La Comisión Europea amplía las posibilidades de los países de financiar pymes

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, presentó hoy las nuevas directrices sobre ayudas estatales de financiación de riesgo de pymes y empresas de capitalización media, que dan un mayor margen a los países para respaldar este tipo de compañías.

“El fracaso del mercado en cuanto al acceso a la financiación, que se ha agravado por la crisis afecta a las empresas europeas en su desarrollo”, dijo Almunia, que añadió que “estas nuevas normas ayudarán a salvar esta brecha de financiación alentando a los Estados miembros a poner en marcha medidas de ayuda bien diseñadas”.

Los países podrán poner en marcha medidas de financiación de riesgo de hasta 15 millones de euros por pyme, sin contar previamente con el visto bueno de Bruselas, y establecen condiciones para aquellos respaldos financieros que superen esta cantidad.

Así, se eliminan los límites anuales a los desembolsos públicos previstos en las normas vigentes, que imponía un máximo de 1,5 millones de euros o de 2,5 millones de euros, dependiendo del tipo de empresa.

Las nuevas directrices no imponen un límite concreto a las ayudas públicas que pueden ser concedidas por los Estados a una empresa, “siempre que la medida esté justificada” y se demuestre en un análisis previo que el mercado no ha provisto de los recursos necesarios a la compañía en cuestión.

También permitirán que los países utilicen un abanico más amplio de instrumentos financieros, como acciones, instrumentos de cuasicapital, préstamos y garantías.

Además, las nuevas normativas establecen una participación obligatoria de inversores privados junto a los inversores públicos en la financiación de estas compañías, una medida orientada a asegurar que el respaldo público no reemplaza a la iniciativa privada.

Dependiendo de la antigüedad de la empresa y de su perfil de riesgo, la participación mínima privada se establecerá entre el 10 % y el 60 %, con el objetivo de que los países puedan respaldar empresas en su nacimiento y su primer desarrollo, los momentos en que es más complejo para ellas lograr financiación privada.

Con estas nuevas normas, la CE apuesta por ampliar las opciones de los países para suplir la falta de recursos a las que se enfrentan las pymes, especialmente las orientadas a la innovación y el crecimiento, debido a las difíciles condiciones para obtener financiación privada.

Sin embargo, Bruselas quiere asegurarse de que los subsidios públicos “no reemplacen los instrumentos financieros existentes ni las medidas fiscales”, sino que apuesta por poner en marcha instrumentos financieros “bien diseñados” y medidas fiscales.

Las nuevas directrices, que entrarán en vigor el próximo 1 de julio, establecen un marco “sencillo, flexible y generoso” para este tipo de ayudas de Estado, según la CE, y reemplazan las directrices vigentes desde 2006 y enmendadas en 2010.

“Estas medidas pueden dar a los inversores privados los incentivos adecuados para invertir más en las pymes y empresas de capitalización media, mejorando su capacidad de crecer y crear empleo”, afirmó Almunia.