Podemos pide al Gobierno que ordene a sus embajadas admitir solicitudes de asilo en países de origen

Con el objetivo “de no quedarse en palabras bonitas” ni en “generalidades” a la hora de responder a la crisis humanitaria de refugiados, Podemos ha presentado un programa de medidas concretas en política exterior, migratoria y en materia de asilo que se compromete a cumplir en el caso de llegar al Gobierno.

Entre ellas destaca una de las más repetidas por los organismos especializados pero pocas veces llevada a la práctica: la apertura de vías legales de entrada a Europa para potenciales refugiados. La formación de Pablo Iglesias urge al Ejecutivo a ordenar a sus embajadas admitir de forma “urgente” solicitudes de asilo en los países de tránsito y origen de personas que huyen de la guerra o de las violaciones de derechos humanos.

En primer lugar, Podemos propone un conjunto de medidas encaminadas a “garantizar el derecho de asilo” en España, la Unión Europea y los países de tránsito de los potenciales refugiados. En este sentido, enumeran una serie de propuestas específicas para abrir vías legales de entrada, evitar las muertes en el Mediterráneo y “acabar con las llamadas 'mafias' que trafican con personas”.

La formación propone abrir la posibilidad de solicitar protección internacional en las embajadas y consulados españoles, contemplada en la actual Ley de asilo pero no se aplicada en la actualidad de forma regulada debido a la falta de desarrollo reglamentario. Podemos exige que se tramite la normativa para permitir esta vía de solicitud de asilo y, en todo caso, solicita al Ministerio de Exteriores “emitir de forma urgente una instrucción a todas las embajadas de los países limítrofes a los países en conflicto” para que comiencen a aceptar peticiones.

En la misma línea solicita a España la emisión de visados humanitarios desde países de tránsito para facilitar el acceso de potenciales refugiados al país donde pretende solicitar asilo. También piden la “agilización” de las reunificaciones familiares, es decir facilitar la agrupación de las familias de refugiados, que muchas veces acaban separadas durante su travesía migratoria.

Podemos recuerda la necesidad de garantizar a todas estas personas “el derecho a la salud”, ya que tras la aplicación de la reforma sanitaria de 2012, se excluye de la sanidad pública a los ascendientes reagrupados que no coticen en España, una situación repetida en el caso de las personas jubiladas.

A las medidas dirigidas a la apertura de mecanismos legales de entrada a España, Podemos suma la retirada de los “elementos lesivos” de las vallas de Ceuta y Melilla y el cese de las devoluciones en caliente en ambas fronteras. Estas últimas prácticas impiden de facto el acceso al asilo de las personas que logran pisar territorio español tras saltar alguna de las alambradas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Para los refugiados que llegan a las ciudades autónomas, exigen eliminar la restricción a la libertad de movimiento a la Península, como ocurre en la actualidad, ya que, bajo el argumento de la no pertenencia de Ceuta y Melilla al espacio Schenguen, el Gobierno bloquea a los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla hasta la resolución de su solicitud o a la emisión de un visado humanitario para alcanzar territorio europeo, medida que se acelera o se retrasa en función de criterios desconocidos hasta el momento.

De cara a evitar a corto plazo las muertes en el Mediterráneo, el partido de Pablo Iglesias insta a la UE a formar una “Agencia Europea de Salvamento” con “dotación material y económica suficiente” para que “abarque toda la Frontera Sur”. En el caso de “no ser posible”, matizan, exigen la creación de un mandato específico de salvamento marítimo para la agencia europea de fronteras (FRONTEX), que solo cuenta con la misión concreta de vigilar las fronteras exteriores del Espacio Schenguen.

Sobre la calidad de la acogida de refugiados en Europa, la formación llama a la aplicación de una política europea común de asilo “respetuosa con la legislación internacional” para evitar que existan diferentes condiciones de protección y los criterios de su concesión en función del país donde se solicite. Asimismo, su informe recuerda que este sistema homogeneizado existe desde 1999, así como el retraso en su ejecución por parte de los estados miembros: Bruselas ha abierto expedientes de infracción a 18 estados miembros por esta razón.

Mientras “se trabaja en una adopción de un sistema común de asilo”, dice su informe, pide al Gobierno central la suspensión temporal del Protocolo de Dublín II, que obliga a demandar protección internacional en el primer país de entrada a la Unión Europea.

De cara a la crisis en la gestión de la llegada de cientos de miles de refugiados a Europa, Podemos propone poner en marcha “programas de reasentamiento o reubicación” con “condiciones de acogida dignas” y que tenga en cuenta “las necesidades y deseos de estas personas”.

“Para que dejen de morir personas en nuestras fronteras es necesario dejar de blindarlas. Si siguen cerradas a cal y canto, seguirán muriendo”, ha afirmado Ione Belarra, responsable de Migraciones de Podemos.

Además, destacan la necesidad de reformar la institución encargada de examinar las solicitudes de asilo -la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio- para que, dicen, no se rijan por “criterios de seguridad”, sino “de derechos humanos. Por eso apuesta por que pase a depender de la Defensoría del Pueblo en vez del Ministerio del Interior. Solicitan también aumentar los recursos de la Oficina de Asilo, la admisión de solicitudes de asilo de víctimas de trata -en la actualidad solo dos personas han obtenido la protección por esta razón-.

“Cuando hemos estado en el terreno, cuando hemos criticado, siempre nos han dicho: 'sí, ¿pero qué hacemos? Esto. Esta es nuestra propuesta concreta”, ha aseverado el eurodiputado de Podemos, Miguel Urban, presente en la presentación del documento. “Esto es lo que un Gobierno responsable debería hacer para dar soluciones a esta crisis humanitaria”, ha afirmado la europarlamentaria Tania González Peñas.