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El Defensor del Pueblo pide a la Fiscalía que el niño migrante por el que la ONU reprendió a España sea protegido

Un menor migrante llegado a Tenerife en patera el pasado mayo.

Gabriela Sánchez

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Cada día, A. A. debe salir a las ocho de la mañana del albergue para personas sin hogar en donde únicamente se le permite pasar la noche. Sus documentos, emitidos por Gambia y autentificados por la Embajada, sostienen que tiene 14 años, pero ni la Fiscalía ni la Comunidad de Madrid se fían de ellos. En vez de ir al colegio o divertirse con otros adolescentes, solo puede deambular por las calles de Madrid, ir a comedores sociales o pasar el rato en alguna de las ONG que lo ayudan. Es el chico por el que España recibió una llamada de atención del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que solicitó su acogida provisional en un centro de menores. Una semana después de su resolución, el chaval sigue sin protección de la Administración. 

A consecuencia de ello, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que realice las gestiones necesarias para proceder al ingreso del chaval en un centro de protección de menores “en tanto se encuentre pendiente el procedimiento iniciado ante el Comité de los Derechos del Niño”. En su respuesta a una queja interpuesta por la Fundación Raíces, organización que apoya jurídicamente al chaval, la institución asegura haber iniciado “actuaciones con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid”, con competencia en la acogida de los menores en desamparo.

Tras la resolución emitida por las Naciones Unidas el 14 de febrero para “prevenir un daño irreparable en el menor”, la Fundación Raíces volvió a solicitar el acogimiento del adolescente a la Fiscalía de Menores de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Comisión Interministerial para el cumplimiento de los Tratados Internacionales, además de a otras instituciones.

“Pero no han respondido a los escritos”, afirma Lourdes Reyzabal, presidenta de la ONG. Mientras, el chico sigue en la calle, pasando la noche en un albergue para adultos sin techo. La respuesta que sí ha llegado es la del Defensor del Pueblo, que solicita a la Fiscalía que realice “las gestiones necesarias” para proteger al menor, después de que el Ministerio Público declarase la mayoría de edad sin fiarse de la información recogida por sus documentos.

Ni la Fiscalía Provincial de Madrid ni la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad han cambiado su posición por ahora tras la petición de la ONU. El Ministerio Público mantiene el criterio que derivó en la expulsión del chaval del centro de menores autonómico donde se encontraba: aunque su acta de nacimiento y su pasaporte, verificados por la Embajada de Gambia en España, indican que el chico nació el 9 de diciembre de 2009; la fiscal no cree que tenga 14 años y le ha declarado como mayor de edad. 

Una de las razones que despiertan la desconfianza de la Fiscalía de Menores de Madrid se encuentra en el país de origen del muchacho: Gambia. Un informe policial al que ha tenido acceso elDiario.es desliza sus dudas sobre los datos contenidos en pasaportes gambianos. Aunque la Policía Nacional reconozca que el pasaporte de A. A. “no presenta ningún signo de falsedad, alteración o manipulación”, la información enviada a la Fiscalía evidencia una falta de confianza en los datos incluidos en los documentos oficiales gambianos debido al procedimiento utilizado en el país africano para expedir el documento, que permite hacerlo desde el extranjero por parte de un familiar sin exigir la presencia del propietario.

“Los familiares pueden solicitar toda la documentación necesaria (certificados de nacimiento, fotografías, documento de identidad…) y gestionar el pasaporte en nombre del interesado (...)”, explica la información proporcionada por la Policía a la Fiscalía. “En caso de no tener alguno de los documentos (por ejemplo el certificado de nacimiento), los familiares podrán solicitar un 'certificado' emitido por el Alkalo de la aldea o población, donde en teoría vivía el solicitante, posteriormente, junto a ese 'certificado' podrán ir a la policía para que lo validen con una diligencia”, indica el informe de la Policía. 

Ante este procedimiento oficial, la Policía admite su desconfianza hacia la información incluida en los documentos emitidos por Gambia: “Observando que se puede dar la situación de que un pasaporte o documento de identidad gambiano pueda ser emitido sin tener un certificado de nacimiento válido con el consiguiente problema que ello acarrea, de cara a la veracidad de los datos que contiene en el soporte documental genuino”. 

