Montero aboga por devolver competencias a los ayuntamientos perdidas durante la crisis

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que antes de emprender la reforma de la financiación local hay que reordenar sus competencias, ya que han perdido algunas con la crisis, para después hacer “la composición financiera que se lo permita”.

En una entrevista con Efe, Montero precisa que a los municipios, durante la crisis y “para aliviarles su carga financiera, les quitaron competencias” que estaban vinculadas directamente a su contacto cotidiano con los ciudadanos, que “tuvieron una sensación de pérdida”. Agrega que, en su mayor parte, estaban relacionadas con el área social en la que las corporaciones locales perdieron una gran parte de sus competencias, “con pesar de ellos”.

Montero es “mucho más partidaria de que se vuelva a ver qué administración es más competente para qué cosas”. “No es tanto quién tiene el dinero y cómo me lo ahorro o cómo se lo derivo a otro asunto”, precisa.

Aprovecha para recordar que lo que hizo el Gobierno del PP con la reforma local fue “quitarle competencias a los ayuntamientos, que le dio a las comunidades sin ningún tipo de ingresos, con lo que este juego trilero de pasar una competencia de una a otra para que al final no se sepa dónde está el dinero no arregla nada” y aconseja que “hay que salir de ahí”.

“Por tanto -considera-, si los ayuntamientos tienen vocación de asumir competencias relativas a materias que su proximidad permite una mejor respuesta, estudiémoslo, hagámoslo y hagamos la composición financiera que se lo permita”.

Para la ministra, “la reforma hay que hacerla ahí, en la reordenación de competencias”.

Montero no se pronuncia sobre si habrá tiempo de hacerlo en esta legislatura y subraya que, si no, “tendrá que ser en la siguiente, en la que la vocación de este Gobierno es seguir”.

Más participación de las CCAA en recaudar ingresos

Montero ha abogado por una mayor participación de las comunidades autónomas en la recaudación de lo ingresado por el Estado, por ejemplo en el IVA, a la hora de reformar el sistema de financiación autonómica.

Recuerda que las comunidades “están empezando a nombrar” a sus representantes en el grupo político que tratará sobre esa reforma y ha pedido que sean personas que puedan “tomar decisiones sin tener que estar consultando constantemente”.

Se ha referido a los trabajos de la comisión de expertos en los que se plantean diferentes opciones, “algunas contradictorias”, y a que los votos particulares superaron a los de la ponencia, aunque, ha reconocido, que es “buen material de partida”.

Tras insistir en que el Gobierno anterior “no tuvo ningún interés” en abordar el asunto, se ha mostrado extrañada de que ahora el PP “meta prisa” y algunos de sus presidentes, que “se han caracterizado por su silencio, ahora estén poco menos que dando gritos con la financiación”, lo que es “una falta de coherencia absoluta”.

Montero se ha comprometido a “poner todos los medios” para que las autonomías acerquen posturas, lo que “no es fácil” y, por ello, ha decidido empezar por la parte que “genera más consenso”: determinar cuál es la insuficiencia de recursos que tienen respecto a las competencias asignadas.

La ministra ha aludido a los diferentes trabajos existentes que van desde coger un año base y a partir de ahí proyectarlo y el más complejo que sería hacer una evaluación pormenorizada del coste de los servicios, para lo que haría falta desarrollar una contabilidad que ahora mismo no tienen las comunidades.

A su juicio, si hay acuerdo en cuánto tiene que transferir adicionalmente el Gobierno para que el Estado del bienestar sea sostenible, “habrá muchas posibilidades de crear clima para que a la hora de que se distribuya por población ajustada” se haya conseguido crear un modelo “confortable”, aunque no sea un “traje a medida”, lo que es “extraordinariamente complejo”.

Para el nuevo modelo, Montero es partidaria de que el nivel autonómico conserve que su financiación viene de su participación en la recaudación.

“Soy firme convencida del Estado de las autonomías -ha agregado- y deberíamos diseñar un sistema que permitiera que las autonomías participaran en mayor medida de la actual recaudación”.

En su opinión, esa opción es mejor que las transferencias directas, que “hace depender la financiación” de los presupuestos generales del Estado, y ha subrayado que las comunidades deberían tener capacidad de hacer los suyos “con o sin” cuentas estatales, porque son administraciones “absolutamente autónomas financieramente”.

Respecto a la posibilidad de que las comunidades pudieran tener un IVA colegiado que pudieran subir, considera que es “muy complicado” y se inclina por una mayor capacidad de participación en su recaudación, aunque no tengan capacidad normativa.

La ministra no ha se pronunciado sobre cuándo estará listo el nuevo modelo y señala que trabajan para que esté “lo antes posible”, lo que también va a depender de la capacidad de las autonomías de llegar a acuerdos.

Pero quiere ser realista y reconoce que puede haberlo en un tiempo razonable cuando se hable de insuficiencia de recursos; que las coincidencias serán menores en la armonización fiscal, y que, cuando se hable de la población ajustada, “las diferencias serán grandes, porque cada una intentará el reparto que le quede perfecto”.

También prevé “grandes diferencias” en la capacidad y autonomía fiscal, ya que solo las que tienen un mayor nivel de renta prefieren más capacidad fiscal.

Y “ponerse de acuerdo como país en el modelo de financiación de forma unánime sería que todos tenemos la misma idea de país, de servicios sociales, de sanidad... y como eso no es la realidad política”, lo que la ministra pretende es llegar a un consenso razonable, porque “unánime va a ser difícil”.

Respecto a que 2019 sea año electoral municipal y en la mayoría de las comunidades y los posibles excesos presupuestarios, reconoce que hay “tendencia a plantear medidas que no se han llevado a cabo en época anterior”, aunque saben que tienen que ser responsables y que sus presupuestos tendrán que cumplir con todas las reglas fiscales.

“El Gobierno empleará y hará uso de medidas para que las administraciones cumplan con lo que la ley obliga”, ha concluido Montero.