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DESALAMBRE

El Gobierno da una semana más a las comunidades autónomas para que muevan ficha en el reparto de menores migrantes

El Ejecutivo amplía una semana el plazo que dio a las autonomías para ofrecerse a acoger voluntariamente a niños y adolescentes extranjeros desde otros puntos de España, que vencía este jueves

Andalucía, Catalunya, Melilla y País Vasco son las que más menores migrantes solos han integrado en sus sistemas de protección y las principales defensoras de este reparto

"No hablamos de ganado, no podemos repartir y ya está: hay que hacer una evaluación individualizada de la situación del menor", recuerdan las ONG

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La creación de un sistema de reparto para distribuir, por los diferentes territorios, a los menores migrantes que han llegado sin la compañía de un adulto a España tendrá que esperar. El Gobierno ha dado una semana más a las comunidades autónomas para que presenten su propuesta para recibir, voluntariamente, desde otras autonomías a estos niños y adolescentes, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a eldiario.es. Las comunidades habían pedido una prórroga y el Ejecutivo ha decidido ampliar el plazo inicial de 15 días que vencía este jueves, de acuerdo con estas mismas fuentes. 

Desde el 5 de septiembre, las comunidades han tenido que pronunciarse sobre si participarán en el reparto, al que el Gobierno central pretende destinar 40 millones de euros, y presentar su propuesta con el número de plazas ofrecidas para recibir a los niños y adolescentes extranjeros desde los territorios que más llegadas han experimentado en lo que va de año. Ahora tendrán una semana más para hacerlo.

De momento, se desconoce qué autonomías han movido ficha para comprometerse en su acogida. La redistribución de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) ha sido en las últimas semanas una de las reclamaciones principales de comunidades como Andalucía, la región que más niños y adolescentes tiene integrados en su sistema de protección, un total de 4.798, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior a eldiario.es. 

La tutela de los menores migrantes no acompañados depende de las comunidades autónomas y generalmente son acogidos por los territorios adonde llegan. Así, a Andalucía le siguen, por este orden, Catalunya (1.109 niños y adolescentes), Melilla (1.046), País Vasco (943) y la Comunidad Valenciana (489). Son las mismas que se han mostrado partidarias de establecer un reparto más equitativo. "No puede ser que seis comunidades estemos acogiendo y otras estén al margen de este fenómeno, que son niños y niñas a los que hay que proteger", dijo el pasado agosto Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, durante la Conferencia Sectorial de Inmigración. 

En el otro extremo, al final de la fila, se encuentran La Rioja, con tan solo un menor extranjero solo en sus sistemas de protección; Extremadura, que acoge a 7 niños y adolescentes, y la Comunidad Foral de Navarra, con 28 menores atendidos. "Lo difícil es convencer a las comunidades que acogen a un número pequeño, que tienen una perspectiva diferente a las que son puntos de entrada o tránsito", recalca Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de la ONG Save The Children.

"Suelen alegar que no hay recursos, pero al haber ahora financiación desde el Gobierno central, no hay excusas para eximirse de esta responsabilidad. Ahora se verá qué comunidades están comprometidas realmente con la protección de la infancia", agrega. "Nosotros no hablamos de solidaridad, sino de corresponsabilidad, porque España ha contraído muchas obligaciones en materia de protección a los menores y debe ser responsabilidad del conjunto del país", matiza la responsabilidad de Save The Children.

El pasado 5 de septiembre, el Ejecutivo se comprometió con las comunidades a llevar en las próximas tres semanas al Consejo de Ministras la aprobación de un Real Decreto para la "mejora y la atención solidaria" a los menores no acompañados, que contemplará el reparto "excepcional" de 40 millones de euros y estará vigente durante seis meses. El Gobierno desembolsará parte de estos fondos a las comunidades y ciudades autónomas que más menores atienden y, por otro, a las que hayan decidido participar en esta redistribución. Una vez evaluadas sus propuestas y fijado el número de menores por comunidad, se repartirán estos 40 millones, según detalló la exministra de Sanidad, Carmen Montón. 

Menores extranjeros no acompañados (MENAS) en Melilla

Menores extranjeros no acompañados (MENAS) en Melilla Fuente: Pedro Armestre / Save the Children

El aumento de las llegadas de los menores que viajan solos y la falta de distribución por los distintos territorios han provocado la saturación de centros de menores andaluces o de las ciudades autónomas fronterizas con Marruecos, donde las ONG denuncian el hacinamiento al que son sometidos los MENAS. Para estas organizaciones, esto también ha respondido a una "falta de previsión" de las autoridades españolas, pues se vienen registrando aumentos en las llegadas de estos menores desde 2016.

"El incremento de los flujos migratorios no puede menoscabar la protección. Si va a haber un aumento, debe haber un aumento de los recursos para proporcionar una buena acogida. No pueden existir centros que acojan al doble de su capacidad. El argumento no puede ser la falta de reparto de niños, un centro saturado no puede recibir más menores, no pueden quedarse allí", recalca la experta de la ONG de infancia.

