Patronal venezolana le pide al Gobierno de Maduro inspeccionar firmas expropiadas

El vicepresidente de la principal patronal venezolana, Carlos Larrázabal, denunció hoy inspecciones “sumamente agresivas” en firmas privadas y pidió al Gobierno hacer lo mismo en las expropiadas que, aseguró, ahora producen “nada o una fracción”.

“Nos gustaría ver al Gobierno del presidente Nicolás Maduro inspeccionando a todas estas empresas tal como están inspeccionando las privadas para que vean las causas” del desabastecimiento que vive al país, dijo el directivo de Fedecámaras a la cadena de televisión Televen.

Larrázabal calculó que, durante la Revolución Bolivariana, iniciada por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y continuada por su sucesor Maduro, fueron expropiados “más de 1.400 establecimientos industriales”.

“La gran mayoría no está produciendo lo que se producía antes”, pese a que tienen en nómina “el doble” de personal, indicó Larrázabal, quien subrayó que están fabricando “nada o una fracción” de cuando eran empresas privadas.

Puso como ejemplo la ahora estatal metalúrgica Sidor, que antes de ser nacionalizada en 2008 producía 4,3 millones de toneladas de acero líquido y ahora, aseguró, una cuarta parte de ello.

Venezuela ha experimentado los últimos meses frecuentes ciclos de escasez y desabastecimiento de todo tipo de productos, lo que ha provocado largas filas en comercios principalmente de alimentos y artículos de higiene personal.

Los empresarios alegan que la crisis se debe a las expropiaciones y también, entre otras causas, a los problemas en la asignación de las divisas -administradas en exclusiva por el Estado- para la importación de productos y materias primas.

Todo ello, insistió la fuente, incide en que las industrias venezolanas tengan sin producir buena parte de sus capacidades.

El Gobierno responsabiliza a los empresarios de generar una “percepción” de escasez aguda para “irritar” a los venezolanos y generar una “guerra económica” con el objetivo de derrocarlo.

“Hay una campaña para tratar de demostrar esta supuesta guerra económica, buscando las causas del desabastecimiento en inspecciones sumamente agresivas, penalizando a los ejecutivos por tener uno, dos o tres días de inventarios; el Gobierno ni siquiera define cuánto es un inventario y qué significa acaparamiento”, declaró Larrázabal.

El vicepresidente de Fedecámaras agregó que el Gobierno presenta en la televisión estatal incautaciones de 30 toneladas de productos supuestamente acaparados, cuando dicha cantidad se transporta en un único camión de reparto de mercancías.

Además, añadió, esos productos son confiscados “de forma sumarial”, sin que el empresario pueda recibir contrapartidas, y se les dice que se quejen ante los tribunales, pero éstos “no admiten ni procesan ninguna demanda contra el Gobierno”.