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Libertad para los nueve acusados en Grecia por el naufragio de Pylos, en el que murieron unas 650 personas

Los acusados del naufragio de Pylos, este martes en Kalamata, tras ser puestos en libertad.

Queralt Castillo Cerezuela

Atenas —

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Los nueve acusados del naufragio del pesquero Adriana, que en la noche del 13 al 14 de junio de 2023 se cobró la vida de unas 650 personas en las aguas del Jónico, en Grecia, han sido puestos en libertad este martes tras 11 meses de cárcel. Se les acusaba de tráfico de personas, de pertenencia a organización criminal y de haber provocado el naufragio, el peor en aguas del Jónico y uno de los más mortíferos en el Mediterráneo. Los acusados se enfrentaban a diferentes condenas de cadena perpetua.

El tribunal de primera instancia de Kalamata, en el Peloponeso, donde se ha llevado a cabo el juicio, ha considerado que no tenía jurisdicción para juzgar el caso puesto que el pesquero, que se dirigía a Italia, en el momento del naufragio se encontraba en aguas internacionales, aunque en una zona de rescate de la que se encarga el país heleno. El veredicto se ha producido después de escuchar a los dos únicos testigos llamados para el juicio, dos oficiales de la Guardia Costera griega —entre ellos el capitán del barco que llevó a cabo el rescate—, y el testimonio de los nueve supervivientes acusados. El tribunal, acogiendo la petición de la defensa, ha retirado todos los cargos.

“Se trata de un resultado muy positivo, porque finalmente, se ha hecho justicia. Sinceramente, no lo esperábamos”, asegura la activista Nefeli Belavila-Trova, miembro de la plataforma Pylos 9 Campaign. Desde la plataforma se considera que esta sentencia supone un paso muy importante en el ámbito de la justicia griega y en la descriminalización de la migración. Actualmente, en el país heleno hay más de 2.000 personas encarceladas con cargos similares y esto podría marcar un antes y un después. “Puede que a partir de ahora se empiecen a investigar mejor los casos”, dice la activista, “pero la lucha no termina aquí, y nosotros continuaremos exigiendo al gobierno griego la investigación de los hechos”.

Desde primera hora de la mañana, diferentes plataformas en defensa de “los nueve de Pylos”, tal y como se les conoce, se han manifestado a las afueras del juzgado, donde había una fuerte presencia policial. La sala estaba abarrotada de observadores y medios internacionales, gracias a la presión ejercida durante estos meses por los activistas por los derechos humanos que se han manifestado en defensa de los acusados.

Muchas irregularidades y muchas preguntas sin respuesta

Desde que se produjo el arresto de los nueve supervivientes, las organizaciones de derechos humanos y las plataformas de abogados y abogadas que se han ocupado del caso vienen denunciado las irregularidades del mismo y la falta de pruebas contra los acusados. Las prisas en la investigación con el objetivo de esconder el papel que jugó la Guardia Costera Griega en el naufragio, los problemas de traducción e interpretación, la falta de testimonios fiables o las coacciones han sido algunos de ellos. De hecho, en una investigación realizada por la BBC, seis de los supervivientes admitieron que la Guardia Costera Griega les había presionado para que señalasen a los nueve acusados como organizadores del viaje.

Todas las organizaciones coincidían en que se trataba de un juicio político con el objetivo de cubrir las responsabilidades de los guardacostas griegos y dar carpetazo al caso. Es por este motivo que, a pesar de la victoria, se continúa pidiendo una investigación exhaustiva sobre qué sucedió durante aquella fatídica madrugada. Según los supervivientes y las investigaciones de diferentes organizaciones, la Guardia Costera griega habría realizado una maniobra que habría causado supuestamente el hundimiento del barco, sin que después proporcionaran socorro a los náufragos de manera inmediata, como estipula la ley.

“Esto fue un crimen de Estado y nosotros no vamos a dejar de luchar para exigir responsabilidades”, asegura Nefeli Belavila-Trova. También organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) piden que este veredicto no sirva para esconder las responsabilidades de las autoridades griegas. “Estamos muy contentos con el veredicto del tribunal y creemos que es un gran paso para seguir ahondando en la verdad y la justicia para los supervivientes y sus familiares, pero ahora tendremos que ver cómo continúan las investigaciones de este caso. Esperamos que se lleve a cabo una investigación imparcial e independiente y que se tengan en cuenta todas las evidencias, incluidos los testimonios de los supervivientes”, comenta Adriana Tidona, investigadora en materia de migraciones de Amnistía Internacional, que ha estado siguiendo el caso desde junio del año pasado. “Nosotros continuaremos investigando”, dice, “porque en Grecia parece que solo son responsables de lo que ocurre en el mar las personas que migran. Esperemos que esto sirva para que las autoridades asuman las responsabilidades”.

Alexis Haristis, diputado griego por Nueva Izquierda, el partido surgido de la escisión de Syriza hace unos meses, también ha incidido en esta idea en un mensaje en la red social X (antes Twitter): “La decisión de hoy del tribunal de retirar los cargos penales y absolver a los nueve acusados supone un avance positivo importante y lo acogemos con satisfacción. Las víctimas no pueden convertirse en chivos expiatorios. Por un crimen como el del naufragio de Pylos, las responsabilidades no pueden trasladarse a quienes vivieron toda esta tragedia. Pero a partir de ahora también debe cesar el encubrimiento. Se debe hacer justicia. Este crimen debe encontrar a los culpables”. En septiembre de 2023, 40 de los 104 supervivientes del naufragio presentaron una denuncia penal ante el Tribunal Naval del Pireo pidiendo que haya una investigación independiente sobre la actuación de la Guardia Costera Griega durante la madrugada del 13 al 14 de junio de 2023.

Ahora, “los 9 de Pylos” serán trasladados desde la cárcel hasta un centro de recepción e identificación, en el que aguardarán hasta que se resuelva su estatus en Grecia. “Irán de una cárcel a un campo de refugiados, que al final también es como una cárcel, y allí con cada uno se iniciará el proceso de asilo”, dice Nefeli Belavila-Trova. Los y las abogadas de los encausados también pedirán una compensación al gobierno griego por los 11 meses que han estado en la cárcel.

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