El Gobierno aprueba la prórroga de las rebajas fiscales de la factura de luz

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de los recortes fiscales a la factura de la luz, en un paquete de medidas de ámbito energético que incluye una extensión de los plazos para la caducidad de los permisos de las plantas de renovables que vencían a partir de esta semana, un impulso de las infraestructuras de recarga eléctrica y el autoconsumo, y la dotación por parte del Ministerio de Hacienda de 1.900 millones de euros para cubrir la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el canon hidráulico que implantó el PP y obligó a devolver lo recaudado a las eléctricas.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las perspectivas del mercado mayorista eléctrico, que este miércoles va a superar por primera vez en la historia los 360 euros por megavatio hora (MWh) impulsado por la subida exponencial del gas natural, “no son particularmente halagüeñas”, lo que justifica la prórroga avanzada la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las rebajas fiscales tendrán un impacto que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha cifrado en más de 2.000 millones. La rebaja del IVA de la luz al 10% y la rebaja del Impuesto Eléctrico del 5,11% al 0,5%, el mínimo legal, se extenderá hasta el próximo 30 de abril. El impuesto a la generación del 7% que pagan las empresas se mantendrá suspendido por ahora hasta el 31 de marzo, y “quedará cubierto para que no haya un problema en la organización de las cuentas del sistema eléctrico pero no será trasladado al consumidor”, ha señalado Ribera.

También se prorroga la ampliación de los descuentos de los beneficiarios del bono social (de hasta el 70%) hasta abril de 2022. Asimismo, el Gobierno ha aprobado medidas de flexibilización para los consumidores de gas industrial, de forma que puedan cambiar su tarifa o puedan suspender su contrato (medida que ya se introdujo en el confinamiento) hasta 31 de marzo de 2022.

Ribera ha confirmado la propuesta de acabar a partir de enero con la rebaja de cargos (la parte regulada de la factura que fija el Gobierno) del 96% aprobada en septiembre, para “velar por el equilibrio del sistema”, si bien es todavía “provisional”. Y ha subrayado que la propuesta supone un recorte del 30% “ponderado a lo largo del año”, si se compara con los cargos vigentes en el conjunto de 2021.

En lo relativo a infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, junto a algunas medidas que simplifican la regulación para su autorización, se van a incluir nuevas obligaciones de instalación en estaciones de servicio en la red de carretera del estado. Y se establece la posibilidad de “acelerar las obligaciones de instalación” en instalaciones como aparcamientos públicos o centros comerciales, que deberán contar antes de 2023 con un punto de recarga cada 40 plazas. En el caso de edificios de la Administración del Estado deberán contar con uno cada 20 plazas. También se habilita a los ayuntamientos para bonificar impuestos como el IBI o el Impuesto de Actividades Económicas y Obras para la instalación de estas infraestructuras.

En materia de autoconsumo, que según Ribera va a cerrar el año con casi 3.000 MW instalados, el doble que hace un año, el Gobierno ha dado luz a la hoja de ruta para impulsar esta solución energética y para facilitar el autoconsumo colectivo, se eximirá de la obligación de presentar avales a las instalaciones de menos de 100 kilovatios que quieran verter a la red sus excedentes. También se actualiza el régimen sancionador para evitar “dilaciones en la tramitación” de estas instalaciones y “comportamientos a veces desincentivadores por parte de las distribuidoras y comercializadoras”.

Junto a estas medidas, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. Está dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023. Los potenciales beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga.  

Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una línea de ayudas para la implantación de renovables térmicas en diferentes sectores de la economía dotada inicialmente con 150 millones de euros. Para fomentar estas instalaciones en la industria, el sector agropecuario, el de servicios y el público, se subvencionarán hasta el 45% de los costes en el sector privado y el 70% en el caso del sector público.