El Gobierno lanza un plan de ayudas de 1.320 millones para autoconsumo, baterías y climatización renovable

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE/ Mariscal/Archivo

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este martes un real decreto para conceder 660 millones, ampliables a 1.320 millones de euros, en ayudas para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador y climatización con energías renovables.

Las ayudas se articularán en seis programas que repartirán un máximo de 900 millones para autoconsumo, 220 millones para almacenamiento detrás del contador y 200 millones para climatización y agua caliente con renovables. Las comunidades y ciudades autónomas los diseminarán por todo el territorio nacional hasta 2023. Los beneficiarios de municipios con menos de 5.000 habitantes obtendrán un 10% adicional en su asignación, informa Europa Press.

El gabinete dirigido por Teresa Ribera calcula que estas actuaciones permitirán construir 1.850 megavatios (MW) renovables, incluyendo calefacción y refrigeración en más de 40.000 viviendas.

Además, prevé que se crearán más de 25.000 empleos, el PIB crecerá en más de 1,7 millones por cada millón de ayuda y las emisiones de CO2 bajarán más de un millón de toneladas al año.

Estos programas, con cargo al presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son las primeras líneas a gran escala a nivel estatal dirigidas específicamente a autoconsumo y almacenamiento. Se han consensuado con las comunidades y ciudades autónomas en la Conferencia Sectorial de Energía del pasado 12 de mayo.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) se encargará de coordinar las actuaciones y de hacer un seguimiento de su evolución.

El real decreto prevé que los 660 millones inicialmente presupuestados se ampliarán, según se vayan ejecutando las cuantías iniciales asignadas a cada comunidad autónoma, hasta alcanzar los 1.320 millones del programa total. Las comunidades y ciudades autónomas deberán comprometer un 80% del presupuesto inicial durante el primer año o tendrán que reintegrar la mitad de lo no comprometido en el plazo de 15 meses desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este real decreto.

Las ayudas fomentarán la creación de empleo de proximidad y la mejora de la competitividad de empresas y economías domésticas al reducir sus costes energéticos y contribuirán también a alcanzar los objetivos en materia de energías limpias y de reducción de emisiones marcados por España en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

En el caso eléctrico, la generación limpia se combinará con seis gigavatios (GW) de potencia de almacenamiento para facilitar la gestión del sistema eléctrico. Por la vertiente térmica, la penetración del 18,9% en los suministros de calor y frío de 2019 debería duplicarse al final de la presente década.

Los 660 millones, con una estimación conservadora, según el ministerio, permitirán construir esos 1.850 MW de generación renovable, incluyendo la sustitución de combustibles fósiles por energía renovable en calefacción y refrigeración en más de 40.000 viviendas.

Seis programas de ayudas

El paquete se articulará mediante seis programas, de los que los tres primeros están dirigidos a sectores económicos concretos, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019, previos al estallido de la pandemia. Los otros tres, dirigidos sobre todo a viviendas, toman como referencia el número de viviendas principales u hogares, también según el INE.

El reparto del presupuesto entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla es únicamente para la dotación inicial del programa. Para futuras ampliaciones de crédito, se tendrá en cuenta la ejecución del presupuesto y la demanda de cada territorio.

Además, se podrá subvencionar la inversión en equipos y materiales; la obra civil; los equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares; los sistemas de gestión y monitorización, la redacción de proyectos, memorias técnicas y dirección facultativa, entre otras actuaciones.

Al objeto de facilitar el impacto de las ayudas sobre el tejido productivo nacional y orientarlas hacia la mejora ambiental, todas las actuaciones superiores a los 100 kW deberán incluir un plan estratégico de carácter público que indique el origen y el lugar de fabricación de los equipos y su efecto tractor sobre pymes y autónomos.

El plan también detallará información sobre el criterio para seleccionar equipos y materiales en función de su impacto ambiental y su durabilidad -como las garantías del fabricante- y una justificación de que cumplen el principio europeo de no causar un daño significativo.

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29 de junio de 2021 - 15:23 h

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