Los paraísos fiscales son una de las principales amenazas que existen a nivel global para tratar de corregir la desigualdad. Estos territorios detraen cantidades ingentes de recursos fiscales a todos los países del mundo, minando la capacidad de los Estados para financiar políticas sociales y de atención a los más vulnerables. Por ello, aquellas empresas que utilizan paraísos fiscales para minimizar su factura fiscal están atentando contra las posibilidades de conformar sociedades más justas y sanas.
En base a esto, cabe preguntarse si es razonable que empresas que realizan estas prácticas se beneficien de contratos públicos. Las administraciones públicas tienen que contratar con empresas del sector privado diferentes prestaciones de servicios y aprovisionamiento de bienes. Se trata de una actividad económica impulsada por el Estado en sus diferentes manifestaciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, administración central…) que mueve en torno al 20% del PIB en España. Dado que estas administraciones se financian fundamentalmente a través de impuestos, parece bastante lógico que pongan trabas a contratar con empresas que no cumplen con sus obligaciones tributarias, aprovechándose de las prácticas de elusión fiscal que pueden llevar a cabo a través de paraísos fiscales.
Por ello, hoy, 25 de octubre de 2016, desde Oxfam Intermón lanzamos la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales que promueve que los ayuntamientos, en primer lugar, penalicen en sus reglamentos de contratación a empresas con presencia en paraísos fiscales con fines de elusión fiscal.
Hasta el momento, 25 ayuntamientos de todo el Estado se han comprometido con esta causa. Entre ellos destacan Barcelona, Sevilla, Málaga y Zaragoza pero hay bastantes más, e incluso Comunidades Autónomas, como Cataluña, Aragón, Navarra y Castilla La Mancha. Se pueden consultar los territorios, ya sean Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, que se han declarado Libres de Paraísos Fiscales, así como toda la información de la iniciativa en la web.
Con esta iniciativa las administraciones no sólo velan por la ejemplaridad en los comportamientos fiscales de las empresas con las que contrata, sino que también porque la contratación se lleve a cabo en condiciones de justa competencia. Y es que las empresas que pagan menos impuestos por utilizar paraísos fiscales pueden ofrecer un precio más bajo en los concursos de contratación pública, beneficiándose de una ventaja competitiva injusta, ya que no se basa en un mejor desempeño de su actividad económica, sino en una minimización artificial de su factura fiscal.
Y es que aquellas empresas fiscalmente responsables, que reconocen su contribución fiscal como una medida de aportación a las sociedades en las que operan, merecen unos incentivos que las distingan de aquellas que desvían beneficios a paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Los ayuntamientos por su parte, así como otras administraciones públicas, tienen la posibilidad de fomentar marcos de responsabilidad fiscal en las empresas a través de sus políticas de contratación. Ésta es la esencia de la iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales, y el éxito de la misma puede redundar en una contribución fiscal más justa que asegure contar con los recursos fiscales esenciales para poder acometer políticas sociales para corregir las desigualdades y aliviar la situación de miles de personas vulnerables.
Puedes apoyar la campaña en Twitter:
#ZonasLibresdeParaisosFiscales
Sobre este blog
¿Ricos más ricos y pobres más pobres? Nuestra sociedad está llena de brechas que incrementan las diferencias entre unos y otros. (Des)igualdad es un canal de información sobre la desigualdad. Un espacio colectivo de reflexión, análisis y testimonio directo sobre sus causas, soluciones y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Escriben Teresa Cavero y Jaime Atienza, entre otros.
