España gasta 274 millones al año en militarizar las rutas de petróleo y gas, según denuncia Greenpeace

Militares españoles en la fragata 'Victoria', que ha participado en las misiones para proteger las rutas de suministro de combustibles fósiles en las aguas del cuerno de África.

En el precio de la energía influyen múltiples factores además de lo que cuesta producirla y transportarla. Uno de los que no aparecen en la factura pero que los ciudadanos también pagan de su bolsillo es el precio de las operaciones militares cuya misión es que países políticamente inestables no detengan la producción y envío de los combustibles fósiles de los que España y Europa son dependientes.

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Entre los motivos oficiales sobre por qué hay soldados españoles desplegados en las aguas del cuerno de África, en Malí o en Somalia están el combate contra el terrorismo o la piratería, pero no que están reforzando puntos clave de las rutas de abastecimiento de petróleo y gas hacia Europa. "Los Estados miembros de la UE son expertos en ocultar los miles de millones de euros que gastan en proporcionar protección militar a los combustibles fósiles", denuncia un nuevo informe de Greenpeace al que ha tenido acceso elDiario.es.

Casi el 90% del petróleo y el 70% del gas natural utilizados en Europa se importan del extranjero. "Aunque el petróleo y el gas están arruinando el clima", recuerda la ONG, "casi dos tercios de todas las misiones militares de la UE vigilan y aseguran la producción y el transporte de petróleo y gas". Desde 2018, Italia, España y Alemania han invertido más de 4.000 millones de euros en este tipo de operaciones en el exterior, documenta la investigación. De esa cifra, 1.022 millones corresponden a España.

En la actualidad España participa en 16 misiones militares internacionales, todas en el ámbito de la UE o la OTAN. En el presupuesto de este año se han destinado unos 1.000 millones de euros para sufragar esos despliegues. De ellos, el 26%, unos 274 millones, están vinculados a proteger las rutas de llegada de los combustibles fósiles desde países inestables o ayudar a formar a sus militares para que lo hagan, denuncia Greenpeace.

elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Defensa por el informe de la ONG, que ha rehusado hacer ningún comentario. Desde la organización ecologista revelan que han intentado utilizar la ley de transparencia para que el departamento dirigido por Margarita Robles informe de los vínculos entre las misiones internacionales en las que participa España y las rutas de combustibles fósiles. Defensa se ha negado alegando que incluyen datos de "seguridad nacional".

No obstante, algunos oficiales y altos mandos militares han reconocido que asegurar el suministro de los combustibles fósiles es una parte importante de su cometido. Las misiones antipiratería para defender a los buques petroleros o gaseros son el ejemplo de ello: "La presencia española en el Golfo de Guinea sigue las líneas tradicionales de la estrategia de nuestro país para garantizar la seguridad del suministro de materias primas y productos energéticos", explicó José Luis Calvo, director de la División de Seguridad y Estudios del Ministerio de Defensa.

Nuestro objetivo es asegurar nuestros propios intereses en la pesca, el transporte de energía y el transporte de otras mercancías

Capitán de Corbeta de la misión en África Occidental

El informe recoge varias declaraciones de este estilo, como las del Capitán de Corbeta Santiago Santamaría sobre la misión en África Occidental: "Nuestro objetivo es contribuir a aumentar la seguridad marítima en las zonas por las que transitamos y asegurar nuestros propios intereses en la pesca, el transporte de energía y el transporte de otras mercancías".

En otras misiones, como Sophia, realizada en aguas del Mediterráneo, esta tarea se realizaba de forma secundaria. Activa hasta marzo de 2020, su encargo principal era combatir las redes de contrabando de personas, formar a la guardia costera libia y aplicar el embargo de armas de la ONU. No obstante, "también tenía la tarea secundaria de detener el contrabando de petróleo, lo que vincula oficialmente la misión a la protección de los combustibles fósiles", destaca Greenpeace. Libia es un proveedor estratégico para España y para Repsol.

"Nuestro informe muestra cómo la codicia por el petróleo ha llevado a Europa a desarrollar todo un sistema armamentístico para proteger el petróleo y el gas a expensas de las personas y el planeta", denuncia la ONG. "La forma en la que la industria se sale con la suya es inyectando millones en propaganda manipuladora", apunta Silvia Pastorelli, responsable de la campaña de clima y energía de Greenpeace.

Militares para traer petróleo y gas, militares para las catástrofes climáticas

La organización ecologista destaca que los estados europeos gastan miles de millones en misiones militares motivadas, total o parcialmente, por la necesidad de asegurarse el suministro de los combustibles fósiles de los que son dependientes. Sin embargo, luego deben enviar a esos mismos soldados a paliar los efectos de catástrofes naturales asociadas con el cambio climático.

"Este mismo año, los gobiernos de la UE han desplegado soldados y equipos militares en respuesta a emergencias tales como las duras inundaciones en Alemania, la borrasca Filomena en España o los grandes incendios en el sur de Italia", recuerda Javier Gª. Raboso, responsable de la campaña de Paz de Greenpeace España. "Al mismo tiempo, se enviaron más soldados y se invirtieron millones de euros para proporcionar seguridad a los barcos cargados de combustibles fósiles que continuarán agravando la crisis climática que ya ha causado tanta devastación", añade.

El informe sobre gasto europeo destinado a militarizar las rutas de suministro de combustibles fósiles destaca que esa inversión podría destinarse a favorecer la economía circular y la investigación de nuevas formas de energía limpia. En este sentido, Greenpeace promueve una Iniciativa Ciudadana Europea para impulsar una ley que prohíba la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles en la UE. Si un millón de ciudadanos de la UE firma la petición, la Comisión Europea tendrá que considerar la presentación de una nueva ley.

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