Un tribunal de EEUU bloquea temporalmente la entrada en vigor de ley antiinmigrante de Texas

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha rechazado la solicitud de Texas de permitir que su nueva y polémica ley migratoria, que permite a este estado arrestar y deportar migrantes en la frontera, y se presta para la discriminación racial, entre en vigor mientras el mismo tribunal la examina. La decisión permite que se mantenga vigente una anterior tomada por un tribunal inferior, que bloquea la entrada en vigor de la nueva ley mientras el caso sea litigado.

El fallo de la Corte de Apelaciones “es una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y evitará que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional”, ha señalado uno de los grupos civiles demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

El pasado 20 de marzo un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones celebró una audiencia sobre este caso que tiene enfrentados al Gobierno federal de EEUU con el de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.

El Departamento de Justicia estadounidense ha argumentado que la ley SB-4 es una violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera, mientras que Abbott critica que el presidente Joe Biden mantenga “abierta” la frontera.

“Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal” detalló en el fallo, publicado la noche del martes, la jueza Priscilla Richman.

La decisión se produce después de días de agitación legal, durante los cuales la Corte Suprema de EEUU permitió que la ley entrara en vigor durante unas horas antes de que el tribunal de apelación dictaminara bloquearla temporalmente. Si se aplicara la ley, las policías estatales, de condado y locales estarían autorizados para detener, encarcelar y procesar a los migrantes sospechosos de entrar de forma ilegal en el país.

La medida convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular, lo que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel. Si el infractor es reincidente, la falta se convierte en un crimen grave, punible con hasta 20 años de prisión. La ley también permitiría a los jueces estatales (no los migratorios) ordenar a los migrantes que regresen a México.

Los críticos de la ley han advertido durante mucho tiempo de que la aplicación de esta ley conduciría a la discriminación racial, separaría a las familias y dañaría a las comunidades afroamericanas y latinas en todo Texas.