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El Govern balear abre un expediente sancionador de 300.000 euros a HomeAway por ofertar aquileres ilegales

Imagen de archivo de unos turistas

Angy Galvín

El Govern balear ha abierto un expediente sancionador de 300.000 euros contra HomeAway por ofertar alquileres ilegales en las islas. El Ejecutivo interpreta, siguiendo con la ley autonómica de alquiler turístico, que el operador aloja en su web ofertas de alquiler irregulares, es decir, sin licencia. La empresa, una de las principales del sector vacacional, tiene 15 días de plazo para alegar. La normativa autonómica prevé sanciones de hasta 400.000 euros.

Fuentes de Vicepresidencia comentan a eldiario.es que los inspectores del Govern han adjuntado, en el expediente sancionador, una veintena de ofertas ilegales de HomeAway. Sin embargo, destacan que “existen muchas más de las que han sido presentadas”. Asimismo, añaden que “a la plataforma ya se le informó del cambio de regulación en verano y se le han hecho advertencias previas a la sanción de que estaba alojando oferta ilegal en su portal”.

Por su parte, según Europa Press, HomeAway ha comentado que la ley de alquiler turístico de Baleares es “confusa y desproporcionada” y que tendrá “efectos muy negativos para la economía” del archipiélago: “Daña la competencia y claramente beneficia al modelo de alojamiento excluyente que ha generado la situación actual de estacionalidad y la concentración en zonas turísticas”.

Además, la empresa alega que está “exenta de responsabilidad de los contenidos ajenos que aloja”, a pesar de que la proliferación del alquiler turístico es una de las principales causas que encarece el precio de la vivienda en las islas. La problemática empeora en verano. Por ejemplo, en esa época, es habitual en Ibiza que centenares de trabajadores busquen de forma desesperada un alojamiento mientras se ven abocados a dormir en sus coches.

Este procedimiento abierto contra HomeAway se une a los otros dos que ha interpuesto el Govern contra Airbnb y TripAdvisor en los meses de febrero y marzo, respectivamente. Ambos contemplan multas de 300.000 euros. Respecto a ellos dos, la vicepresidenta Bel Busquests ha comentado este martes ante los medios de comunicación que “siguen su curso”. En el caso de Airbnb, los servicios jurídicos del Govern estudian las alegaciones planteadas desde la plataforma y, en cuanto a Tripadvisor, el periodo de alegaciones sigue abierto.

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