Más flexibilidad para los ayuntamientos pero se mantiene la regla de gasto bajo la sombra de Bruselas

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina (mayo de 2019), el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos amplia la capacidad y la autonomía para que los Ayuntamientos puedan dedicar más dinero a sus gatos tras años de férrea disciplina fiscal impuesta a través de la regla de gasto y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Aunque se flexibilizan las normas, la regla de gasto sigue en vigor y en el desarrollo de las medidas presupuestarias se entrevé la sombra de Bruselas en la sujeción de la capacidad financiera que se permite a los municipios. Hace dos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a modificar y cambiar el cálculo de la regla de gasto para hacerla más transparente, aunque ha dicho que el Gobierno seguirá cumpliendo con las reglas de estabilidad presupuestaria comprometidas con la Unión Europea.

Desde Unidos Podemos sostienen que no han abandonado la reivindicación de eliminar esta interpretación de la regla de gasto. “No se puede obligar a un subsector de la Administración a tener superávit”, apuntan fuentes consultadas por eldiario.es. Las mismas fuentes sostienen que esta medida estuvo contemplada en las negociaciones “hasta el último momento”. Pero que fue eliminado pese a que, apuntan, no tiene gasto presupuestario directo. “Hay una parte de cerrazón”, concluyen.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya aprobó un decreto ley para permitir inversiones financieramente sostenibles del superávit de los ayuntamientos ante las protestas de sus alcaldes por la imposibilidad de dedicar los excedentes para financiar un presupuesto constreñido durante años. Posteriormente, la ministra de Administraciones Territoriales, Maritxell Batet, anunció una reforma de la regla de gasto y la concesión de más autonomía local para utilizar su superávit “no solo a gasto de inversión, si no también a la mejora de servicios sociales”.

Ahora el documento del pacto presupuestario entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos recoge las propuestas esgrimidas por la ministra Batet pero es menos ambicioso en las exigencias que esgrimía una parte de la confederación de izquierdas que tiene en los 'Ayuntamientos del cambio' la punta de lanza de su estrategia política.

De esta manera, el pacto apunta al incremento del ámbito de Inversiones Financieramente Sostenibles que tiene como destino a políticas sociales. “Se va a permitir que los Ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas, dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción o 30 rehabilitación de viviendas, para lo cual se llevarán a cabo las correspondientes modificaciones normativas”, describe el acuerdo entre ambas formaciones.

Además, se facilita que en el presupuesto local del 2019, las entidades incluyan las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) con cargo al superávit de 2017 que se iniciaron o ejecutaron parcialmente en 2018 y que no se ha consumido totalmente o los créditos que no se han reconocido en 2018, que se financiará con parte del remanente de tesorería de ese año.

Mejor tasa de reposición del empleo para los saneados

Desde el punto de vista del empleo, el acuerdo propone que las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y la regla de gasto tendrán una tasa de reposición de efectivos de hasta el 100% para todos los sectores, funciones y servicios. Además, podrán incorporar nuevos efectivos en los sectores y ámbitos que estimen que necesiten un refuerzo equivalente al 8% de su tasa de reposición, porcentaje que será de un 10% en los ayuntamientos que tengan además amortizada su deuda financiera.

Para estos municipios cumplidores no computará para la tasa de reposición las plazas que se convocaran para el desarrollo de nuevos servicios o ampliación de la planta como consecuencia del cumplimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, especialmente en lo que hace referencia a la implantación de la administración digital y de otras leyes.

Las administraciones que no hayan cumplido con los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto tendrán un 100% de reposición en los sectores prioritarios y un 75% en el resto, aunque no se especifica cuáles son esos sectores ni las líneas para definirlos. Además, podrán añadir un 5% en sectores o ámbitos que estimen que necesiten refuerzos. Los municipios que hayan tenido que hacerse cargo de más servicios públicos en los últimos años tendrán a su disposición una tasa adicional del 5%. La tasa de reposición de los cuerpos de la Policía Local será del 115%.

Plusvalías municipales

Para el problema de las plusvalías tras la Sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana dejando en una situación de inseguridad jurídica a gobiernos locales y los ciudadanos solo se aporta “un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Hacienda y la FEMP para la compensación a los Ayuntamientos por las cantidades que tengan que devolver a los contribuyentes por liquidaciones del impuesto anteriores a esta reforma legislativa”. No hay fechas para la creación de este grupo y sobre el pago se apunta que “será financiado con el crédito destinado a estos fines a favor de las entidades locales que recoja los Presupuestos Generales del Estado” sin más definición.

También hay un punto contra la despoblación con un presupuesto de 10 millones de euros para la creación de oficinas de Información y Acción contra la Despoblación “en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente” para atraer tanto a “nuevos pobladores como nuevas inversiones capaces de generar proyectos y empleo”.

Finalmente, el Gobierno impulsará, en un plazo no superior a 8 meses, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para favorecer la compra pública de alimentos de proximidad tanto en organismos de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. En esta reforma se incorporará la compra prioritaria de alimentos de proximidad como uno de los posibles criterios medioambientales y sociales a considerar por los órganos de contratación para la evaluación de las ofertas. Con esta medida se facilitar un mayor arraigo de su población y apoyar a la agricultura como un puntal de desarrollo rural.