Cuando los fondos de ayuda al desarrollo se convierten en contratos para empresas españolas
España pagará a Irak una deuda de 11,9 millones de euros del programa Petróleo por Alimentos a cambio de invertir ese dinero íntegramente en empresas españolas para la reconstrucción del país. Un ejemplo más de otras iniciativas con un trasfondo de ayuda al desarrollo que acaban, en la práctica, como contratos y adjudicaciones para empresas españolas.
El Gobierno español ha incluido en varias ocasiones la condonación de deuda a otros países en el cómputo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Esas operaciones incluyen a menudo los llamados Programas de Conversión de Deuda en Inversiones (PCD), que obligan al Estado beneficiado a abrir un fondo para la financiación de inversiones que ejecutarán, normalmente, empresas españolas.
El objetivo de esas inversiones es “que favorezcan su desarrollo económico, social y la reducción de la pobreza” en el país en cuestión. Estos programas guardan ciertas similitudes con el proceso acordado recientemente entre España e Irak, con la diferencia de que en estos casos España no es el deudor, sino el acreedor.
En 2015 y 2016, España perdonó a Cuba una deuda de unos 1.900 millones de euros a cambio de que el Gobierno caribeño invirtiese 415 millones en empresas españolas para fomentar “el desarrollo económico y social” de la isla. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se apuntó otro tanto más: tras seis años consecutivos de recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que entre 2009 y 2015 se redujo un 73%, decidió sumar los 1.900 millones de las operaciones de deuda al cómputo oficial de ayuda al desarrollo. Entre ellos estaban los 415 millones del llamado Fondo de Contravalor.
Esta operación disparó las cifras que reflejan los fondos que España destina a cooperación hasta los 3.700 millones de euros (0,33% de la Renta Nacional Bruta). Si no se hubiese incluido esta partida, se habría quedado en un 0,16%. La maniobra fue criticada por las ONG, que acusaron al Gobierno de inflar las cifras de ayuda al desarrollo, es decir, de incluir partidas que no tienen como destino la lucha contra la desigualdad en países empobrecidos.
El llamado Fondo de Contravalor creado para el caso cubano, empleado para engordar las cifras de ayuda, permite el acceso a empresas mixtas hispano-cubanas, de capital 100% español o de capital 100% cubano siempre que adquieran bienes o servicios españoles. Entre los sectores beneficiados por los primeros 40 millones del fondo total de 415 millones está el turismo, envases y embalajes, el sector agroalimentario, la construcción y la automoción, como informó el pasado mayo la Moncloa tras una reunión de la ministra Reyes Maroto con empresarios hoteleros. “El programa constituye un incentivo importante para impulsar las inversiones españolas en Cuba”, subrayó entonces la titular de Turismo. En noviembre, durante el viaje de Pedro Sánchez a Cuba se firmaron dos proyectos, uno de producción de pinturas y otro de alcohol, con cargo a este fondo.
Si bien los Gobiernos pueden computar las operaciones por las que perdonan la deuda a otros países como cifras de ayuda al desarrollo –algo que la OCDE permite para su club de donantes–, y en el sector de la ONG se entiende que esto permite a los países empobrecidos utilizar los recursos para políticas de reducción de la desigualdad, su inclusión dentro de las estadísticas de AOD es polémica. Desde Oxfam critican que en la mayoría de los casos, la condonación a un país, “a pesar de ser algo positivo, no va a tener una incidencia real sobre la vida de su población”.
En el caso de Cuba, pese a que el dinero del fondo sirvió para aumentar drásticamente las cifras de AOD, desde la embajada española argumentaron a Europa Press en 2016 que “no son fondos de cooperación al desarrollo, aunque sin duda contribuyen indirectamente al desarrollo en el país al tratarse de infraestructuras”. Actualmente existen este tipo de programas de Conversión de Deuda en Inversiones con 18 países como Argelia, Costa de Marfil, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Honduras y Uganda, entre otros.
El Fonprode, un mecanismo polémico
Uno de los instrumentos fundamentales de la cooperación española que abre la puerta a financiar proyectos ejecutados por empresas es el denominado Fondo para la Promoción al Desarrollo (Fonprode), concebido en un principio para operaciones no reembolsables, es decir, sin la necesidad de que los países receptores devolviesen la aportación. Sustituyó al ya extinto Fondo de Ayuda al Desarrollo, criticado por conceder ayudas ligadas a la compra de bienes y servicios españoles.
“Invertir en este tipo de mecanismos es muy fácil para el Estado porque lo gestiona un fondo que está en otra parte”, indica Miquel Carrillo, vocal de coherencia de políticas de la Coordinadora de ONGD. “La tendencia de la cooperación internacional es apoyar cada vez mas la cooperación financiera”.
Tras la crisis económica, el instrumento financiero acabó prácticamente con las donaciones y, en la actualidad, concede sobre todo ayudas reembolsables. En la práctica son préstamos otorgados a través de instituciones financieras de terceros países, fondos de inversión u organismos que a su vez financian empresas que ejecutan proyectos, entre las que puede haber adjudicatarias españolas.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo sostiene que, desde el 2015, el Gobierno “ha aprobado una operación bajo la modalidad” de los fondos de inversión, el Fondo Huruma, “que promoverá el acceso a la financiación a pequeños agricultores de Latinoamérica, Caribe, África Subsahariana y Asia”.
