El Congreso aprueba la creación del nuevo defensor del cliente financiero con una tasa más baja a los bancos

España ha dado un paso más este jueves para contar con una nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El Congreso ha aprobado con holgada mayoría el texto legislativo por el que se crea este nuevo ente. Lo ha hecho tras reformar de manera significativa algunos de los aspectos más relevantes en su documento original, como el sistema de financiación. Inicialmente iba a realizarse mediante una tasa de 250 euros pagada por las entidades por cada reclamación en su contra admitida. Ahora, dependerá de las reclamaciones recibidas y que hayan dado la razón al cliente. La norma ha salido adelante con 186 votos a favor y solo 47 en contra, los de Vox.

Este tema había levantado ampollas en el sector financiero, especialmente en un contexto en el que echaba a andar el nuevo impuesto extraordinario al sector. También algunos grupos de la cámara habían criticado este modelo de financiación y la derecha había presentado distintas enmiendas para tratar de cambiarlo. Uno de los más activos fue el PNV, un partido habitualmente socio del Gobierno y que había criticado algunas de las medidas troncales de esta ley.

Ahora ya no serán 250 euros por reclamación y su cuantía va a depender de los costes directos e indirectos, incluidos los de carácter financiero, amortización de inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable de la actividad por cuya realización se exige la tasa. Se trata de una enmienda firmada por PNV, Junts, PP, Ciudadanos y el PDeCAT, que finalmente ha sido añadida al texto.

Así, la tasa se fraccionará en dos partes. En una primera, al 40% de los gastos en que haya incurrido la Autoridad en el ejercicio anterior se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las reclamaciones resueltas frente a cada una de las entidades en ese ejercicio sobre el número total de reclamaciones resueltas frente a todas las entidades. Y al 60% restante se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las resoluciones favorables al reclamante frente a cada una de las entidades en el ejercicio anterior sobre el número total de las resoluciones favorables al reclamante frente a todas las citadas entidades.

Es decir, sobre el 40% de los gastos se tendrá en cuenta las reclamaciones resueltas, mientras que en el 60% irá en función de las reclamaciones favorables al reclamante. Esto en la práctica, según explicaron fuentes parlamentarias a Europa Press, supone premiar a aquellos bancos que “mejor lo hacen” y “castigar” a aquellos que menos cumplen, al depender la mayor parte del abono de la tasa las reclamaciones que han sido favorables al reclamante y contrarias al banco.

La nueva autoridad nace con el objetivo de descargar a los juzgados, muy saturados, de las reclamaciones judiciales que se presentan por parte de los clientes contra bancos, aseguradoras y gestoras de inversión. De este modo, se engloba en una sola autoridad los distintos departamentos de resolución de disputas que actualmente se encuentran en el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. Además, se les dota de carácter vinculante a las decisiones de este organismo frente a las resoluciones del actual sistema.

La tramitación de esta nueva ley ha traído al Congreso un ambiente de consenso que contrasta con las jornadas vividas esta semana en ambas cámaras en plena campaña electoral de cara al 28M. “Es un milagro, logramos llegar a acuerdos”, ha expresado Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos durante el debate de este jueves. “Solo tenemos palabras de agradecimiento ante una ley que se va a aprobar con amplio consenso”, ha coincidido Ferran Bel, del PdeCat.

El texto sale adelante con el apoyo de los dos partidos del Gobierno, pero también con el voto del PNV, ERC, EH Bildu, Ciudadanos, el PDeCat y la abstención del Partido Popular. Éste último sí ha sido crítico con el Ejecutivo durante su participación en el debate, al considerar que “no era necesario” crear un nuevo ente administrativo “que vamos a acabar pagando todos los consumidores”. “Estamos de acuerdo en el fondo, pero nos siguen quedando dudas”, añadió. Tampoco ha respaldado el texto Vox, quien ha dicho que está “en contra” de la creación de esta nueva autoridad administrativa.