Un estudio cofinanciado por Bruselas cuestiona un ‘súpergasoducto’ apoyado por la Comisión Europea
Un estudio cofinanciado por la Comisión Europea cuestiona los beneficios climáticos del Corredor de Gas del Sur, un sistema interconectado de gasoductos de 3.500 kilómetros de longitud que, con el apoyo decidido de Bruselas y de otras instituciones europeas e internacionales, pretende unir Azerbaiyán e Italia para transportar a partir de 2020 entre 10 y 31 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas procedente del Mar Caspio. Objetivo: reducir la dependencia europea del gas ruso.
El informe ha sido dirigido por investigadores del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y de la Universitat Politècnica de Catalunya por encargo de una ONG ambientalista con sede en Praga (República Checa), Bankwatch Network, que tiene entre sus principales donantes a las direcciones generales de Desarrollo y Medio Ambiente de la Comisión Europea, defensora entusiasta de este proyecto gasista.
El documento es muy crítico con esta infraestructura (SGC, por sus siglas inglés), para la que se prevé una inversión de unos 45.000 millones de dólares (más de 36.000 millones de euros) con apoyo de instituciones financieras públicas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Considera que puede acarrear una huella climática más contaminante que la de la generación de electricidad con carbón, el combustible fósil más sucio.
El estudio asegura que “hasta la fecha, no se ha realizado una evaluación completa del impacto climático” de la infraestructura por parte de “ninguna de las instituciones que lo promueven y financian, incluyendo a la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones”.
Para apuntalar su tesis de que la huella climática del SGC puede ser comparable a la de la generación de electricidad con carbón, o incluso mayor, trata de cuantificar las “emisiones fugitivas” que producirá la infraestructura en toda la cadena de suministro del gas, “centrándose en las operaciones de extracción y transmisión” y contabilizando también las emisiones de dióxido de carbono (CO) generadas por la combustión del gas que se generarán al ser utilizado el combustible en plantas de ciclo combinado abastecidas por el SGC.
El informe se basa en un cálculo de la Agencia Internacional de la Energía que define un umbral del 3% de fugas por encima del cual la intensidad de las emisiones de los proyectos de gas natural supera a las del carbón. “En cinco de los escenarios considerados”, la proporción “de emisiones no intencionales de metano en la extracción y transmisión oscilaría entre 2,44% y 5,95%, lo que aumenta el riesgo de exacerbar, en lugar de mitigar, el cambio climático”, resumen los promotores de la iniciativa.
Josep Nualart Corpas, investigador del Observatori del Deute en la Globalització, cree que “los umbrales del carbón deben considerarse como un límite inadmisible para las fugas de metano producidas a lo largo de la cadena de suministro de gas” y considera que, “como este combustible fósil se utiliza principalmente como recurso energético, deben evaluarse alternativas bajas en carbono como la eficiencia energética y las energías renovables”.
1.500 millones del BEI
El próximo 6 de febrero está previsto que el consejo de administración del BEI apruebe un préstamo de 1.500 millones de euros para el proyecto TAP (Trans Adriatic Pipeline), uno de los tres gasoductos que forman parte del SGC (comprende el tramo Grecia-Albania-Italia, de 878 kilómetros). Los autores del informe critican que el BEI, que fue el principal financiador del fallido proyecto Castor, hasta ahora no haya “revelado su evaluación de impacto climático para el SGC, ni siquiera para el proyecto TAP”.
Declarado “proyecto de Interés Común” por la Unión Europea, en el TAP participa la española Enagás con una participación del 16% en la sociedad suiza que se encarga de construirlo, que dice haber concluido ya un 65% de las obras.
A preguntas sobre este asunto, la portavoz del TAP, Lisa Givert, dice que este proyecto “está aplicando los estándares europeos y nacionales” para “minimizar las emisiones de metano” y añade que, tras una “revisión inicial” del informe de Bankwatch, “no está inmediatamente claro cómo se han preparado las estimaciones de emisiones”.
En un correo electrónico, Givert subraya la “dependencia” actual de Europa respecto al carbón; el papel del gas natural como sustituto de esa fuente, sus menores emisiones de CO (un 50% inferiores a las del carbón) y las estimaciones de la IEA, que “espera que un tercio de las actuales plantas de carbón se cierren en los próximos cinco años”.
El año pasado, el Observatorio de la Deuda en la Globalización ya publicó un estudio en el que advertía de cómo “el gas se ha impuesto en la retórica oficial como el combustible de transición hacia las economías bajas en carbono” pese a que algunos cálculos sobre las fugas de metano desde la extracción al consumo “siembran serias dudas” sobre la idea de este combustible como “amigo climático”.
