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THE GUARDIAN

¿Por qué algunos migrantes del pesquero naufragado en el Jónico temían ir a Grecia?

Fardi (izquierda) de Siria, abraza a su hermano rescatado, Mohamed (derecha), en el puerto de Kalamata, Grecia, el 16 de junio de 2023.
18 de junio de 2023 22:14 h

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La muerte de hasta 500 personas en el naufragio de un pesquero en la fosa de Calipso del mar Jónico, en las costas del sur de Grecia, ha vuelto a evidenciar la ruta migratoria más mortífera del mundo y el fracaso de Europa a la hora de afrontar uno de sus mayores retos.

Desde que en 2014 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pusiera en marcha su proyecto sobre migrantes desaparecidos, se calcula que 27.000 personas que han intentado llegar a Europa han muerto o desaparecido mientras cruzaban el Mediterráneo. De estas muertes, más de 21.000 se han producido en la llamada ruta del Mediterráneo central, desde Libia o Túnez hacia Grecia o Italia, una travesía que puede durar varios días y que a menudo se realiza en embarcaciones no aptas para navegar y con un exceso peligroso de pasajeros.

La mayoría de los migrantes que llegan a Grecia lo hacen desde Turquía, bien en embarcaciones que llegan a las islas griegas orientales, bien cruzando el río Evros por la frontera terrestre, y su número ha disminuido drásticamente desde que Atenas reforzó las patrullas marítimas y construyó una valla fronteriza.

Como la travesía hacia Europa occidental o septentrional desde Grecia también implica una travesía a menudo complicada a través de los Balcanes, muchos migrantes tratan ahora de esquivar el país heleno. La gran mayoría se dirige ahora a Italia, que ha registrado 55.160 llegadas “irregulares” a Europa en lo que va de año —más del doble que en 2022—, en su mayoría procedentes de Costa de Marfil, Egipto, Guinea, Pakistán y Bangladesh.

Mientras tanto, la ruta del Mediterráneo central es cada vez más mortífera. Según un informe de la OIM publicado en abril, al menos 441 personas murieron ahogadas en la travesía entre enero y marzo de este año, el trimestre más mortífero desde 2017. Se sabe que otras 600 personas que intentaron la travesía en abril y mayo han muerto o están desaparecidas, lo que eleva el total este año a al menos 1.039 antes de las muertes del pasado miércoles. Se cree que la cifra real, dado que muchos hundimientos nunca se registran, es mucho mayor.

La OIM ha culpado, aunque sin dar nombres, a algunos gobiernos mediterráneos, en los que las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR por sus siglas en inglés) dirigidas por el Estado se han retrasado y se han obstaculizado embarcaciones de ONG. Italia ha impuesto severas restricciones e incluso ha incautado embarcaciones humanitarias, mientras que Grecia se enfrenta a numerosas acusaciones sobre las devoluciones de personas a Turquía, impidiéndoles solicitar asilo, algo que Atenas desmiente de manera sistemática.

La Unión Europa, dividida

En general, el número de personas que intentan llegar a Europa sigue siendo muy inferior al máximo alcanzado en 2015 y 2016. Esto se debe al acuerdo entre turco-europeo de 2016, así como al pacto alcanzado un año después con Libia, basado en la subcontratación de los rescates a los guardacostas libios. La cifra, sin embargo, sigue en ascenso. A lo que se suma el sentimiento de hostilidad hacia las personas migrantes y refugiadas y el incremento de la presión política en todo el continente, con una profunda división entre los Estados miembros. Los Estados del sur, en “primera línea” de llegada de embarcaciones, llevan mucho tiempo haciéndose cargo de las llegadas; los del norte, más ricos y “de destino”, suelen mostrarse reacios a compartir la acogida; y los del centro y el este, de línea dura (como Hungría y Polonia), se han negado a aceptar a ningún refugiado. Tras años de disputas, los líderes de la UE anunciaron la semana pasada un avance en las negociaciones para un nuevo pacto de migración y asilo, que incluye multas de 20.000 euros por cada refugiado rechazado para los países miembros que se nieguen a acogerlos.

El bloque acordó que fueran los Estados miembros, y no la UE en su conjunto, los que determinaran qué países se consideraban “seguros” para los migrantes rechazados por no reunir los requisitos para obtener asilo, lo que daría a cada uno de los Estados miembros mayor flexibilidad.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha dicho que el bloque estaba sopesando proporcionar más de 1.000 millones de euros de ayuda a Túnez para rescatar las finanzas del Estado y atajar su crisis migratoria.

Sin embargo, numerosas voces críticas sostienen que se ha avanzado poco en la creación de rutas seguras y legales para que los solicitantes de asilo lleguen a Europa, y que últimamente se ha hecho demasiado hincapié en restringir las solicitudes de asilo y criminalizar las operaciones de búsqueda y rescate.

“Cada vida perdida es una tragedia”, declaró el jueves María Clara Martín, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Grecia. “Estas muertes podrían haberse evitado creando más vías de entrada seguras para las personas obligadas a huir de conflictos y de la persecución”.

Por su parte, Gianluca Rocco, jefe de misión de la OIM en Grecia, afirmó que “urge una acción concreta y coordinada de los Estados para salvar vidas en el mar y reducir los viajes peligrosos mediante el aumento de rutas migratorias seguras y regulares”.

Las causas subyacentes que empujan a tantos a venir a Europa ―guerras, catástrofes naturales, crisis climática, pobreza, desigualdades e inseguridad alimentaria― no van a desaparecer en mucho tiempo.

Traducción de Emma Reverter.

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