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Las ayudas públicas contra la inflación llegan más a las rentas altas que a los hogares vulnerables

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. EFE/ Luis Millán

Diego Larrouy

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El próximo 31 de diciembre decaerá el Real Decreto en el que se establecieron las ayudas y medidas para paliar los efectos de la crisis económica provocada por los altos precios de la energía y la inflación, agravada por la guerra en Ucrania. En el Gobierno no se esconde que algunas de estas medidas, si no todas, se verán prolongadas al menos durante los primeros meses del próximo año. Aunque la inflación se ha moderado en los últimos datos, se espera que todavía sea alta en 2023. Tocará, por tanto, valorar qué medidas tienen un mayor impacto y qué colectivos se ven beneficiados. Una primera aproximación a este estudio la ha hecho este martes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que advierte que el mayor gasto del actual paquete se destina más a las rentas más altas que a los hogares más vulnerables.

La autoridad fiscal es la encargada de fiscalizar las cuentas públicas de las administraciones y este martes ha publicado un informe sobre su opinión respecto a los Presupuestos Generales del Estado que ha aprobado el Gobierno y que empiezan este miércoles su tramitación en el Congreso. En este amplio documento establece la necesidad de “focalizar” las ayudas públicas que puedan prestarse en favor de los colectivos más vulnerables. La autoridad que preside Cristina Herrero considera que hay distintas razones que justifican que las medidas se centren en estos hogares. La primera es “los elevados niveles de deuda y la necesidad de que la política fiscal no entre en contradicción con las medidas de restricción monetaria que se está aplicando en los bancos centrales”. Es decir, los gobiernos tienen poco margen para tomar grandes medidas de gasto, al tiempo que deben evitar que sus decisiones sigan incentivando la inflación, algo que intenta evitar el Banco Central Europeo.

Al mismo tiempo, señala la Airef, los hogares de menor renta resultan “más vulnerables al incremento de inflación ya que destinan una mayor proporción de su renta al consumo de energía y alimentos que son los principales responsables de las altas tasas de inflación”. Por otro lado, “son precisamente estos hogares lo que tienen menor capacidad para reducir su consumo o sustituirlo por otros bienes (generación con placas solares o mayor uso del transporte público)”.

La Airef evita valorar de manera directa si las medidas que están en marcha en España coinciden con esa necesidad o no. Si bien, presenta un enfoque para que se tenga en cuenta a la hora de valorar si se prorrogan las medidas. Así, apunta que las propuestas puestas en marcha para actuar sobre los precios de la energía y el transporte “no se focalizan en los individuos de menor renta”. “El impacto de la rebaja del IVA sobre el gas o la bonificación al consumo de combustible se concentra más entre las rentas altas”, apunta la Airef, en un argumento que ya han expresado organismos como la OCDE.

Los datos que expone la Airef son los siguientes. Del total de fondos gastados en las ayudas frente a la inflación, los tres escalones más bajos por nivel de renta, es decir, el 30% que menos gana, reciben el 28,3%. Por contra, los tres escalones más altos se benefician del 31,8% del gasto en estos paquetes de medidas. Si se tiene en cuenta únicamente al 10% que menos gana, percibe el 10,3%, frente al 10,6% que reciben los hogares de mayor renta.

El informe ejemplifica este impacto mayor para los hogares de más renta en medidas como el IVA del gas, la rebaja de 20 céntimos de combustible o la gratuidad de los trenes de media distancia. Por el contrario, señala como repartido entre todos los niveles de renta las rebajas de impuestos a la electricidad, tanto en IVA como los impuestos especiales.

En el lado opuesto se encuentran las ayudas destinadas a compensar la pérdida de renta real. Es el caso de la subida temporal del 15% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de las pensiones no contributivas, así como el cheque de 200 euros o el bono social térmico. Todas estas medidas sí ayudan fundamentalmente a los niveles más bajos de renta. “En conjunto, ponderando por la magnitud de cada una de las medidas se observa un cierto grado de focalización hacia los más vulnerables, si bien las decilas altas absorben una parte importante del coste de las medidas”, señala el informe.

Aunque el gasto de estas medidas recae más sobre las rentas más altas, la Airef sí señala que tiene un impacto más positivo sobre aquellos hogares más vulnerables. Para medir este impacto, la autoridad mira el peso de lo que estos hogares reciben en función de su renta bruta. Así, los hogares situados en el escalón más bajo de ingresos recibe el 17% de su renta bruta. El segundo escalón más bajo, un 7%, y el nivel va reduciéndose de manera progresiva hasta el último escalón. Los hogares con más renta apenas perciben el 0,9% de su renta bruta, por lo que el impacto sobre su economía es mínimo.

Críticas de la Airef

La información sobre el plan de ayudas del Gobierno ha sido uno de los principales focos de las críticas a los Presupuestos Generales que ha trazado la Airef. El proyecto de cuentas públicas no incluye ninguna información sobre el gasto en estas medidas pese a que el Ejecutivo asume que tendrá que ampliar una parte de las que están actualmente en vigor en España. De hecho, el Gobierno envió días después de la presentación de los Presupuestos un plan presupuestario a Bruselas que incluía un segundo escenario al que se había expuesto en el proyecto de ley que sí contemplaba la prolongación de medidas de apoyo. Es por ello que la Airef criticó las “notables carencias” de los presupuestos en su intervención en el Congreso.

“Para 2023, una diferencia fundamental entre los planes presupuestarios de las cinco mayores economías de la zona euro es el grado de concreción que han proporcionado a día de hoy en relación con las medidas que se prorrogarán o adoptarán el año que viene”, señala la Airef. El organismo destaca la concreción de Francia, Alemania y Países Bajos, frente al caso de Italia, que no ha presentado el documento. “En una posición intermedia en cuanto al grado de concreción de la política fiscal en 2023 está España”, señala el documento. “No se concreta qué medidas se adoptarían o prorrogarían en este segundo escenario”, apunta la Airef.

España registró en este documento un escenario en el que planeaba un aumento del gasto de 0,9 puntos del PIB, que aseguraba que se cubriría con un colchón fiscal por la mayor recaudación de este año de la inicialmente prevista. Sin embargo, no concretó qué medidas se van a ampliar para el próximo año. Solo una ya está asegurada, que es la gratuidad de Cercanías. El Ejecutivo decidió incorporar a los Presupuestos de 2023 esta medida para valorar a final del próximo año sus efectos y decidir si se trata de una política que pueda convertirse en estructural.

La Airef avaló las previsiones macroeconómicas del Gobierno sobre las que se cimientan los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el organismo advierte en su informe sobre las cuentas del próximo año de una desviación del déficit si se amplían finalmente las medidas para el próximo año. En este caso, en lugar del 3,9% trazado por el Gobierno, se aumentaría hasta un 4,4% el desfase de las cuentas.

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