Tras la suspensión de la ley valenciana de sanidad: “No sé qué pasará con el trasplante de mi padre”

“No sabemos si ahora ya no vale la tarjeta, si nos van a quitar de la lista de espera para la operación de mi padre...”. A Miriam Katzer, natural de Paraguay y con nacionalidad española, se le acumulan las dudas. Su padre tiene una de las tarjetas de atención sanitaria que el gobierno valenciano habilitó para inmigrantes en situación irregular. “Pero eso fue con la nueva ley”, la ley que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente al admitir a trámite un recurso del Gobierno central. Aunque la Generalitat ha afirmado que nadie quedará sin atención, Miriam no sabe cómo les afectará esta nueva situación administrativa.

La mujer, de 31 años, lleva en España diez. “Trabajando, cotizando”. Tiene la nacionalidad española y su hermana reside en Valencia con la tarjeta comunitaria. Su padre, de 58 años, estaba en Paraguay y “estaba muy mal, no podían atenderle allí y es que se iba a morir. Le quería traer aquí y me decían que tampoco iba a tener sanidad porque no iba a tener papeles. Lo trajimos, si moría que al menos estuviera conmigo y con mi hermana”, cuenta Miriam a eldiario.es al otro lado del teléfono.

Desde 2012, los inmigrantes sin permiso de residencia no tienen acceso a la tarjeta sanitaria debido a la reforma sanitaria que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. La atención en el sistema público quedaba restringida a las urgencias, los menores de edad y las embarazadas.

El padre de Miriam ha pasado por las diferentes opciones administrativas que siguieron a la reforma sanitaria de 2012. Primero, las urgencias: tuvo que ser operado e ingresado en varias ocasiones. “Había perdido los dos riñones y estaba muy grave”, dice Miriam. Fruto de las atenciones en el hospital, a la mujer le llegaron facturas “de un total de unos 15.000 euros, que tenemos pendiente con Hacienda”.

Cuando estaba desesperada, encontró la página de la organización Yo Sí, Sanidad Universal “y ahí conocimos a Abril, a la que estamos muy agradecidas, nos ha ayudado mucho”. Inició el segundo camino para acceder a la sanidad pública en la Comunidad Valenciana: el programa valenciano de protección a la salud. “Tuvimos que esperar que cumpliera el mínimo de empadronamiento y después hicimos todo el papeleo”. Cuando iban a superar todos los trámites, cambió el gobierno en las elecciones autonómicas, ahora en manos del PSOE y Compromís. “Y entonces consiguió la tarjeta”.

El documento al que se refiera Miriam no es la tarjeta sanitaria habitual, que emite la Seguridad Social. Es una creada por la Generalitat Valenciana, tras aprobar el decreto “de acceso universal a la atención sanitaria” que ha suspendido esta semana el Constitucional. “Ahora no sabemos si esta tarjeta valdrá”, duda Miriam. También teme que no se mantengan los derechos que ha adquirido con ella, como entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón.

Santiago (nombre ficticio) vive en la calle desde hace 20 años y en su caso sólo ha conseguido el acceso normalizado a la sanidad pública gracias a estas nuevas tarjetas del ejecutivo valenciano. Como no está empadronado ni tiene documentación no podía acceder al programa valenciano de protección de la salud. Ahora, la Generalitat había creado ciertos supuestos excepcionales en los que, mediante informes de los trabajadores sociales del centro sanitario, se puede conseguir la tarjeta.

Él es una prueba de ello. “Me llegó hace dos días”, cuenta Santiago a este medio. En su caso, era usuario de la sanidad pública antes de la reforma sanitaria y a partir de 2012 tuvo que ser atendido con el asesoramiento de Médicos del Mundo. ¿Cómo se sentiría si ahora le retirarán esta tarjeta? “Si me quitan la tarjeta... No sé cómo explicarlo.. No me sentiría persona”, concluye.

“El recurso generará caos”

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dado instrucciones a los centros de salud para que se atienda “a todas las personas” y que “no pase ni un día” sin que los inmigrantes en situación irregular sean atendidos. En sus declaraciones, ni él ni la consejera de Sanidad, Carmen Montón, se han manifestado sobre las 5.400 tarjetas que han emitido a los inmigrantes excluidos del sistema público.

Fuentes del Ministerio de Sanidad explican a eldiario.es que han recurrido la norma por su invadía las competencias del Estado de “la definición de los asegurados y de las prestaciones básicas”. “Es el procedimiento habitual en estos casos. No se trata de que no puedan dar atención a los extranjeros en situación irregular. Al contrario, deben hacerlo pero dentro de sus competencias en materia de servicios sociales”, explican.

Así, el Gobierno indica que su recurso es una cuestión de forma y no debería afectar a la atención de los inmigrantes. La realidad es más compleja, indican desde Yo Sí, Sanidad Universal, donde alertan de la confusión y la burocratización que generó la reforma sanitaria. El resultado: la desatención de las personas vulnerables.

“A pesar de la buena voluntad del decreto hay mucha gente que sigue sin tarjeta sanitaria por llevaba poco tiempo y había calado mucho la aplicación del real decreto. Mucha gente que había dejado de acudir al centro de salud, porque les habían hecho firmar un compromiso de pago y ese tipo de cosas”, cuenta Abril, miembro de Yo Sí. Este nuevo cambio “va a ser un caos” –teme– “la gente estaba intentando adaptarse a la nueva situación y otra vez vuelta a cambiar la forma de funcionar”.

En Médicos del Mundo también critican el recurso del Ejecutivo. “El Gobierno recurre el decreto valenciano con una intención claramente electoralista. A estas altura el propio Ejecutivo ha reconocido que quitar la asistencia sanitaria universal no ha sido una buena idea, que ha sido un error, y está haciendo intentos para hablar con las comunidades autónomas”, critica Ana María Pérez, presidenta de la ONG en la Comunidad Valenciana.

En las organizaciones agradecen la actitud del gobierno valenciano, de insistir en la continuidad de la asistencia sanitaria y esperan que el Constitucional se pronuncie pronto. Tiene como máximo cinco meses para ratificar la suspensión de la norma o para levantar su nulidad: las plataformas confían en que mantenga el criterio que canceló la suspensión de las leyes sanitarias navarra y vasca, también recurridas por el Gobierno.

Santiago confía en mantener la tarjeta que le ha costado tres años conseguir. “La sanidad debería ser gratuita para todos”, zanja.