La desconfianza sistemática de la Policía hacia los pasaportes gambianos marcó que A. A., como otros chavales gambianos, acabase en la calle. La Fiscalía no dio por válida la información contenida en los documentos de A. A. y solicitó al chaval que se sometiera a las pruebas de determinación de la edad, cuestionadas por el Defensor del Pueblo y el Tribunal Supremo por su amplio margen de error y por su carácter invasivo. Ante la negativa del chico gambiano a realizarse dichos exámenes médicos –aconsejado por sus abogadas debido a la jurisprudencia del Supremo que prima la documentación del menor sobre dichas pruebas médicas–, la Fiscalía le declaró mayor de edad y, posteriormente, el chico fue expulsado de su centro de acogida. 

Para argumentar la declaración de mayoría de edad de A. A., la fiscal también ha considerado que la fisionomía del chico “distaba mucho del desarrollo y evolución de los 14 años alegados”, algo a lo que se opone la Fundación Raíces, que asegura que el chaval “tiene un evidente aspecto de menor de edad”. 

El Alto Comisionado para las Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo han advertido en distintas ocasiones de la falta de precisión de las pruebas de determinación de la edad, entre otras razones, por no tener en cuenta aspectos raciales, étnicos, nutricionales, medioambientales, psicológicos y culturales, que tienen una influencia directa en el desarrollo y crecimiento del niño. “Se ha debatido y se sigue debatiendo en foros científicos la posible interferencia de factores raciales o poblacionales. Tradicionalmente se ha planteado que los distintos grupos poblacionales o raciales principales, negroides, caucasoides y asiáticos o mongoloides, presentan ritmos madurativos distintos y por ello los resultados de edad biológica generales de un grupo poblacional no serían extrapolables a otros grupos”, sostiene un informe del Defensor del Pueblo centrado en las distintas fórmulas para identificar la edad. 

Además del caso de A. A., la Fundación Raíces ha percibido en Madrid un incremento de los menores migrantes que, ante los problemas esgrimidos por las autoridades para reconocer su minoría de edad, se encuentran en situación de calle o en espacios de acogida pensados para adultos. “En lo que va de año, hemos visto un aumento de los menores que nos piden ayuda porque no se les reconoce su minoría de edad, sobre todo de quienes provienen de Gambia y de aquellos niños trasladados desde Canarias”, afirma Lourdes Reyzabal, presidenta de la organización.

Hace unos días, Musa (nombre ficticio) también tuvo que salir del centro de menores donde estaba acogido en la capital. El chico, que asegura tener 17 años, llegó a Italia en patera, desde donde se desplazó a Madrid en autobús. La Fundación Raíces, cuando conoció su historio y verificó su documentación en la embajada, lo puso a disposición de los servicios de protección. La Fiscalía también desconfío de la edad señalada por los documentos oficiales gambianos. Dado que su pasaporte se le expidió en Gambia cuando él se encontraba en España y fue enviado por su familia a la embajada, el Ministerio Público no dio validez a “los documentos con los que se ha tramitado el pasaporte”.

A pesar de que la mayoría de los chavales que han pedido apoyo a la ONG este año son gambianos, Raíces también está atendiendo a menores de otras nacionalidades como Guinea o Senegal que se chocan con los mismos problemas. Solo desde enero de 2024, ha apoyado el caso de 15 chicos y chicas que, aunque aseguraron ser menores a su llegada a España, no se les identificó como tal. Los datos de la organización apuntan que, de ellos, once contaban con pasaporte original. Ocho habían sido trasladados desde Canarias, donde fueron tratados como adultos, lo que marcó su posterior acogida en la península.

La Fundación Raíces recuerda que Naciones Unidas ha dictado 14 dictámenes a favor de 14 menores de edad, en los que el Comité de Derechos del Niño considera que “el procedimiento de determinación de la edad en España no cuenta con las garantías necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Convención y en los que declara que España ha violado numerosos artículos al no tomar como cuestión primordial el interés superior del niño durante el procedimiento, ante la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del niño emitidos por un país soberano, al someterlos a pruebas médicas estando documentados o al declararlos mayores de edad tan sólo por su negativa de someterse a pruebas radiológicas y no habiendo sido asistidos por ningún tutor ni representante, tal y como el niño había designado para defender sus intereses”.

“En la actualidad son miles los niños que están en Canarias a la espera de una correcta identificación para ser protegidos y cientos los que se encuentran en Madrid en centros de adultos como el de Alcalá de Henares o Carabanchel, muchos de ellos con documentación que acredita su minoría de edad, pero sin ser protegidos. Esperamos que la Fiscalía no nos obligue a acudir a los Tribunales y a las Naciones Unidas en defensa de todos ellos”, advierte Lourdes Reyzabal, presidenta de la organización.

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