Paulo Abrão: “El doble rasero de la derecha y la izquierda es un fracaso para los derechos humanos en América Latina”

Paulo Abrão es experto brasileño en derechos humanos, doctor en Derecho y fue, hasta el año pasado, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de que este organismo está en la órbita de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha conseguido mantener la autonomía suficiente como para seguir siendo el principal ámbito de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en América Latina.

De Luis Almagro, secretario general de la OEA, prefiere no hablar, sobre todo después haber sido empujado a dejar su cargo. Sin embargo, deja entrever sus críticas cuando dice que “no es posible que la secretaría ejecutiva de la CIDH siga dependiendo de los órganos políticos de la OEA porque esa es la puerta de entrada a los intentos de interferencia política”.

En pleno estallido social en Bolivia, en noviembre de 2019, Abrão estuvo en La Paz y escuchó a los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata que tuvieron lugar a mediados de ese mes, después de la renuncia por la fuerza de Evo Morales. La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se animó a llamarlas por primera vez “masacres” y pidió un minuto de silencio para las víctimas.

¿Cómo define el cambio de posición de Luis Almagro?

Para mí es positivo. A pesar de que llega tarde es bueno que se llamen a las cosas por su nombre: a las masacres, “masacres”, como definió esta comisión a finales de 2019.

¿Cómo analiza el rol del secretario general en el caso de Bolivia?

La CIDH presentó un informe técnico donde denunció graves violaciones a los derechos humanos, indicios de ejecuciones extrajudiciales y masacres compatibles con crímenes de lesa humanidad en un contexto de discriminación étnico racial y de discursos de odio. Lo cierto es que no hubo un trato equitativo de este informe, ni ha tenido la misma recepción y espacios de visibilidad dentro de los órganos políticos de la OEA como sí lo tuvieron otros informes sobre Nicaragua o Venezuela.

¿Cómo define lo que pasó en Bolivia?

Fue una masiva y generalizada violación a los derechos humanos, que generó una narrativa de protección que llegó al punto de negar la propia existencia de las masacres y a cuestionar la idoneidad de la CIDH. Existieron versiones que minimizaban la gravedad de lo ocurrido en Sacaba y Senkata, descalificando la naturaleza de las denuncias y afectaba la dignidad de las víctimas. Hay que tener mucho cuidado para no perderse en ese tipo de reversión del dolor de los familiares.

En Bolivia existió una narrativa de protección que llegó al punto de negar la propia existencia de las masacres

¿Cuál es la mejor manera de esclarecer el caso?

En este momento, me parece que la mejor respuesta sería apoyar de manera contundente la identificación de los autores materiales e intelectuales de estas masacres y de otros sucesos que han pasado en el país. Investigar a los responsables de toda la cadena de mando.

¿Existe una erosión democrática en América Latina?

Pienso que sí. América Latina vive una convulsión generalizada, vive los efectos de las consecuencias negativas de la era Trump. Toda la influencia de un nacionalismo populista, de derecha y de izquierda, se ha expandido dividiendo a toda la región. Hemos vuelto a convivir con estándares de la antigua doctrina de la seguridad nacional como la naturalización de la represión a la protesta social por parte de la policía o la militarización de la política por parte de algunos gobiernos. No son tiempos favorables para los derechos humanos.

¿Se puede cambiar esta tendencia?

Frente a este escenario, hay que distinguir qué es coyuntural y qué estructural. Puede ser que estemos frente a una situación coyuntural, como resultado de la asunción en el poder de gobiernos que se identifican con la agenda nacionalista-populista, que desprestigian los derechos humanos y que incluso llegan a ser electos con un discurso antiderechos. O puede que estemos ante elementos estructurales, un modelo socioeconómico que la pandemia solo está agudizando. De todos modos, creo que, en momentos como estos, el movimiento de derechos humanos adquiere fuerza.

¿Cómo analiza lo que pasó en Cuba?

