La Defensora del Pueblo dice que el uso de pelotas de goma en la tragedia de Ceuta “no fue prudente”
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que “no fue prudente” que la Guardia Civil disparase pelotas de goma para repeler el intento de entrada a la playa española de El Tarajal de un grupo de migrantes el pasado 6 de febrero, cuando perdieron la vida 15 personas camino de la costa. Sin embargo sostiene que, según su análisis de la documentación entregada por las fuerzas de seguridad, esta actuación fue legal.
En rueda de prensa en el Congreso, donde ha hecho entrega del informe anual de la institución, Becerril ha explicado que esta ha sido su conclusión tras recibir anoche la documentación sobre la tragedia que había requerido a la Delegación del Gobierno en Ceuta y releer el informe relativo a la actuación de las fuerzas policiales.
Según ha afirmado, “la actuación de las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil se ha hecho utilizando procedimientos, métodos y elementos habituales autorizados”, sin embargo, “las circunstancias en las que se utilizaron estos medios, entre otros las bolas de goma o balas de goma, no ha sido prudente”. Sin embargo, tal y como publicó eldiario.es, los protocolos internos de las fuerzas de seguridad españolas no contemplan en ningún caso el uso de pelotas de goma en el agua. Además, según demostraron los vídeos oficiales difundidos por Interior, se disparó este material desde una distancia muy inferior al mínimo 50 metros determinados por esta normativa (también a los 25 metros, citados por el ministro, pero que se aplica únicamente en casos “muy excepcionales”.
“Del informe de desprende que se ha actuado de acuerdo a la legalidad y la reflexión que yo hago es que la prudencia hubiera aconsejado la no utilización de estos medios”, ha dicho la Defensora, quien se ha resistido a ofrecer una opinión más en profundidad porque el asunto está en manos de un juez en Ceuta.
Por ello, ha declinado pronunciarse sobre la existencia o no de responsabilidades en la decisión de utilizar esos materiales antidisturbios. “Nosotros vemos si se ha actuado conforme a la legalidad o no y yo subrayo la palabra prudencia. Lo ocurrido y sus consecuencias, que son muy dramáticas, serán analizadas y si hubiera responsabilidades, lo dirá un tribunal”, ha apostillado.
8 años esperando el protocolo de actuación
Con todo, ha recordado que la institución que representa lleva “solicitando desde 2006 un protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad” que delimite “qué se puede hacer, cómo y en qué circunstancias” ante el intento de entrada irregular de inmigrantes en España.
Asimismo, ha destacado que la Unión Europea “debe conocer la situación de las fronteras” españolas, y que su comisaria de Interior, Cecilia Malmström, debería “visitar en persona” los perímetros de Ceuta y Melilla. “España no puede abordar sola esta cuestión, necesita apoyo de la Unión Europea y no sólo económico”, ha apuntado.
Por otra parte, Becerril se ha mostrado partidaria de reformar la Ley de Extranjería para adaptarla a las “circunstancias actuales” de la inmigración, pero no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que se emprenda la reforma para legalizar la expulsión sobre la marcha de los inmigrantes interceptados tras entrar en Ceuta y Melilla de forma irregular. Según ha dicho, hoy por hoy esta práctica no se ajusta a la ley y su institución “pide siempre actuaciones acorde con la legalidad vigente”.
Las devoluciones inmediatas son ilegales
En este sentido, el informe registrado en el Congreso recoge que en 2013, la Defensora pidió al Ministerio del Interior que dictase instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil para recordar a sus agentes en la frontera de Melilla “cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España, se proceda al traslado de dicha persona a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería”.
Se trata de un tema “de preocupación” para el Defensor del Pueblo desde hace una década, tiempo en el que viene recordando a las administraciones competentes la necesidad de cumplir tanto la legislación de extranjería como la Convención de Ginebra sobre los Refugiados frente a esta práctica que impide “identificar y proteger a aquellas personas especialmente vulnerables”.
Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil contestó este año a los requerimientos de la Alta Institución que “considera que su actuación es correcta, atendiendo a los convenios suscritos con Marruecos” y el Cuerpo Nacional de Policía aseguró que sus funcionarios cumplen la Ley de Extranjería en las ciudades autónomas “de la misma manera que en cualquier otra zona del territorio nacional”. La argumentación de la Guardia civil para justificar las devoluciones en caliente no se ajusta a la realidad, ya que el acuerdo hispano-marroquí firmado en 1992 impide las entregas de inmigrantes sin que estos sean antes identificados. Es ahora, tras la tragedia y la atención mediática posterior, cuando el Gobierno ha pactado la elaboración de un acuerdo nuevo para amparar las expulsiones inmediatas, actualmente ilegales.
También sobre Melilla, la Defensora ha pedido a la Secretaría General de Inmigración y Emigración que se “revisen” los criterios para el traslado a la Península de extranjeros que se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), una instalación de régimen abierto que está “en constante sobreocupación”.
El informe da cuenta de las dos visitas giradas al CETI de Melilla a lo largo de 2013, año en el que la cifra de residentes se ha mantenido “con ligeras variaciones” en torno a las 970 personas pese a que cuenta con capacidad para 480. Ante esta situación, se pide la revisión de los criterios para la elección de quienes se benefician de programas de acogida en la Península, a fin de priorizar a quienes se encuentran en una situación de “especial vulnerabilidad”, es decir, las unidades familiares con menores de edad a su cargo y los solicitantes de asilo.
