La Justicia ordena reabrir el caso de las muertes de Ceuta
Las muertes del Tarajal continuarán siendo investigadas. La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado la reapertura del caso que investiga la muerte de 14 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada a Ceuta disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo, según el auto al que ha accedido eldiario.es.
Se trata de la segunda vez que la Audiencia Provincial de Cádiz exige la apertura de la causa del Tarajal al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, encargado del caso. Entonces, el tribunal concluyó que la magistrada ceutí no había realizado todas las pesquisas necesarias antes de determinar su carpetazo. “Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde el anterior, nos encontramos en la misma situación”, han afirmado los jueces Rosa María de Castro, Luis de Diego y Fernando Tesón.
La Audiencia Provincial de Cádiz considera que, una vez más, el juzgado de Ceuta encargado de la instrucción “no ha agotado la investigación” y ha decretado el archivo del caso sin llevar a cabo las pruebas solicitadas, entre ellas, escuchar a los testigos y supervivientes de lo ocurrido el pasado 6 de febrero de 2014.
“Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento al que llega la instructora de que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania”, concluyen los magistrados.
El auto se refiere a las diligencias solicitadas por la acusación popular después de haber ordenado la primera reapertura de la causa en enero de 2017. Entre ellas, se encontraba la petición de contactar con varios testigos de lo ocurrido el 6 de febrero de 2014 en la frontera del Tarajal. Se trata de dos supervivientes de la tragedia que, según la asociación Observatori DESC, residen actualmente en Alemania.
La magistrada consultó de oficio a la Guardia Civil “si existían indicios del paso de estas personas por territorio español”, a lo que el Instituto Armado respondió que “no consta” en las fechas cercanas al 6 de febrero de 2014, algo lógico pues incluso los migrantes que llegaron a pisar el territorio ceutí fueron devueltos de forma sistemática.
Para la magistrada de Ceuta que concluyó el segundo sobreseimiento de la causa, el testimonio de los testigos de los hechos que residen en Alemania “ni siquiera tendrían fuerza suficiente, dado que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania, por lo que no podrían trasladarse a España para poder practicar la prueba con el carácter de preconstituida”. El estatus administrativo de los supervivientes impedía, según la jueza, llevar a cabo dicha diligencia.
Siete meses después, la Audiencia Provincial de Cádiz rechaza la justificación empleada por el juzgado de Ceuta para descartar la comparecencia del testigo localizado en Alemania, superviviente de los hechos. “La argumentación no puede admitirse respecto de una prueba propuesta y aceptada en tiempo hábil-, menos aun cuando se acordó que la misma se practicaría mediante el auxilio judicial internacional y por videoconferencia, modificándose el criterio sin explicación plausible alguna”, sostiene el nuevo auto.
La decisión de la magistrada, añade el tribunal de Cádiz, “atenta claramente contra el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales”.
El 6 de febrero de 2014, un grupo de cerca de 200 personas trató de entrar de forma irregular en Ceuta rodeando a nado uno de los espigones que separan Marruecos de la ciudad autónoma. Durante la tentativa, la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo al menos cerca de los migrantes que se acumulaban en las aguas fronterizas, según se desprende de las imágenes difundidas por el Ministerio del Interior.
16 guardias civiles fueron imputados en la investigación inicial. El juzgado investigaba la posible relación causa y efecto entre el uso de botes de humo y pelotas de goma hacia el agua y el posterior fallecimiento de los migrantes. La acusación particular había solicitado la imputación por homicidio, agresiones y devoluciones ilegales a Marruecos. El Juzgado de Ceuta archivó la causa contra los agentes el 15 de octubre de 2015, en el primero de los dos carpetazos que ha sufrido el caso.
En un primer momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy negó toda intervención por parte de los efectivos españoles, asegurando que el operativo policial había corrido a cargo de los agentes marroquíes. Después de una retahíla de versiones oficiales contradictorias, los testimonios de los supervivientes de la tragedia y las imágenes de los hechos empujaron a Interior a reconocer el uso de pelotas de goma y botes de humo hacia el agua en los momentos en los que estas personas trataban de entrar a Ceuta a nado.
