Este informe es fruto del trabajo de un nutrido grupo de organizaciones que compartimos el objetivo de posicionar en la agenda pública y política las obligaciones pendientes por parte del Estado en esta materia, y que han sido señaladas por diversos organismos internacionales y mecanismos de derechos humanos.
Recordamos que con un gasto sanitario/habitante inferior a la media de la Unión Europea, el Sistema Sanitario Público en España había sido hasta ahora un sistema valorado como eficiente en el ámbito mundial. Sin embargo tras la llamada “reforma sanitaria” se recortó el modelo sanitario produciéndose diferencias de servicios entre las Comunidades Autónomas, dando como resultado una importante inequidad territorial y deficiencia en los servicios sanitarios.
La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva debería evitar que se produjera esta situación, pero al no tener un presupuesto específico asignado su aplicación es escasa, especialmente en lo referido a la salud y la educación sexual.
Algunas conclusiones que llaman la atención son la instrumentación excesiva del parto con altas tasas de cesáreas y episiotomías, especialmente en centros privados; las limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos; la descapitalización del presupuesto económico en materias relacionadas con la prevención del VIH; o la escasa respuesta institucional y ausencia completa de políticas públicas en el marco del acceso y obtención de asistencia, protección, justicia y reparación en violencia sexual.
La mayoría de las interrupciones voluntarias de embarazos se realizan en centros privados, pudiendo recaer su coste en gran medida en las propias mujeres. Por otro lado, es destacable la desigualdad territorial en el marco de la atención a víctimas y supervivientes de violencia de género.
El Estado español adopta un enfoque de control migratorio más que de protección internacional para las víctimas de trata. Un ejemplo de ello son las ordenanzas municipales relativas a la prostitución que como trasfondo persiguen su invisibilización.
En cuanto a la mutilación genital femenina, existe un Protocolo estatal que está dirigido a una actuación sanitaria más que tener una mirada integral que aborde aspectos socio-económicos.
La edad mínima legal para casarse ha sido elevada a los 16 años, pero únicamente dos Comunidades Autónomas (Catalunya y Navarra) han comenzado a legislar al respecto.
Esta realidad se ve agravada en el caso de las mujeres que han nacido fuera de España y las mujeres transexuales, pues son dos grupos de especial vulnerabilidad.
Como conclusión, podemos decir que, a pesar de que existe una estrategia nacional y legislación específica sobre salud sexual y reproductiva, los servicios públicos cuentan con importantes deficiencias y su acceso y cobertura es diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida y de la situación administrativa individual. Esta situación está repercutiendo negativamente en los derechos y en la salud especialmente de las mujeres y las niñas. Y conviene recordar este hecho ahora que está reciente el 10 diciembre, Día de los Derechos Humanos, pues los derechos de las mujeres son derechos humanos.
Sobre este blog
¿Ricos más ricos y pobres más pobres? Nuestra sociedad está llena de brechas que incrementan las diferencias entre unos y otros. (Des)igualdad es un canal de información sobre la desigualdad. Un espacio colectivo de reflexión, análisis y testimonio directo sobre sus causas, soluciones y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Escriben Teresa Cavero y Jaime Atienza, entre otros.
