La humillación de tener que demostrar la virginidad por ser mujer: “Metieron dos dedos y me dolió mucho”

Nabila estaba junto a otras 19 candidatas a policía en una sala de un hospital de la ciudad de Macasar, Indonesia. Tenían tres minutos para desnudarse y quedarse en ropa interior. Les dijeron que pasaran a una habitación que no tenía puerta, según la mujer. “Entrar en la habitación nos asustó mucho porque tuvimos que desvestirnos. Fue muy desagradable. Temía que después de que me hicieran la prueba ya no fuera virgen. Metieron dos dedos. Me dolió mucho. Mi amiga incluso se desmayó porque dolía mucho, dolía mucho”, reiteraba Nabila, de 24 años, en un testimonio recogido por Human Rights Watch.

Harshita, de Rajastán, al noroeste de India, denunció en 2016 que había sido violada de forma repetida por un familiar, que también era su vecino. El médico la sometió a la misma prueba y concluyó que su vagina “admitía dos dedos fácilmente” y que la mujer mantenía “habitualmente relaciones sexuales”, a pesar de que el Ministerio de Salud había dado la orden de eliminar este tipo de exámenes, según documentó la ONG.

Carecen de base científica que las avalen y son degradantes, pero las mujeres y las niñas han sido sometidas a test para, supuestamente, demostrar su virginidad, también conocida como la prueba de “los dos dedos”, en al menos 20 países de todas las regiones del mundo, según ha alertado recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y ONU Mujeres.

Estos exámenes ginecológicos consisten en una inspección de los genitales para determinar, supuestamente, si una mujer o una niña han mantenido relaciones sexuales. En ellos se examina el himen para comprobar si se ha desgarrado o su abertura, para lo que se llegan a insertar dedos dentro de la vagina. Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) es contundente: “Estas pruebas no son científicas, son innecesarias desde el punto de vista médico y poco fiables”.

Además, añade, “la búsqueda de medidas objetivas para determinar la virginidad de la mujer atentan contra su capacidad para tomar decisiones y presumen una falta de credibilidad. A pesar de ello, estas pruebas siguen practicándose en las clínicas y todavía se incluye en algunos libros de formación médica”.

Se trata de un viejo problema en varios países. Se ha documentado su uso en Afganistán, Brasil, Egipto, India, Indonesia, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Libia, Malawi, Marruecos, Palestina, Sudáfrica, Sri Lanka, Swazilandia, Turquía, Zimbabwe y Reino Unido. En este último país se utilizaron para “verificar el estado civil” de las mujeres indias y pakistaníes que llegaban a Gran Bretaña en los años 70, según reveló The Guardian. También se han registrado casos en algunas comunidades en varios países europeos. Se considera que el alcance de esta práctica no está del todo documentado, por lo que podría ser mayor.

Las pruebas de virginidad están reconocidas como una violación de los derechos humanos, en especial de la prohibición del “trato cruel, inhumano o degradante”, así como una forma de violencia contra las mujeres que se sustenta en otra forma de discriminación más profunda: la virginidad.

La norma social que obliga a las mujeres a ser vírgenes está basada, recuerda la ONU, en estereotipos que restringen la sexualidad femenina a cuando están casadas y lo vinculan con el honor y la “pureza”. En la práctica, dicen, se convierte en una forma de controlar su sexualidad y sus cuerpos. “La virginidad no es un término médico o científico, sino un concepto social, cultural y religioso que refleja la discriminación de género”, recalcan las agencias.

Los encargados de dictaminar si estas mujeres cumplen o no con los prejuicios machistas son los médicos, policías y líderes comunitarios. Las pruebas son a veces reclamadas por los padres o las futuras parejas para “averiguar” si ellas son “aptas” o no para casarse. También, como en el caso de Nabila, hay lugares en los que se exige como un requisito para contratarlas.

En ocasiones, son utilizadas con las mujeres presas y detenidas, que, explican, corren “un mayor riesgo de sufrir abusos y malos tratos”, incluidos los exámenes forzados de virginidad. “Las pruebas a las reclusas son comunes e intimidantes”, sostienen las agencias de Naciones Unidas.

“Cuando se realizan a mujeres detenidas por protestar u otras formas de activismo político, los exámenes forzados de virginidad perpetúan un clima de miedo e intimidación que les impide ejercer sus derechos civiles”, recalca. Según documentó Amnistía Internacional en 2011, un grupo de manifestantes detenidas en la plaza de Tahrir, epicentro de las protestas en El Cairo, contaron que fueron sometidas a estas pruebas por el Ejército bajo la amenaza de acusar de prostitución a las que “no fueran vírgenes”.

En algunas zonas, como le ocurrió a Harshita, estos exámenes se utilizan para determinar, supuestamente, si una superviviente de violencia sexual ha sido o no violada y las convierte en doblemente víctimas. “La virginidad de la mujer examinada no influye en si ocurrió o no la violación, ni tampoco predice cuán traumáticos o graves serán los efectos de la violación en una persona”, insiste la ONU.

Los resultados de estas pruebas acaban repercutiendo en los procedimientos judiciales, lo que provoca que “las víctimas pierdan las causas judiciales y los autores de los delitos sean absueltos”. Asimismo, estas prácticas pueden “causar daños adicionales al reproducir la agresión sexual, haciendo que la víctima reviva la experiencia y vuelva a sufrir un trauma”.

Las secuelas en la salud de las mujeres

Además de dolorosas a nivel físico, las pruebas resultan “humillantes y traumáticas” para las mujeres y tienen consecuencias en su salud. La OMS menciona entre el rastro de secuelas que provoca estos exámenes algunas como la ansiedad, el pánico, la depresión, la pérdida del autoestima o dificultades que provocan que disfruten de la vida sexual.

“En casos extremos, las mujeres o las niñas pueden intentar suicidarse o ser asesinadas en nombre del 'honor”, sostiene la ONU. También tienen impacto en su vida social: las mujeres y las niñas pueden sufrir estigma, o se les acaba negando oportunidades educativas y el empleo. “En algunas situaciones, 'fallar' una prueba de virginidad es percibida como una deshonra y vergüenza para la familia y la comunidad de la persona”, explica.

Naciones Unidas ha reclamado a los Estados que prohíban estas prácticas. Algunos gobiernos locales y nacionales han dado pasos en este sentido y han promulgado leyes que castigan a quienes las realizan, como Afganistán. Sin embargo, recalca la OMS, “a pesar de algunos avances limitados, la prueba de virginidad sigue siendo realizada por profesionales de la salud en todo el mundo”. Por esta razón, pide a las autoridades que hagan cumplir las leyes y a concienciar a los profesionales sanitarios.

Además, llama a desterrar estas prácticas desde dentro de las comunidades, que, a su juicio, son quienes deben “liderar” el fin de estos exámenes. Apuntan, sobre todo, a los defensores locales y los grupos que defienden los derechos de las mujeres.