La AIReF ve las cuentas realistas y el déficit factible, pero avisa de la deuda

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve realistas las previsiones incluidas en los Presupuestos de 2018, que considera compatibles con el objetivo de déficit, pero cree que las metas individuales son inadecuadas y alerta del alto nivel de deuda pública.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha comparecido hoy en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha asegurado que el objetivo de déficit público del 2,2 % del PIB para este año es “ajustado pero factible”, si bien se ha quejado de que el reparto de ese objetivo entre las diferentes administraciones no es coherente.

De esta forma, los establecidos para la Seguridad Social y la Administración central serán casi imposibles de cumplir, mientras que las autonomías podrán hacerlo con algo de margen y las corporaciones locales lo sobrepasarán con holgura.

Escrivá ha señalado que es posible bajar el déficit conjunto al 2,2 % sin tener en cuenta el impacto de las autopistas de peaje quebradas y contando con el cumplimiento de la regla de gasto por parte de las autonomías, condiciones sin las cuales el déficit se desviará tres décimas, hasta el 2,5 % del PIB.

Para la Administración central ha calculado que el déficit será del 1,1 % (1,3 % contando con la quiebra de las autopistas), frente al 0,7 % aprobado por el Gobierno.

A juicio de la AIReF, las previsiones de ingresos por tributos parecen factibles -salvo para los impuestos especiales- pese al impacto negativo de las rebajas incluidas en los Presupuestos en el IVA (50 millones) y el IRPF (900 millones en 2018 y 1.300 millones en 2019).

De los gastos del Estado ha destacado que se van a mantener estables, aunque ha señalado que el ahorro en intereses de la deuda y en transferencias para el desempleo no compensará la subida de sueldo a los empleados públicos y de pensiones para las clases pasivas.

Para la Seguridad Social ha estimado un déficit del 1,5 % del PIB, frente al 1,1 % previsto por el Gobierno, dado que los ingresos y gastos del sistema presentan una “fuerte inercia” difícil de modificar a corto plazo.

Para las comunidades autónomas la AIReF ha previsto un déficit del 0,3 %, una décima menos que el objetivo aprobado, aunque ha calculado que individualmente no puedan cumplir el objetivo oficial del 0,4 % ni Extremadura ni Murcia ni la Comunidad Valenciana.

La entidad calcula que el déficit autonómico incluso podría bajar al 0,2 % si se cumpliera la regla de gasto (aumento del gasto limitado al 2,4 %), aunque ha considerado que el riesgo de que se incumpla es mayoritariamente alto o moderado.

Para los ayuntamientos ha estimado un superávit en línea con el de 2017, del 0,6 % del PIB, frente al equilibrio previsto por el Ejecutivo, al no tener grandes presiones de gasto y mayor estabilidad que en otras administraciones en los ingresos.

Según la AIReF, los municipios mantendrán el superávit incluso con la flexibilización de la regla de gasto, una medida que en 2018 tendrá un impacto de solo 200 millones de euros, ya que las condiciones son muy exigentes y habrá un tercio de ayuntamientos que no podrá beneficiarse de ella.

Respecto a las previsiones macroeconómicas para lograr el objetivo de déficit, Escrivá ha señalado que son prudentes y que es “altamente plausible” que la economía crezca en el entorno del 3 % en el conjunto del año, por encima del 2,7 % calculado por el Ejecutivo.

Ha avisado de que todavía no ha desaparecido completamente el riesgo a la baja que conlleva la incertidumbre en Cataluña y ha alertado de los retos que afronta una economía, más equilibrada que hace dos décadas, pero con mayor desigualdad, menor peso de las rentas salariales, una alta tasa de paro y un elevado nivel de deuda pública.

En cuanto a la deuda, ha incidido en que es preocupante aspirar solo al equilibrio de las cuentas primario (sin intereses de la deuda) porque si las cosas van mal puede haber problemas de financiación.

Al respecto, ha recomendado un acuerdo político que permita establecer una senda de disminución de la deuda pública gradual y razonable para que ningún partido que gobierne vea restringida su capacidad de decisión sobre las políticas de ingresos y gastos.