Caja Segovia: la historia del asalto a través de las jubilaciones doradas de sus directivos
Año 2010, Caja Segovia se prepara para su final. La entidad se va a integrar en Bankia. Es el final también para sus directivos que se las ingeniaron para salir de allí con una jubilación de oro. Fue un plan apuntalado sobre dos presuntos delitos: administración desleal y apropiación indebida, según el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil de Segovia, que transformó la instrucción en procedimiento abreviado, paso previo para sentar a seis directivos en el banquillo.
No ha sido fácil. El procedimiento pasó por dos sobreseimientos, pero la sentencia del Supremo en el caso de las prejubilaciones de Novacaixa Galicia hizo que la Audiencia Provincial revocase el archivo.
Los hechos son claros: seis directivos diseñaron un plan de prejubilaciones en su propio beneficio, y en perjuicio de Caja Segovia. La cantidad destinada a las jubilaciones era 17,1 millones de euros con cargo al ejercicio de 2010. En ese año, el beneficio de la caja apenas superó los 16 millones. El plan se cerró el 22 de diciembre de 2010, cuando ya era oficial la integración con Bankia.
El comité de dirección accedió así a un plan de jubilación que, sobre el papel, parece escandaloso: no había requisitos para acogerse a él. Pero además había un plan de pensiones por un valor similar: otros 16,4 millones de euros en pólizas con la aseguradora Caser.
Los directivos de la entidad que se sentarán en el banquillo son el expresidente Atilano Soto (PP) y los exvicepresidentes Manuel Agudíez (PSOE), Elena García Gil (PP), y tres de los ocho beneficiarios de las indemnizaciones: el exdirector general Manuel Escribano, que se llevó 5,6 millones, el exsecretario general, Antonio Tapias, que recibió 1,5, y el exsubdirector de medios, Enrique Quintanilla, con 1,9.
Se quedaron fuera del procedimiento otros cinco directivos que fueron indemnizados también con cantidades millonarias, aunque no se descarta que tengan que devolver una parte cuando concluya la causa.
El personaje más llamativo es Atilano Soto, doctor en Filosofía que entró en política en los 70 y que fue presidente de la Diputación de Segovia (1991-2003), consejero en Azucarera Ebro, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias... Soto acumuló una decena de cargos.
El de Caja Segovia no es el único procedimiento que tiene pendiente. Soto pasó a ser consejero de Bankia. La Audiencia Nacional le imputó junto a Rodrigo Rato y otros 33 políticos que formaron parte de la cúpula de la entidad.
También sigue adelante su imputación por administración desleal en el caso Navicoas, una oscura operación en la que Caja Segovia decidió cargar con la deuda tributaria de una sociedad en la que participaba, Navicoas Asturias, suscribiendo un préstamo con Bankia que además incluía como aval el emblemático torreón de Lozoya, entre otros inmuebles.
Así, Caja Segovia abonó a Hacienda 6,8 millones de euros, sin traspasar la carga a Bankia, a pesar de que tras el proceso de integración no iba a tener capacidad para generar recursos con los que asumir después la devolución del préstamo, ni Hacienda le había reclamado ninguna responsabilidad subsidiaria respecto de Navicoas. El Torreón de Lozoya, buque insignia de la caja, acabó hipotecado.
