El Gobierno adelanta la reunión con las comunidades sobre el plan de ahorro energético a este lunes con la presencia de Ribera y Maroto

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE/Mariscal

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El Gobierno ha convocado a los consejeros autonómicos este lunes por la mañana en la Conferencia Sectorial de Energía, Industria y Comercio, en la que también participan las comunidades y ayuntamientos, para tratar la legislación sobre ahorro energético aprobada el pasado lunes. Se ha cancelado la reunión convocada para el día siguiente, el martes, con las comunidades autónomas.

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Al encuentro del lunes, que se celebrará de forma telemática, están convocados los máximos representantes autonómicos en materia de Energía, Turismo y Comercio, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica. La reunión estará presidida por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

“El objetivo de la cita es alinear las políticas de ahorro y eficiencia energética de todas las administraciones, y reafirmar así de forma solidaria el compromiso de ahorro de un 7% del consumo energético adquirido por España ante la UE para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la invasión de Ucrania por el régimen de Vladimir Putin”, ha informado el Gobierno a través de una nota de prensa. La reunión, especifica el documento, servirá también para “despejar dudas sobre el alcance y aplicación de las disposiciones contenidas en el RDL”, que entrará en vigor a las 00:00 horas del miércoles 10 de agosto.

“Las instituciones y sus responsables son quienes están llamados a dar ejemplo a la ciudadanía y liderar la vocación de solidaridad de la sociedad española”, apostilla la nota. En la misma línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que “no valen excusas de incomprensión, de incumplimiento, ni de falta de conocimiento” por parte de los diferentes organismos y administraciones para incumplir las medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética recogidas en el real decreto-ley aprobado el lunes en Consejo de Ministros.

En declaraciones distribuidas a los medios, la ministra ha señalado este domingo que, en el contexto actual, “la respuesta de las administraciones públicas y su liderazgo es fundamental” y ha añadido que la responsabilidad del Gobierno es “facilitar el cumplimiento y acompañar a los actores económicos incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto Ley”.

Aunque luego bajó el tono, la Comunidad de Madrid fue la primera en protestar contra las medidas de ahorro energético y ha amenazado con llevar al Constitucional el Real Decreto. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en un primer momento que no lo aplicaría porque “espanta el turismo” y “provoca oscuridad y tristeza”. Mientras, el PP ha tenido que hacer equilibrios para no desautorizar a Ayuso en su guerra contra el ahorro energético con Ayuso por un lado y, por otro, Alberto Núñez Feijóo, dirigente popular que hace dos semanas reclamaba un plan similar al propuesto por el Ejecutivo.

La consejera de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha dicho este domingo a través de Twitter que esperan una reunión “abierta a aportaciones”. Martín también ha “agradecido” que se haya ampliado la reunión a las Conferencias Sectoriales de Comercio y Turismo, en referencia a las críticas realizadas por varios dirigentes autonómicos —entre ellos Ayuso— porque la cita del martes no fuese de máximo nivel. “Agradecemos que hayan atendido la petición de la Comunidad de Madrid ante el Real Decreto que genera incertidumbres. Esperamos una reunión abierta a aportaciones”, ha solicitado. 

Feijóo acusa a Sánchez de “improvisar”

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha pedido este domingo la convocatoria de la Conferencia de Presidentes la próxima semana para abordar el plan y ha acusado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de “improvisar” la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía. Para el líder popular, hubiese sido mejor dirigirse a los presidentes autonómicos y no a los consejeros.

Feijóo, que se encuentra en Cambados (Pontevedra), ha declarado ante la prensa que la convocatoria de esta conferencia sectorial es “una vez más, es una improvisación de algo que no es menor, que es la necesidad de ahorrar en energía en España y en el conjunto de Europa”. “Sánchez sobrevuela, en sentido estricto, los problemas de la mayoría de los españoles, en vez de afrontarlos con acuerdos, con diálogo, con reflexión, con un buen diagnóstico, con una buena propuesta. Simplemente improvisa, adoptando medidas unilaterales”, ha afirmado Feijóo.

El presidente del PP considera que “lo lógico” habría sido convocar en primavera a los presidentes de las Comunidades Autónomas para hablar y concretar las medidas para disminuir el consumo energético. En este sentido, ha subrayado que las comunidades serán las que “tienen que aplicar las medidas, velar por su cumplimiento y, sobre todo, por su sanción”.

Las medidas del plan de ahorro energético

El llamado “Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización” prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos. En verano, concretamente, establece una temperatura mínima de 27 grados, con flexibilidad dependiendo del tipo de establecimiento y la legislación laboral.

Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración. En este sentido, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas.

El plan aprobado por el Gobierno forma parte de la estrategia de la Unión Europa para reducir el consumo energético en plena invasión rusa de Ucrania, con la expectativa de que en los próximos meses el suministro de gas ruso pueda verse afectado.

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