La derecha incendia el Parlamento en el ecuador de la campaña

Las derechas habían anticipado que no soltarían fácilmente el hueso de ETA en esta campaña electoral y, de momento, están cumpliendo su palabra. Con creces. A pesar de la renuncia anunciada de los siete condenados por delitos de sangre que figuran en las listas de EH Bildu, y de que la Fiscalía no ha encontrado “infracción penal alguna” en esas candidaturas, el PP ha exprimido lo máximo posible las últimas sesiones en el Congreso y en el Senado para enrostrar al presidente del Gobierno sus pactos con la izquierda abertzale. En su ayuda salió Vox, que volvió a aprovechar la oportunidad para boicotear el Pleno y ganar unos minutos de atención. 

La pregunta que la ‘número dos’ del PP, Cuca Gamarra, había anotado en la sesión de control al Gobierno ya hacía entrever que su discurso no se desmarcaría mucho del que utilizó ayer el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien llegó a acusar a Pedro Sánchez de ser más generoso “con los verdugos que con las víctimas”. “¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?”, le preguntó Gamarra a Sánchez para reclamarle acto seguido que rompiese todos sus pactos con EH Bildu. “Ustedes han dilapidado los valores democráticos”, le acusó la portavoz.

El presidente, entrenado después del ‘cara a cara’ del martes con Feijóo en el Senado, comenzó a lanzar preguntas abiertas a la bancada del Partido Popular: “¿Serían capaces de repetir que [el expresidente] Zapatero traicionó a los muertos?”. Un “sí” se extendió por la bancada de toda la derecha. “Serían capaces de decir que Rubalcaba era cómplice de ETA?”, dijo sobre el fallecido ministro del Interior socialista. Los gritos afirmativos bajaron de tono en esta segunda ocasión. Y Sánchez lanzó una tercera pregunta que ya no recibió respuesta: “¿Serían capaces, como dijo Rajoy, de volver a decir que tienen la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11M?”. 

Poco importó, porque la inercia de la primera intervención de Gamarra había tomado vida propia y casi toda la sesión estuvo ya marcada por el tema de los últimos días. El diputado del PP Carlos Rojas aprovechó una pregunta sobre supermercados públicos a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para hablar de ETA. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, tenía una pregunta sobre la política económica del Gobierno, pero arrancó su intervención pidiendo la ilegalización de EH Bildu casi a la vez que el PP daba oficialmente por imposible hacerlo. Y desde Ciudadanos Edmundo Bal, que tenía previsto hablar sobre la ley de vivienda, también acabó recordando los pactos del Gobierno con los independentistas vascos.

Todas las preguntas de la derecha en la sesión de control, excepto una del PP sobre Seguridad Social, han hecho referencias a la banda terrorista.

Pero aún quedaba un capítulo más. Los independentistas vascos defendían una iniciativa parlamentaria sobre reglas fiscales, que su portavoz, Oskar Matute, aprovechó para contar los pactos que, según afirman, les ofreció el PP en 2015 en Euskadi a cambio de hacer alcalde de Vitoria a Javier Maroto, ahora senador. Minutos después, subió a la tribuna la diputada de la extrema derecha Teresa López, que comenzó su debate sobre los límites de gasto de la Unión Europea afirmando que su partido “no legitima a terroristas”. 

La diputada siguió hablando sobre la banda terrorista y no sobre reglas fiscales. Dijo que el Gobierno había “pisoteado el recuerdo, la honra y la memoria de las víctimas” y volvió a afirmar, como suele hacer su partido, que ETA “está en las instituciones”, a pesar de que la banda dejó las armas en 2011 y se disolvió hace más cinco años. La vicesecretaria tercera de la Mesa, Gloria Elizo, que ejercía en ese momento la Presidencia, le llamó a la cuestión hasta en tres ocasiones que la diputada de Vox desoyó. “Estoy en la cuestión”, repetía.

