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El Gobierno creará una agencia estatal para evaluar las políticas públicas

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a su llegada a la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Daniel Yebra

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General de Estado, que supone la creación de una agencia estatal para cumplir con el enunciado de la norma.

Este ley era un requisito del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos, y tiene el objetivo “de fortalecer, sistematizar y dar estabilidad al proceso de análisis de las diversas políticas puestas en marcha por el Estado”, según el propio Gobierno.

“Nos va a permitir dar un salto cualitativo en términos de calidad y eficacia de las políticas públicas y mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía”, ha defendido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tras la aprobación definitiva de esta ley de evaluación de políticas públicas, la norma será remitida al Congreso de los Diputados para su posterior convalidación.

Una nueva agencia estatal

Los principales elementos que contempla la nueva norma son la creación de una nueva agencia estatal o el establecimiento de un mecanismo de planificación estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, para lo cual se diseñará un sistema de indicadores comunes.

Además, se pretende reforzar la evaluación 'ex ante', previo a la aprobación de las políticas públicas, y se quiere utilizar los resultados para mejorar esas políticas.

Según Montero, la ley ha tenido una “gran aceptación” en el trámite de audiencia pública y espera que sea “continuada” por parte de las autonomías y los ayuntamientos en favor de la transparencia que requiere la movilización de recursos públicos.

En el Consejo de Ministros también se ha aprobado el Perte (el mecanismo mediante el que se articulan las ayudas europeas) de 12.250 millones para impulsar la producción de chips en España. Y, además, la “mayor oferta de empleo público de la historia”, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos para la creación de nuevos puestos y los procesos de estabilización de interinos

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