quien presidió el periodo revolucionario entre 1979 y 1990, y que volvió a el poder en 2006, exploró en los últimos años la posibilidad de retomar el proyecto, buscando de nuevo inversores extranjeros, como el Gobierno ruso.
Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó 13 de junio de 2013 —con los votos de los diputados del FSLN—, que cuentan con mayoría absoluta- la ley por la que se concede la licencia para construir el canal a HKND Group. Las organizaciones civiles denuncian la ausencia de debate social, las prisas y la falta de transparencia que caracterizaron esa adjudicación.
Amenaza para el Gran Lago
Según han detallado el Gobierno y la empresa, el canal, cuya construcción exigirá un coste de 40.000 millones de dólares, tendrá una logitud de 278 kilómetros; 105 atravesarán el Lago Cocibolca, que constituye la mayor reserva de agua potable del país. Grupos ecologistas como el Centro Humoldt han alertado de que el dragado masivo que exigiría lograr la profundidad necesaria afectaría a la calidad del agua que se destina para consumo humano.
La exdirectora de la empresa pública de aguas ENACAL, Ruth Selma Herrera, ha calculado que al menos medio millón de nicaragüenses hacen uso del agua del Cocibolca de distintas formas. Con la construcción del Canal, el Cocibolca sólo se usaría para la navegación; sus aguas dejarían de ser aptas para el riego, la pesca en pequeña escala y el consumo diario.
Los manifestantes expresaron en sus intervenciones su indignación hacia el presidente Daniel Ortega, quien ha asegurado que el lago “ya está contaminado”, en un intento de relativizar el impacto del Canal sobre las aguas del Cocibolca. Habitantes de municipios de Rivas y Ometepe criticaron la irresponsabilidad de que un gobernante admita que su población está bebiendo agua contaminada, no para prometer una solución sino para justificar su explotación.
Un estudio del Centro Humboldt advierte de que las obras afectarán a zonas protegidas, como el sistema de humedales de San Miguelito, la Reserva Punta Gorda y la Reserva Biológica del Sureste. Preocupa especialmente que el Gran Canal pasará cerca de la espectacular Isla de Ometepe, declarada reserva de biosfera en 2010 por la UNESCO. El grupo ecologista afirma que el proyecto constituye una amenaza para 22 especies en peligro de extinción, incluido el lagarto, la tortuga tora y carey, el águila real, el oso hormiguero o el manatí.
En sus últimas intervenciones, Ortega no sólo ha minimizado el impacto medioambiental de la infraestructura, sino que ha argumentado que el Canal “permitirá salvar nuestros bosques y reservas naturales porque generará los recursos económicos necesarios para revertir el daño que han venido sufriendo a lo largo de los años”.
Pérdida de la soberanía
Guillermo Tenorio, estudiante de 18 años, preside el movimiento Activismo Ciudadano de Rivas, un colectivo a favor de los derechos humanos que convocó el pasado mes de octubre un ayuno para pedir la paralización del proyecto. “Estamos defendiendo Nicaragua. Nuestras propiedades, nuestro Lago, nuestra soberanía, nuestro Banco Nacional, que al señor Ortega se le ocurrió empeñar para poner de garantía”, explica. El Gobierno incluyó en el acuerdo de concesión la obligación del Banco Central de Nicaragua de responder con sus bienes y las reservas internacionales del país ante una eventual disputa que se presente con la empresa.
Según el acuerdo, Nicaragua recibirá 10 millones de dólares anuales durante 10 años y gradualmente tendrá un mayor control del proyecto, que llegará al 100% después de un siglo. Los pagos y el traspaso sólo pueden comenzar una vez que el canal comience a operar. El trato permite al empresario Wang detener su construcción.
El Gobierno insiste en que este proyecto convertirá a Nicaragua, considerado por el Banco Mundial como el segundo país más empobrecido de América Latina, en “una punta de lanza de inversiones de los sectores de materias primas, energético, turístico, construcción e infraestructura”. El Canal de Nicaragua sería tres veces más grande que el de Panamá, e incluiría la construcción de un aeropuerto, dos puertos, un área de zonas francas, un centro turístico, carreteras y fábricas de acero y cemento.
