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Vecinos y Ecologistas recurrirán Madrid Nuevo Norte ante la Justicia
Las asociaciones vecinales y Ecologistas en Acción, que mantienen su rechazo a la Operación Chamartín, han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la aprobación definitiva de este proyecto que consideran un “despropósito urbanístico” y “negocio especulativo”.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y las asociaciones vecinales reunidas en la Plataforma Zona Norte dicen en una nota de prensa que presentarán su recurso ante el TSJM cuando aparezca publicada la aprobación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
El pasado día 9, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el Ejecutivo regional dará luz verde a Madrid Nuevo Norte (MNN), el desarrollo urbanístico conocido como Operación Chamartín, en el Consejo de Gobierno previsto para mañana, día 25.
La Comunidad de Madrid tiene de plazo hasta este mes para aprobar el estudio de impacto ambiental de MNN, que afecta a un espacio de tres millones de metros cuadrados, donde la promotora Distrito Castellana Norte (DCN) prevé edificar 10.500 viviendas, 4.000 de ellas públicas, y un nuevo distrito financiero con una torre de 70 plantas.
Las asociaciones dicen en su nota que reiteran su rechazo a este proyecto porque constituye -dicen- “un despropósito urbanístico que persigue ante todo, trasladar suelos públicos a entidades privadas – BBVA y Constructora San José- por un precio irrisorio -2.000 millones a pagar en 20 años- comparado con los beneficios que van a lograr”.
Y añaden que dadas las condiciones de “absoluta excepcionalidad” en que se encuentra España en estos momentos “cabría esperar que las administraciones regional y local de Madrid se abstuvieran de adoptar decisiones de este calado y con este grado de controversia social”.
Para estas asociaciones, la operación urbanística supone una edificabilidad “desmedida”, “desaprovecha las posibilidades que ofrece este suelo estratégico” e implica la “destrucción de infraestructuras y tejidos industriales en perfecto uso”.
Además, afirman que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid “prometen 250.000 puestos de trabajo ficticios”, cuando “simplemente se trasladarían puestos de trabajo -si se realizara la operación- mientras destruyen tejido industrial real”.
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