Para Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, los centros donde se les da la primera acogida para que no se queden en la calle "se convierten en un embudo" en el que "hay niños que entran pero no salen" en el periodo establecido, un máximo de tres meses. "Es necesario que se agilice que estos menores pasen a pisos, residencias infantiles o se promuevan los acogimientos familiares lo antes posible, esto puede disminuir el colapso muchísimo", explica.

Asimismo, apunta a la necesidad de que los traslados de los menores de una comunidad a otra se hagan de forma coordinada. "Hay centros desbordados que pagan billetes de autobús para que se vayan a otras ciudades sin llamar, sin avisar, y ese niño aparece en cualquier ciudad de España sin que nadie le espere".

A todo ello se le une, además, la "desigualdad" que existe en los niveles de protección que ofrecen unas comunidades y otras, que ha sido documentada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Después de dar a conocer el desembolso de 40 millones de euros, Montón anunció la reforma del protocolo que coordina la acogida de los MENAS con el fin de "hacerlo más homogéneo, agilizar los procedimientos y dotar de mayores garantías" su protección. 

Save The Children ha pedido en las últimas semanas que se adopten criterios "comunes de calidad" acabar con la existencia de "19 modelos distintos de protección de menores en España", lo que en la práctica se traduce en diferencias de trato a los menores en función del lugar donde sean recibidos. Tal y como documentaron en su último informe, Los más solos, esta "disparidad" crea situaciones de desigualdad, por ejemplo, en el acceso a la formación, oportunidades educativas, actividades de ocio o las prestaciones sociales, que "dependen del lugar en el que los niños y adolescentes estén acogidos". Desde Raíces también señalan las diferencias existentes entre comunidades a la hora de realizar las criticadas pruebas para averiguar quiénes son menores de edad, y, por ende, quienes ingresan o no en el sistema de protección. 

"Los niños se mueven donde creen que sus derechos van a ser respetados o sienten que hay ONG que les ayudan. Cuando hace años el País Vasco era una de las comunidades mas respetuosas, muchos querían ir allí. Los niños tienen muy claros cuál es su interés superior, que no es permanecer en la irregularidad o no poder formarse en lo que les motiva. Lo que ha ocurrido es que las distintas comunidades, para controlar las llegadas de MENAS, han diseñado una política de desprotección para que no quisieran permanecer y quisieran marcharse", critica Reyzábal. 

Como consecuencia de la dura situación de los centros y estas diferencias entre autonomías, según han denunciado las organizaciones, los menores migrantes se mueven por el territorio español en busca de mejores oportunidades lo que, explica Zuppiroli, les expone a "riesgos enormes" entre los que menciona "la explotación, los abusos y la trata". Es el caso de los menores que migran solos a Ceuta y Melilla, que tratan de arribar a la Península escondiéndose en los barcos que atraviesan el Estrecho cada día. 

En la actualidad, hay en España 10.162 niños y adolescentes que llegaron solos, según las cifras que maneja Interior. El Gobierno ha abierto la puerta a una mejora del registro de menores no acompañados, ya que estos son registrados cuando llegan a una comunidad autónoma pero, cuando se desplazan a otra región, son añadidos de nuevo en el listado como casos nuevos. Es decir, las cifras oficiales en principio serían superiores al número real de niños y niñas solos acogidos en España. Estos datos no incluyen a los niños que se marchan de los centros, a menudo como consecuencia de los "fallos" de protección, según el informe de Save The Children: en 2016 "abandonaron voluntariamente" los servicios de protección un total de 825 menores, de los que "se ignora su paradero actual".

"No son ganado: no podemos repartir y ya está"

Sin embargo, si las comunidades autónomas dan un paso al frente y se muestran finalmente partidarias de acoger a estos menores desde otros puntos de España hay varios factores que se deben tener en cuenta. El principal, insisten las ONG especializadas, es que estos traslados y todas las actuaciones que le sigan deben realizarse si responden al bienestar supremo de los niños y adolescentes.

"No hablamos de ganado. No podemos repartir y ya está: hay que hacer una evaluación individualizada de la situación del menor, de sus oportunidades formativas, de integración, de la existencia de lazos familiares o personales", explica la experta de Save The Children.

Para ello, reiteran, los menores deben estar involucrados en el proceso y debe garantizarse su derecho a ser escuchados. "Es primordial que no se produzcan traslados como el de Palencia, hay que tener en consideración el arraigo que tienen", sostiene Reyzábal en referencia a la reciente devolución de un grupo de 13 menores marroquíes desde un centro palentino a Melilla a pesar de que las adolescentes se opusieron al traslado, que está siendo investigado por el Defensor del Pueblo. "En estos procesos hay que escucharlos con todas las garantías, con asistencia letrada o un defensor judicial. Si a un niño quieren trasladarle y él no quiere, tiene que tener derecho a oponerse", recuerda la experta de Raíces.

"Esperamos que las comunidades muestren su solidaridad, pero nos da miedo que los niños se conviertan en un moneda de cambio. Para que las 13 niñas de Palencia entraran en el centro de Melilla, sacaron a otras 13 y las llevaron a Alicante. Cuidado con que se hagan movimiento de niños para poder recibir ayudas económicas, que los movamos como si fueran paquetes. Esperamos seriedad", sentencia.

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