Hasta que la presidenta le quitó la palabra y tras un par de minutos hablando con el micrófono cerrado volvió a su escaño, donde sus compañeros comenzaron a aplaudir. La ovación se extendió durante unos minutos, sin que la siguiente interviniente, del PP, pudiera comenzar su discurso. “Señorías, esta Cámara no es un circo, de verdad, tengan cierto respeto a esta Cámara”, pidió Elizo después de varios intentos infructuosos de que los diputados de la extrema derecha cesaran la enésima provocación que protagonizan en esta legislatura. 

Extender el marco hasta después del 28M

La estrategia del PP no solo ha llenado de hipérboles el Congreso. En el Senado, una cámara que suele estar alejada del foco, las derechas también han atizado los rescoldos humeantes del terrorismo. Aunque las referencias a ETA y los pactos con EH Bildu son más o menos habituales, sobre todo en los debates sobre políticas sociales donde las derechas se mueven con más dificultades, esta semana se han empleado a fondo.

Primero fue Feijóo en una sesión de control en la que afeó a Pedro Sánchez sus acuerdos parlamentarios con EH Bildu, le conminó a no reeditarlos tras las inminentes elecciones (con Navarra y Pamplona en la cabeza) y le reclamó que modificara la ley para poder ilegalizar a la coalición vasca. Sánchez ignoró el marco y respondió como suele, al ataque. 

El miércoles la Fiscalía de la Audiencia Nacional desinflaba el globo de la ilegalización, que ya había rechazado el Constitucional en 2011. En el PP asumen que es inviable con la actual redacción de la ley electoral y de la ley de partidos, pero ya barruntan una modificación para “exigir un plus de inelegibilidad a determinadas personas”. Más allá de una modificación de complejo encaje dentro de la UE, el PP ha dejado clara su pretensión de llevar el asunto de ETA hasta más allá del 28M.

El objetivo es dominar la campaña de las elecciones generales con un discurso que buena parte de la dirección del PP no compartía hace apenas unos días, cuando el PP de Isabel Díaz Ayuso y su mano derecha no electa, Miguel Ángel Rodríguez, recaló en Euskadi para cuestionar su calidad democrática. El director de gabinete hace unos días. La presidenta madrileña lo hará este sábado. 

Si Feijóo se dio por satisfecho con la renuncia de los siete condenados por delitos de sangre, Ayuso le enmendó la plana en unos minutos. Y obligó a todo el PP a girar. Incluso quien hace una semana se negó a comentar las palabras de Rodríguez, Borja Sémper, terminó este miércoles contradiciéndose a sí mismo: de defender la integración de EH Bildu en la democracia, a decir que “no es homologable” y que “mientras Sánchez estaba en el Consejo de Caja Madrid”, ellos se jugaban “la vida para derrotar a ETA”.

Pero el cénit se produjo durante el debate previo a la votación definitiva de la ley estatal de vivienda, la primera que se aprueba en España. Uno de los dirigentes más próximos a Feijóo, Pedro Rollán, defendió la posición del PP. Su intervención quedará para siempre en el Diario de Sesiones de la Cámara Alta: “Los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, cuatro de ellos niños; sobre los escombros de la plaza de la República Dominicana, donde fueron asesinados 12 guardias civiles; sobre los hierros retorcidos de la casa cuartel de Zaragoza donde se arrebató la vida a 11 personas”.

Esta vez la medalla se la puso el PP. La senadora de Vox María José Rodríguez, que subió en dos ocasiones a la tribuna para defender el veto a la totalidad de la norma y el voto en contra, pasó por la cuestión sin hacer una sola referencia al terrorismo. 

En el PP están contentos porque, según dicen, los sondeos continuos que hacen durante toda la campaña señalan un repunte en su estimación de voto al calor del inexistente terrorismo de ETA. Vox, por su parte, se mantiene estable, siempre según estos ‘tracking’. Y si el PP crece y Vox se mantiene, la conclusión es que cae el PSOE.

Así, los estrategas del PP ya han planeado estirar esta cuestión hasta las elecciones generales. Para empezar, y ya tras el 28M, se llevará a votación en el Congreso un propuesta que insta al Gobierno de coalición no solo a romper con EH Bildu a nivel estatal, sino a “no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral”.

Más allá de la rareza de reclamar a un Ejecutivo de coalición algo que corresponde a los partidos, queda claro que el PP y Vox quieren a ETA en el debate político.