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La banca eleva el tono contra el impuesto tras su aprobación y lo recurrirá “al día siguiente de pagarlo”

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, durante la presentación del plan estratégico para el periodo 2022-2024. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Diego Larrouy

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La banca eleva el tono frente al Gobierno por el nuevo impuesto para el sector, que se aprobó la pasada semana en el Congreso y está camino del Senado. Un foro organizado este lunes por KPMG y 'Expansión' ha dado cita a los consejeros delegados de los principales bancos del país, en el que han coincidido en cargar contra la medida, que gravará el 4,8% de sus ingresos por comisiones e intereses a partir de los resultados de este ejercicio. Tal es el rechazo que en el sector ya se habla abiertamente de plantear la batalla judicial contra este gravamen. “Al día siguiente de pagarlo, lo vamos a recurrir”, ha asegurado María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, una de las voces más beligerantes contra el impuesto desde su anuncio.

La presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, ha asegurado que la asociación no puede en esta ocasión recurrir en los tribunales la medida por no ser un “sujeto pasivo” del impuesto. Por ello, queda en manos de la decisión que tomen los distintos bancos en los próximos meses. “Hay suficiente base jurídica para tomar una decisión en este sentido”, ha defendido Kindelán. “ Hemos pedido la retirada, no es el momento”, ha defendido la responsable de la organización que componen Santander, Sabadell, Bankinter y BBVA, entre otras. “Tiene un impacto clarísimo sobre la economía, el empleo, el crédito, en los accionistas pequeños, es malo para la inseguridad jurídica y para la confianza”, ha enumerado la directiva.

Uno a uno, los distintos ejecutivos han ido posicionándose a lo largo de la mañana sobre este recurso que hasta ahora se había sugerido pero que ahora gana enteros en el sector, lo que podría complicar el futuro de esta medida fiscal llamada a recaudar 3.000 millones en dos años. Una de las entidades más afectadas, por ser el banco con mayor negocio en España, es CaixaBank. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha sido uno de los más moderados a la hora de plantear el recurso en los tribunales, pero ha dejado la puerta abierta. “Estamos a la espera del resultado final”, ha señalado el directivo sobre la tramitación pendiente en el Senado. “Si tiene elementos que en nuestra responsabilidad fiduciaria entendemos que no es conforme a derecho, nuestra obligación como gestores será recurrirlo”, ha apuntado.

Es un mensaje similar que comparten todos los ejecutivos del sector. Un rechazo frontal a la medida y una apuesta por judicializarla. “Si el impuesto sigue adelante, es muy probable que Ibercaja lo recurra en los tribunales porque nos asiste la razón”, ha asegurado Víctor Iglesias, consejero delegado de la entidad aragonesa. “Consideramos que es un impuesto poco justificado, contraviene derecho tributario y afectará a la economía y la sociedad”, ha defendido durante su participación en el foro.

“Las razones contra el impuesto son objetivas”, ha defendido César González Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell. “No se comprende muy bien la motivación de un impuesto construido mal y deprisa”, ha enfatizado. El directivo de la entidad catalana ha argumentado que la redacción del tributo, que obliga a no repercutirlo en el precio final, se contradice con las órdenes que reciben de los reguladores europeos, el BCE y la Autoridad Bancaria Europea. “¿Con quién cumplimos?”, ha insistido. “Tendremos un impacto relevante”, ha asegurado Manuel Menéndez, consejero delegado de Unicaja. “Gravar la subida del tipo de interés no se corresponde con un objetivo recaudatorio que podría ser más justo y equitativo”, ha añadido.

Antonio Simoes dirige el Banco Santander en España y ha defendido que el “consenso” está en contra de este impuesto. Asegura que “es malo para la economía y para las familias”. Además, señala que obligará a restringir el crédito en 50.000 millones de euros a nivel sectorial. Una cifra que ya planteó la pasada semana Kindelán en una entrevista radiofónica, asegurando que se dejarán de dar 150.000 hipotecas debido al impuesto. “Es muy malo para la competitividad y la confianza de los inversores en España”, ha resaltado Simoes. Una situación similar a la de Santander es la del BBVA. Ambas entidades tendrán un impacto menor al resto de este impuesto, ya que la mayor parte de su actividad se produce en el exterior. “ Cualquier documento académico dice que esto va a dañar la capacidad de inversión del sistema bancario”, ha defendido Onur Genç, consejero delegado de BBVA. “No es el mejor momento, es un momento para impulsar la sostenibilidad en España, tenemos que pensar en cuántas placas tenemos que instalar y de eso tendríamos que estar hablando, de que España exporte energía”, ha enfatizado.

Esta nueva ley fue aprobada en el Congreso por el PSOE, Unidas Podemos y el apoyo de los socios parlamentarios como ERC, EH Bildu, Más País, BNG, o la CUP, entre otros. La norma, además de gravar a los bancos impone también un nuevo tributo para las compañías energéticas. Igualmente, mediante una enmienda al texto original, se incluyó la aprobación de un nuevo impuesto de solidaridad para las grandes fortunas.

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