Lo que vemos es como un gobierno normaliza la respuesta represiva a las manifestaciones. Independientemente de la concepción política que cada uno pueda tener, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) tiene estándares muy claros con relación al derecho a la protesta. En ese sentido, la protesta social es un elemento central para la consolidación de sociedades democráticas.

La protesta social es un elemento central para la consolidación de sociedades democráticas

Pero Cuba no forma parte de la OEA del cual depende ese conjunto de normas...

Cuba tiene compromisos con algunos tratados que ha ratificado. Pero de todos modos estos principios no pertenecen solo al SIDH también al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) que depende de la ONU y que establece, de manera muy clara, que debe haber un respeto fundamental al derecho a manifestarse, a la asociación y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso. Cuba evidentemente ha violado estos estándares regionales y universales de protección a los derechos humanos.

¿Y cómo define lo que está pasando en Nicaragua?

En Nicaragua tenemos una situación particularmente crítica, hay un camino de profundización y agudización del autoritarismo. Está muy claro que el Gobierno no tiene ninguna intención de realizar elecciones libres ni de respetar los derechos políticos de sus ciudadanos. Y además sigue, mediante una política de terrorismo de Estado, criminalizando a todos los opositores políticos por medio de legislaciones represivas para considerarlos “enemigos internos”. Nicaragua es hoy, sin dudas, una de las situaciones más alarmantes en materia de violación a los derechos humanos en la región. Y solo una amplia y fuerte presencia internacional podrá cambiar la situación.

¿Hay democracia en Venezuela?

Para mí, Venezuela, Nicaragua y Cuba no son regímenes democráticos. Por eso, en estos países la visibilidad de los derechos humanos es menor, porque la libertad de defenderlos y criticar las violaciones es menor.

¿Por qué cree que a algunos sectores de la izquierda y el progresismo les cuesta tanto condenar la violación a los derechos humanos en países como estos?

La izquierda latinoamericana debe avanzar en incorporar los principios de los derechos humanos de manera indistinta a las posiciones políticas. La oportunidad política no pueden ser utilizada para medir el grado de violación a los derechos humanos. Tenemos que establecer estándares comunes que puedan ser aplicados indistintamente del color político de gobierno que estemos hablando, es un mensaje tanto para las izquierdas como para las derechas.

La izquierda latinoamericana debe avanzar en incorporar los principios de los derechos humanos de manera indistinta a las posiciones políticas

En los países con gobiernos conservadores como Colombia o Chile, ¿se visibilizan menos los casos de violaciones a los derechos humanos?

El nivel de violencia como el que viven Colombia o Chile con los carabineros es equivalentes a las peores prácticas de los regímenes autoritarios de la región. No digo que sean regímenes autoritarios pero las prácticas que reproducen son similares. Cuando hay violación a los derechos humanos en países gobernados por sectores de derecha hay un connivencia de invisibilizar las situaciones represivas. Cada vez que se permite el doble rasero, sea de la derecha o de la izquierda, es un fracaso para la agenda de los derechos humanos en América Latina.

¿Por qué la CIDH tiene legitimidad en la región a pesar de estar en la órbita de un órgano con tan desprestigiado como es la OEA?

Por la simple razón que se ha buscado, a lo largo del tiempo, la autonomía de la comisión frente a los órganos políticos. Eso no significa que la CIDH no tenga desafíos.

¿De cuánta autonomía de la CIDH podemos hablar cuando usted fue empujado a abandonar su cargo?

Ese es un tema pendiente, debemos avanzar en la plena autonomía e independencia de la comisión interamericana. No es posible que la secretaria ejecutiva de la CIDH siga dependiendo de los órganos políticos de la OEA porque esa es la puerta de entrada a los intentos de interferencia política y presión a los funcionarios que están en la secretaria ejecutiva de la Comisión. A la luz de esta experiencia, hay que conseguir la autonomía administrativa a la comisión.