Organizaciones sociales condenan la exclusión sanitaria de inmigrantes con papeles: “Con un cáncer, el tiempo no corre a tu favor”
Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez derogó la exclusión sanitaria de Mariano Rajoy, las organizaciones sociales que llevaban años batallando contra sus efectos lo celebraron como un “paso positivo”, pero no podían evitar mantener la cautela ante una reforma que consideraban incompleta. Ahora, muestran su indignación tras constatar que el Gobierno mantiene el criterio del PP a la hora de denegar la atención a los padres extranjeros de ciudadanos españoles con residencia en España por reagrupación familiar. Algunos de ellos, como ha revelado eldiario.es, padecen cáncer y se enfrentan a grandes dificultades para costear su tratamiento.
“Nos da pena y rabia”, resume al otro lado del teléfono Marta Pérez, de Yo Sí Sanidad Universal, una de las organizaciones que advirtieron el pasado agosto sobre el riesgo de que persistiera lo que a su juicio es “una de las exclusiones más sangrantes” impuestas por el Ejecutivo del PP.
“A pesar de que los jueces han dicho que no se puede, siguen haciéndolo ahora. Están incumpliendo claramente lo que dicen los tribunales”, asevera en referencia a las 40 sentencias de juzgados españoles contra la exigencia de contar con un seguro privado para obtener la residencia por reagrupación familiar, un criterio también cuestionado por el Defensor del Pueblo. El Gobierno, apelando a la Ley de Extranjería, exige a estos padres y madres, ya mayores, contratar este seguro médico privado para obtener la residencia por reagrupación familiar y, en base a este requisito, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) deniega de forma sistemática el acceso a la asistencia a este grupo.
“En este colectivo [de padres extranjeros reagrupados] los casos son bastante acuciantes, porque son personas que tienen una edad. En estos casos, hablamos de una enfermedad como el cáncer, donde es importantísimo hacer un seguimiento y una atención continuada. Hay una dejadez respecto al sostenimiento de la vida de estas personas, es evidente que hay que tratarlas”, sostiene. Se refiere a los casos de Juan, que no puede recibir tratamiento para su cáncer de próstata, o Guadalupe, enferma de cáncer de pecho y endometrio que se ha operado a través de un seguro privado que costea a duras penas, ambos publicados por este medio.
“Es un sinsentido no incluirlas en un sistema que está preparado y tiene los recursos para tratarlas. Lo que pedimos es que tengan sentido común. Hasta que ganan las sentencias se pasa mal y con un cáncer, el tiempo no corre a tu favor. Las opciones son o dejarlos a su suerte sin asistencia o cumplir la ley”, recalca la representante de Yo Sí Sanidad Universal.
En esta misma línea se expresa, Josefa Cantero, vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas). “Es especialmente gravoso, porque son colectivos vulnerables a los que afecta cualquier desatención sanitaria. Hablamos además de casos en los que incluso teniendo seguros privados, se cubría la atención pero no la medicación, cuando los medicamentos contra el cáncer son costosísimos. Clama al cielo, porque hablamos del derecho a la vida de estas personas”, apunta a eldiario.es.
“La pelota está en el tejado del Gobierno”
Cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto 7/2018 que pretendía corregir la reforma sanitaria, las organizaciones sociales que llevaban años documentando cientos de casos de personas desatendidas advirtieron de las “lagunas” que dejaba la nueva legislación. Una de ellas era condicionar la atención a que el familiar reagrupado no estuviera obligado a tener cobertura sanitaria “por otra vía”.
No solo centraron sus denuncias en este colectivo, también expresaron su temor por cómo quedaban en el articulado otras cuestiones como que el derecho a la asistencia pública se supeditara a que la persona demuestre, con el empadronamiento, que no se encuentra en situación de estancia temporal o que no se mencionara expresamente supuestos de “especial vulnerabilidad” como mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo.