El listado de compañías que reciben estos fondos no es público. Ante una petición de información de eldiario.es amparada en la ley de transparencia, el Gobierno de Rajoy se negó a facilitar la información aduciendo que los destinatarios finales de la financiación del Fonprode “no pueden ser divulgados por motivos de confidencialidad”.
Desde la AECID insisten en que “la financiación con cargo al Fonprode tiene siempre un carácter desligado, es decir, toda ayuda que se concede sin que el receptor esté obligado a adquirir productos o servicios del país que dona, y busca la maximización del impacto en desarrollo”.
El Fonprode acumula años de críticas de ONG y expertos, que consideran que los principios que inspiraron la creación del fondo –desvincular la ayuda al desarrollo de la política comercial– quedaron en entredicho tras la reforma de 2014, que dio un mayor peso a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), sociedad adscrita al Ministerio de Economía que busca la internacionalización de las empresas españolas. El organismo que gestiona la cooperación española defiende que su papel “se limita, como experto con carácter independiente, a prestar apoyo a la Oficina del Fonprode en la AECID en labores como la identificación de operaciones financiables o la elaboración de los análisis requeridos de diligencia debida”.
En 2016 en un informe del Tribunal de Cuentas constató que parte de ese dinero público se transfiere a los países empobrecidos a través de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales. Un año antes, en 2015, varias ONG demostraron que una de las empresas que recibían fondos de este mecanismo, Feronia Inc., dedicada al monocultivo de palma para aceite en República Democrática del Congo, acarreaba numerosas denuncias de explotación laboral. La AECID apunta que, tras las críticas aparecidas en los medios de comunicación y “con la participación de agencias de desarrollo de otros países”, Feronia “cuenta ya con un sistema de gestión socio ambiental y una política de recursos humanos acorde con los estándares de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial”.
El Fondo del agua
Además del Fonprode, la cooperación española cuenta con otro mecanismo de financiación de proyectos en países empobrecidos que pueden ser ejecutados por empresas españolas, el Fondo del Agua [FCAS]. Este instrumento concede sobre todo ayudas no reembolsables, donaciones, dirigidas a financiar proyectos y grandes infraestructuras para el acceso al agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe: plantas potabilizadoras, alcantarillado, instalaciones para el tratamiento de aguas residuales... Estas ayudas pueden ser solicitadas por las administraciones públicas de los países receptores, que ejecutan directamente los proyectos y sacan las licitaciones. La ley contempla que el mecanismo conceda préstamos, pero la AECID indica que el “100% de sus fondos han sido donaciones”.
A estos concursos pueden presentarse diferentes compañías, locales e internacionales, a las que se le adjudican los contratos. “Todos los instrumentos que acaban en licitaciones generan grandes fondos, los pasillos funcionan y las embajadas proveen”, señala Carrillo. “Muchas empresas españolas se llevan dinero a través de licitaciones. No está condicionado a estas compañías, pero en la práctica tienen la ventaja de que son competitivas, por ejemplo, a nivel tecnológico y se ven con buenos ojos”, añade.
“Los fondos del Fondo del Agua no son ligados a empresas españolas, en línea con la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda. Las corporaciones españolas pueden presentarse a los procesos de contratación que realizan las administraciones públicas beneficiarias de programas FCAS, de acuerdo a los criterios de transparencia y libre concurrencia”, reiteran desde la AECID.
Por ejemplo, la multinacional Aguas de Barcelona fue seleccionada en 2011 por el Gobierno de Haití para prestar asistencia técnica a la gestión del sistema de agua potable en Puerto Príncipe durante tres años. En un gráfico interactivo, El Confidencial recoge el estado de 65 programas en marcha del Fondo del Agua en América Latina. Entre ellos figuran adjudicatarias españolas como Typsa. También se beneficiaron de estos fondos de la cooperación cooperación española algunas empresas investigadas por la Audiencia Nacional en la trama Lezo por pagar comisiones a cambio de obra pública en países del continente americano, como Metroagua, filial del Canal de Isabel II en Colombia y cuya matriz es Inassa.
Inassa, según explican desde la AECID, ejecutó dos contratos con dinero del Fondo del Agua tras una licitación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Los contratos se ejecutaron y el servicio se puso en marcha. No ha habido ninguna resolución judicial que haya afectado a ninguno de los dos contratos”, sentencian desde el órgano de gestión de la cooperación española.
Desde el Gobierno de España se han desembolsado 791 millones de euros en donaciones en el marco del Fondo del Agua, según recoge la web de la AECID. La Coordinadora de ONGD cuestiona que, año tras año, se dote al fondo de dotación presupuestaria, al igual que al Fonprode, a pesar de su “baja capacidad de ejecución”, mientras otras partidas que “más contribuyen al desarrollo se mantengan prácticamente estancadas”.
--
ACTUALIZACIÓN: La versión original de este artículo no incluía las aportaciones de la AECID. Tras la publicación, la agencia envió a eldiario.es algunos comentarios que han sido añadidos.
