El G-6 busca reforzar la “ayuda” para que Níger o Libia frenen la llegada de migrantes a Europa
Los ministros del Interior de los seis países más poblados de la Unión Europea, agrupados en el G6, han apostado este lunes por reforzar los acuerdos de “cooperación” -que se traducen en financiación y formación de las autoridades de terceros países- con los gobiernos de Estados como Níger, Libia, Marruecos, Mauritania o Senegal con la finalidad de que estos frenen las llegadas de inmigrantes y refugiados a la Unión Europea.
Durante la cumbre del G-6 sobre “terrorismo y cooperación en materia migratoria”, muy criticada por ONG de derechos humanos por “criminalizar a la población migrante y racializada”, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la implementación de “medidas de prevención y cooperación con los países de origen y de tránsito para evitar los flujos de inmigrantes irregulares”.
El objetivo, según el Ejecutivo, es “reforzar las fronteras de esos territorios” para que no lleguen personas migrantes a suelo europeo, sino que sean las autoridades de estos países quienes los frenen.
Con este objetivo, Zoido ha propuesto medidas concretas como “ayudar a la creación de capacidades dedicadas al control de las fronteras en los países subsaharianos y del Sahel para prevenir los movimientos de inmigrantes irregulares”, lo que suele significar el refuerzo fronterizo, a través de financiación o dotación de personal o recursos.
Otras de las iniciativas mencionadas consisten en “proporcionar asistencia técnica sobre control de fronteras marítimas y terrestres” y “continuar facilitando el desarrollo económico y social en las rutas migratorias” para, dicen, “crear una alternativa sostenible para los inmigrantes en los países de origen y tránsito”. Por último, el Ejecutivo menciona la necesidad de apoyar el trabajo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
De esta forma, la política migratoria defendida por el G-6 continúa en la línea instensificada en la Unión Europea tras la llamada crisis de refugiados, cuando miles de personas arribaron a las islas griegas en busca de protección internacional.
El acuerdo de la UE-Turquía sirvió de ejemplo (con precedentes como los pactos entre España y Marruecos) para extender un proceso denominado por ONG, movimientos sociales y expertos en migración como “externalización de fronteras” por el que los Estados miembros financian a países de tránsito en las rutas migratorias para que, según Amnistía Internacional, “hagan el trabajo sucio” sin monitorear el respeto de los derechos humanos.
Además de fomentar los acuerdos con terceros países para frenar la migración hacia Europa, los titulares del G-6 han acordado reforzar “el control de las fronteras, el retorno de migrantes irregulares, la lucha contra las redes de tráfico de personas y los proyectos operativos sobre el terreno”.
Juan Ignacio Zoido ha indicado que “España es firme partidaria de la prevención” y, para ello, “hay que trabajar directamente sobre el terreno”. El ministro ha puesto como ejemplo las políticas migratorias de España e Italia, en relación a los acuerdos bilaterales entre estos y países como Marruecos, Senegal, Libia o Níger. A su juicio, este tipo de actuaciones “son fundamentales para mejorar la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo e impedir que los traficantes puedan seguir poniendo en peligro la vida de tantas personas”.
Sin embargo, las políticas migratorias derivadas de dichos acuerdos han sido puestas en entredicho en diferentes ocasiones por parte de organismos y organizaciones de derechos humanos, como las denuncias de devoluciones efectuadas en alta mar por los guardacostas libios en el Mediterráneo Central o las expulsiones inmediatas de migrantes a Marruecos en las vallas de Ceuta y Melilla, recientemente condenadas por el Tribunal de Estrasburgo.
