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Finaliza el plazo de alegaciones a la orden para pagar a Enagás los costes de Castor
El plazo de alegaciones a la orden para pagar a Enagás Transporte los costes de operación y mantenimiento del almacén de gas subterráneo Castor, frente a la costa de Vinaroz (Castellón), e hibernado desde los movimientos sísmicos de 2013, concluye hoy.
La orden, que establece los peajes y cánones asociados al acceso a terceros de las instalaciones gasista y la retribución de las actividades regulada para 2019, reconoce a Enagás los costes en que ha incurrido por los trabajos de administración de las instalaciones.
También establece que debe entrar en vigor el próximo 1 de enero, y que para evitar el abandono incontrolado de la instalación es “perentorio” dotar a la empresa responsable de la administración de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control, de forma que se garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medio ambiente.
Añade que los costes de operación y mantenimiento se abonarán a Enagás con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista.
Los costes deberán justificarse con la correspondiente auditoría y se determinarán con carácter definitivo por orden de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El proyecto de orden también reconoce a Enagás Transporte cantidades de costes de operación y mantenimiento de ejercicios anteriores a 2019, que se incluirán en la próxima liquidación disponible del año 2018 como pago único, y que ascienden a 8,73 millones de euros en 2017 y el mismo importe en 2018.
Enagás dejó de percibir los costes por el mantenimiento del almacén de gas Castor después de que en septiembre de 2017 el Tribunal Constitucional anulara varios puntos del real decreto-ley que estableció la indemnización por la paralización del proyecto.
El Tribunal Supremo ordenó en una sentencia reintegrar al sistema gasista las sumas abonadas a Enagás entre 2014 y 2015, que rondan los 18 millones euros, y posteriormente otros 15,7 millones.
La patronal catalana Cecot también tiene presentados recursos contra las órdenes ministeriales de 2017 y 2018.
La orden amplía hasta el 30 de junio de 2019 el plazo en el que deberán estar disponibles gasolinas con un contenido máximo de oxígeno de 2,7 % y del 5 % de etanol en todas las instalaciones de suministro de este carburante.
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