Uno de los argumentos de las voces contrarias a la infraestructura es que una región como Centroamérica no necesita dos canales interoceánicos, teniendo en cuenta el nivel de actividad del comercio mundial marítimo. El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano ha cuestionado la viabilidad del proyecto vecino, señalando que para construir un canal de tal envergadura habría que excavar en cinco años diez veces más que lo excavado en Panamá durante 120 años. Prevé que el costo final se disparará hasta 70.000 millones de dólares: “Este nivel de inversión, para compartir el mercado del Canal de Panamá, no dan los números. No hay forma de que dé un retorno”. El Canal panameño se encuentra en proceso de expansión con el que duplicaría su capacidad de transporte de carga para finales de 2015. También es china la compañía que se ha interesado en invertir en el desarrollo de las obras de ampliación, la Harbour Engineering Company (CHEC).
El pasado viernes 31 de octubre, diversas organizaciones sociales, así como juristas, activistas medioambientales y de los derechos humanos, y habitantes de los lugares afectados por la ruta canalera, entregaron al jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (del Partido Liberal Independiente), una propuesta de iniciativa para la derogación de la Ley del Canal. La iniciativa se basa en los numerosos recursos de inconstitucionalidad rechazados por una Corte Suprema de Justicia cuya independencia ponen en entredicho. Subrayan que la concesión a la compañía china HKND lesiona la soberanía nacional y atenta contra la integridad territorial de Nicaragua, además de causar “daños catastróficos e irreversibles” al ecosistema del país, y permitir expropiaciones irregulares.
Efectos sobre indígenas y afrodescendientes
Preocupa especialmente el retroceso en los derechos de dos comunidades históricamente discriminadas: las indígenas y afrodescendientes que habitan la Costa Atlántica. El trazado partiría en dos las tierras habitadas por minorías étnicas como las ramas, miskitas y creoles. La abogada ambientalista Mónica López Baltodano subrayó en un foro organizado por Casa Humboldt que la concesión canalera deja claro que “no pagará ni un peso” por expropiar a la población negra de la ciudad de Bluefields, que lleva años luchando sin éxito para ser reconocida como propietaria de las tierras que habita —que legalmente siguen siendo propiedad del Estado—.
Si bien el PLI y la escisíón del FSLN, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) están llamando a la ciudadanía a manifestarse contra el Canal, en la marcha de Rivas se reservó el protagonismo a las y los pobladores de los departamentos que atravesará el trazado a fin de no vincular la protesta a intereses partidistas.
Entre gritos de 'Patria libre o morir' y alusiones a que el héroe nacional Sandino no habría concedido el proyecto a una potencia extranjera, los discursos con los que culminó la marcha —en la que no hubo enfrentamientos ni tan siquiera presencia policial— hicieron referencia también a los temores de que las turbas de la Juventud Sandinista irrumpieran para boicotear la protesta, como lo han hecho en tantas otras movilizaciones contra las políticas del Gobierno: “Los que iban a participar en la contramarcha, están aquí con nosotros. Porque han entendido que, de la misma forma que Sandino dijo ”ni me vendo ni me rindo“, ahora nosotros también tenemos que decir que ”ni nos vendemos ni nos rendiremos“”.
La de Rivas fue la undécima marcha departamental contra el Canal, a la que le siguió otra ayer en San Miguelito, municipio de otra de las regiones más afectadas por el trazado, Río San Juan. La próxima cita es el 10 de diciembre, para una manifestación nacional en Managua. En ella se visualizará el nivel de compromiso ciudadano para detener un proyecto que, en palabras de Ernesto Cardenal -emblemático poeta nicaragüense y ministro de Cultura durante la Revolución sandinista- en un artículo titulado 'La monstruosidad del canal', “sería el crimen más grande de la historia” de Nicaragua.
