Aprobada la ley de contratos públicos sin vinculación a los convenios de empresa

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente la Ley que regirá los contratos del sector público y que no establecerá como prioritarios los convenios de empresa frente a los sectoriales.

El pleno del Congreso ha rechazado con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT las tres enmiendas que el PP había introducido en el Senado al argumentar que pretende redundar en la reforma laboral aprobada en 2012.

Las enmiendas han sido rechazadas por 164 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención y el PP sólo ha recibido el apoyo de Ciudadanos.

La diputada del PSOE María Jesús Serrano ha recriminado que los populares se hayan “quitado la máscara” en el Senado y hayan querido introducir cambios que sólo perseguían abundar en su reforma laboral “a costa de seguir manteniendo la precariedad en los salarios”.

Ha lamentado que el PP pretenda cambiar las normas laborales en la contratación pública para los trabajadores más débiles, que son los de las empresas adjudicatarias de servicios públicos.

Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la diputada Auxiliadora Honorato, ha criticado que el PP haya querido hacer valer su mayoría en el Senado para abrir la posibilidad de descuelgue de los convenios sectoriales, que son más garantistas que los de empresa.

También el PNV ha votado en contra de estas enmiendas y la diputada Idoia Sagastizabal ha lamentado que el PP haya cambiado la “predisposición y voluntad de acuerdo” que mantuvo durante la tramitación de la ley en el Congreso.

El diputado de Cs Fernando Navarro ha argumentado que los cambios que propone el PP se remiten sólo a los convenios pactados y ha insistido en que los contratos públicos no pueden regirse por normas de derechos laborales diferentes al resto de contratos.

Por su parte, el diputado del PP Juan Bravo ha reiterado que las enmiendas del Senado son técnicas y sólo apuntaban a que se aplicará el convenio colectivo aplicado vigente, “el que se decida entre todos” en la reforma que se está debatiendo sobre el Estatuto de los trabajadores.

La nueva ley de contratación del sector público incorporó en el Congreso 975 enmiendas de las 1.081 que había registrado, protegerá a los subcontratistas y permitirá que la Administración pueda pagarles directamente, al tiempo que elimina la cláusula del pacto entre las partes en los plazos de pago.

También establecerá la obligación de la factura electrónica y una Oficina Independiente que supervise los contratos y garantice la libre concurrencia.

Pondrá un límite a los modificados en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, para que no superen el 20 % del importe contratado y obligará a las empresas concesionarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la Administración.

Las cláusulas sociales y medioambientales estarán presentes en toda la ley, al tiempo que se reservará un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

Asimismo obligará a trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para que las pymes puedan acceder a la contratación pública y las empresas de nueva creación no tendrán que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder acceder a ella.

Además garantizará la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario y dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores, que rebajan su cuantía.