El Gobierno pide al Supremo no cumplir la condena por las cuotas de refugiados porque “no hay personas reubicables”
Cuestionada sobre el cumplimiento de la condena del Supremo que obligaba al Estado español a acoger la cuota de refugiados comprometida con la Unión Europea en 2015, la secretaria de Estado de Migraciones aseguró este jueves que el Gobierno estaba dispuesto a ejecutarla, pero había preguntado al Tribunal “cómo hacerlo”. “Estamos la espera de que nos diga de dónde podemos traer a esas personas que son objeto de reubicación”, respondió Consuelo Rumí. Sin embargo, las alegaciones presentadas por el Ejecutivo ante el Supremo, a las que ha accedido eldiario.es, chocan con estas declaraciones.
Transcurridos seis meses de la condena, Stop Mare Mortum demandó la ejecución de la sentencia, a lo que el Ejecutivo ha respondido con una serie de alegaciones registradas el 21 de diciembre en la Sala Tercera del Supremo. A lo largo del escrito, el Gobierno no solicita a los magistrados información alguna sobre la manera de cumplir la cuota de refugiados comprometida en 2015, sino que el Abogado de Estado pide que el Tribunal dicte “la imposibilidad jurídica y material de ejecución de la sentencia”.
Según expone el Ejecutivo, la reubicación de los 19.000 refugiados procedentes de Grecia e Italia comprometida entonces “no tiene cobertura normativa en la actualidad” y tampoco “hay personas que cumplan los requisitos exigidos en su momento”.
Según las alegaciones del abogado de Estado, el acuerdo de reubicación de refugiados de 2015 “ya no están en vigor y Grecia e Italia ya han manifestado que no cuentan con personas reubicables al amparo de las mismas”.
El argumento de la inexistencia de perfiles de refugiados “reubicables” en Grecia e Italia es el mismo que se empleó desde el Gobierno de Mariano Rajoy para justificar en 2017 el incumplimiento de sus compromisos. La ONG denunciante, Stop Mare Mortum, explica a eldiario.es que hay “cientos de personas atrapadas en las islas griegas” a la espera de ser trasladadas a otro lugar.
Por otro lado, en su escrito, el Gobierno se opone también a la devolución de los fondos entregados por la Unión Europea a los Estados miembros para cumplir los compromisos de acogida porque, defiende, “la imposibilidad jurídica y material de ejecución de la sentencia no quiere decir que el Gobierno no mantenga su voluntad de seguir actuando en su ámbito de competencias relativas a protección internacional y migración”.
En esta línea, el Abogado de Estado sostiene que el reglamento en el que se basa el acuerdo de reubicación de 2015 no obliga a devolver el presupuesto europeo “siempre que tales fondos se dediquen a proyectos relacionados con el mismo objeto”.
En julio de 2018, el Tribunal Supremo condenó a España por no cumplir con la reubicación de 19.000 solicitantes de asilo provenientes de Grecia e Italia, un compromiso alcanzado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los Estados miembros de la Unión Europea en 2015, durante la llamada crisis de refugiados. Según la sentencia, el Estado debía acoger a las personas acordadas con as autoridades comunitarias.
Según el Ministerio de Inmigración griego, en Grecia viven alrededor de 70.000 refugiados, de los cuales 11.900 lo hacen en las islas del Egeo y 3.500 son menores no acompañados, según las cifras incluidas en un reciente informe de Amnistía Internacional. La ONG ha denunciado en varias ocasiones las “precarias condiciones” en las que residen los solicitantes de asilo en el campo de Moria (Lesbos), que acoge a alrededor de 5.000 personas a pesar de que tener capacidad para un máximo de 3.100 migrantes.
