El Gobierno renuncia a derogar elementos clave de la reforma laboral sin consenso

El Gobierno descarta llevar a cabo modificaciones clave en la reforma laboral del PP de 2012 en solitario sin consenso político ni apoyo de los agentes sociales. Así lo ha manifestado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior a su primera reunión con los sindicatos y la patronal, convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Si legisláramos por real decreto, no iríamos por buenos derroteros. Tenemos que cambiar la metodología de trabajo”, ha sostenido Valerio sobre si el Gobierno estaría dispuesto a revertir la reforma laboral del anterior Ejecutivo sin el apoyo de los empresarios en el diálogo social.

Los cambios en la reforma laboral son una de las principales expectativas laborales que afronta el nuevo Ejecutivo, ya que eran un compromiso del PSOE en la oposición. El partido ha apuntado a la legislación aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy como una de las causantes de la precarización del empleo y la devaluación salarial.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado en la rueda posterior al encuentro que “el Gobierno ha estado reservón” en cuanto a las modificaciones de la reforma laboral que le exigen los sindicatos. “El Gobierno no se ha comprometido con qué va a hacer con los elementos centrales de la reforma laboral”, adelantaba Sordo.

El líder de CCOO, así como Pepe Álvarez, secretario general de UGT, han reiterado la necesidad de derogar los aspectos centrales de la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy de 2012. “Esto no significa necesariamente llegar a la regulación anterior, nos debe permitir introducir elemento nuevos”, ha defendido Álvarez, que ha recordado que en las reformas laborales de 2010 y las posteriores del PP en el Gobierno no encuentra “elementos que hayan traído nada positivo a los trabajadores de este país”.

Aunque desde la patronal pidieron en un primer momento al Gobierno de Sánchez que mantuviera la legislación de 2012, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, afirmaba este miércoles antes del encuentro en la Moncloa que se podía hablar de algunos cambios. “Aunque no se puede cambiar de un plumazo”, apuntaba Rossel, “sin duda, se puede mejorar”. En la rueda de prensa posterior a la reunión, los representantes de la CEOE y Cepyme se han limitado a un “hay que verlo” sobre las posibles modificaciones de la legislación. “Estamos de acuerdo con lo que sea una evolución, nos tenemos que adaptar al futuro que nos venga”, ha afirmado Antonio Garamendi.

Foco en la prevalencia del convenio de empresa

Magdalena Valerio ha defendido, sobre los futuros cambios de la reforma laboral, que “más que reservones y más que un cambio de criterio, lo que sí es verdad es que en el Gobierno se tienen unas dosis mayores de pragmatismo”. Valerio ha sostenido que “nos encantaría tener 202 diputados que tuvo Felipe González en su momento”, pero no es su situación actual, aunque van a “trabajar para ello”. “Nos encantaría contar con una mayoría parlamentaria y una legislatura por delante”, ha añadido, “pero tenemos que ser conscientes de que la aritmética parlamentaria es la que es”.

La titular de Trabajo, no obstante, ha mencionado algunas prioridades del Gobierno en las negociaciones que mantendrá para modificar la reforma laboral. “Hay que ver los puntos en los que sí que podríamos llegar a un consenso, con los agentes sociales e incluso consenso político”. Magdalena Valerio ha defendido trabajar en lo que queda de legislatura para llegar a “acuerdos importantes” en materia de “convenios colectivos y volver a que sea fundamental el convenio sectorial y no el convenio de empresa, en el tema de la ultraactividad, podemos trabajar las medidas para luchar contra la temporalidad...”.

La responsable de Trabajo ha añadido que ha visto “muy buena disposición” por parte de los sindicatos y la patronal, que han salidos satisfechos del encuentro, y más puntos en común de los que esperaba. “Sería bueno tener un gran acuerdo en materia de pensiones y de cuestiones esenciales para las condiciones laborales antes de que acabe la legislatura”, ha apuntado la ministra. Además, la responsable de Empleo ha fijado su mirada más allá de 2020, “para ir trabajando en un nuevo Estatuto de los Trabajadores” que pudiera ver la luz gracias a esa cultura de consenso a partir de esa fecha.

Ingresos para pensiones vía impuestos

Magdalena Valerio ha emplazado también a un gran pacto en materia de pensiones, en el que también deben involucrarse los agentes sociales. La ministra de Trabajo ha defendido la necesidad de ampliar los ingresos de la Seguridad Social dado el déficit en sus cuentas. Además de mejorar el empleo y subir los salarios para recaudar más por la vía de las cotizaciones sociales, “hay que adoptar otra serie de medidas para completar los ingresos” a través de los impuestos.

Valerio ha explicado que “pueden ser impuestos especiales, como hemos planteado en alguna ocasión -con el impuesto a la banca, impuesto a las transacciones financieras-” o la tasa a las técnológicas del Gobierno saliente, pero también a través de “imposición general”.

El consenso en la Comisión del Pacto de Toledo, que debate las recomendaciones del futuro de las pensiones públicas, se sitúa como prioritaria para el nuevo Ejecutivo. Tras la primera reunión de la comisión tras la moción de censura, ayer martes, los grupos afianzaron el principio de acuerdo alcanzado en las citas anteriores, todavía con Rajoy en la Moncloa: que el IPC sea un elemento medular de la revalorización anual de las pensiones. Pero aún persisten las diferencias sobre si esta subida se mantiene para todos los pensionistas en épocas de crisis.

Muy cerca de un pacto salarial

El encuentro con el presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo se produce en un momento en el que los agentes sociales están “muy cerca” de cerrar un acuerdo salarial dentro de la negociación colectiva a nivel estatal, según han reconocido sus protagonistas. Aun así, los sindicatos y la patronal recuerdan que el pacto no está cerrado del todo, a falta de algunos detalles que no parecen insalvables, y las organizaciones sindicales deberán consultar a sus bases sobre el preacuerdo para que puedan suscribirlo finalmente.

Las partes se están acercando a un acuerdo salarial que podría rondar el 3%, con una subida fija de “en torno al 2% y con otra cantidad todavía por definir”, ha afirmado Juan Rosell. Desde los sindicatos sitúan esa parte variable, que dependerá de la productividad y de la situación de las empresas, alrededor del 1%.

La ministra de Trabajo ha dado, además, prácticamente por cerrada una de las cuestiones que aún está sobre la mesa: el mayor incremento de los salarios más bajos. Valerio ha afirmado que el presidente del Gobierno está “muy contento” con el pacto que se está fraguando entre los agentes sociales, “sobre todo” con la idea de los 14.000 euros anuales (1.000 euros al mes en 14 pagas) de salario mínimo por convenio. Esta cantidad era la que reclamaban los sindicatos, que están negociando las subidas salariales hasta 2020.

El acuerdo de negociación colectiva, que los agentes sociales confiaban a principio de año en cerrar mucho antes, se atascó durante meses, con un clima tenso que se plasmó en movilizaciones convocadas por los sindicatos frente a las sedes de la patronal de toda España. En los últimos días, los empresarios y los representantes de los trabajadores acercado posturas. De hecho, los sindicatos han suspendido las movilizaciones fijadas para el día 16 de junio.