“La reforma [del Gobierno de Sánchez] venía a sustituir un real decreto antiguo manifiestamente absurdo y represivo y se intentó arreglar de una manera que resultó en un texto ambiguo. No contemplaba una universalidad completa”, apunta José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo (MdM). En aquel momento, los colectivos reclamaron al Gobierno que aprobara con urgencia el reglamento de desarrollo y que subsanara en él estas preocupaciones. Sin embargo, este texto no ha sido elaborado. “El tener un texto ambiguo y no tener un reglamento como desarrollo ha hecho que los gobiernos autonómicos hagan diferentes interpretaciones, algunas comunidades autónomas han tenido regresiones”, sostiene Hoyo.
Durante estos meses, las organizaciones sociales han continuado reuniéndose con el Gobierno con casos documentados de exclusión sanitaria sobre la mesa para reclamar mejoras en la nueva legislación. Pérez esgrime que desde la red de médicos a la que pertenece están “sorprendidos con que no se haya solucionado” la situación de los padres reagrupados. “Hemos insistido mucho, la pelota está en su tejado [del Gobierno]”, comenta.
Paralelamente, la reforma comenzaba a tramitarse como proyecto de ley. En diciembre había finalizado el plazo para presentar enmiendas, en el que los grupos habían propuesto un total de 52 modificaciones a la norma. Solo dos de ellas hacían referencia a la situación de las personas reagrupadas con residencia legal, una de Unidos Podemos, y otra de EH Bildu. En el primer caso, se replicaba la redacción actual del real decreto cuestionada por las organizaciones aunque posteriormente se apunta que la ley de 1986 “no deja lugar a interpretaciones restrictivas”. En el segundo caso, el partido incluía que la administración “no deberá hacer una interpretación restrictiva con respecto a este derecho”.
El proyecto de ley, sin embargo, quedará paralizado tras la prevista disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. “Se ha ido retrasando el plazo en el que hubiésemos querido introducir algunas de las mejoras. Ahora, con la nueva situación, se queda en el aire. Cuesta trabajo entender que determinadas cosas se utilicen como caballo de batalla en cuestiones políticas. La cobertura sanitaria universal hace al mundo más sostenible”, lamenta MdM.
Cantero, por su parte, indica que “la voluntad del Gobierno, al menos lo que nos ha dicho, es que que vuelva la universalidad. Pero hay que poner en marcha el engranaje, supongo que poco a poco se irán cambiando las pautas” para las personas reagrupadas. “La solución pasa por interpretar correctamente las clarificaciones de la jurisprudencia”, agrega la experta, también vocal de la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria de 2012 (Reder).
Es la misma idea que destaca la representante de Yo Sí Sanidad Universal, quien reclama al Ministerio de Trabajo que, para enmendar la situación, dé instrucciones al INSS para “cumplir las sentencias judiciales”. “Además, el Gobierno puede hacer una nueva redacción del decreto para asegurar la asistencia sanitaria a este grupo. Basta con hacer la corrección y publicarla en el Boletín Oficial del Estado”, indica Pérez.
También la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha exigido al Gobierno “corregir con urgencia” la situación de los inmigrantes residentes en España a través de reagrupación familiar. “Un paciente de cáncer no puede esperar. Como ha pedido el Defensor del Pueblo, se debe corregir esta situación injusta, y dejar de pedir un seguro privado a este colectivo”, ha apuntado Esther Díez, portavoz de la principal asociación que apoya a los enfermos de cáncer en España. “Hay que tener una sensibilidad especial con una enfermedad que no tiene tiempo”, sostienen desde la AECC.
La exclusión sanitaria de este grupo ha llegado también a Bruselas. Este lunes, la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Ana Miranda ha registrado una pregunta en la que pide a la Comisión Europea que detalle por escrito si tenía constancia de esta situación y qué medidas va a poner en marcha para que ponerle fin y para que “las personas enfermas puedan ser tratadas adecuadamente de sus enfermedades conforme a la Directiva aplicable”.
