El Gobierno pretende ampliar un año la edad efectiva de jubilación para 2048
El Gobierno ha tomado nota de la opinión de la Autoridad Fiscal (AIReF) sobre la sostenibildiad del sistema público de pensiones, que valora como “muy razonable y bastante moderada”, según fuentes de la Seguridad Social. Además, el Ejecutivo socialista coincide con varias de las recetas para mantener el sistema a largo plazo, como la ampliación de la edad efectiva a la que se jubila la población en España, manteniendo la edad legal como está. En concreto, Trabajo es favorable a retrasar un año esta edad real de jubilación hasta llegar a los 65,5 años en 2048.
Así lo han explicado este viernes fuentes de la Seguridad Social, partiendo de la base de la recomendación de la Autoridad Fiscal. El informe de la AIReF toma como referencia para la ampliación de la edad efectiva los 64,5 años, edad real de retiro que estima para 2027 (sin tener en cuenta a los funcionarios de las clases pasivas). 2027 es el año en el que termina el despliegue de la reforma de las pensiones de 2011 de Zapatero.
De este modo, el objetivo para dentro de 30 años, en 2048, sería alcanzar una media de jubilación efectiva de 65,5 años, más cerca de la edad legal de jubilación, de 67 años en ese momento según la normativa actual.
Para lograr ese retraso en la edad a la que efectivamente se jubila la población, el Ministerio de Trabajo estudia “varias fórmulas” en las que se favorezca la “flexibilidad” en el retiro. En cualquier caso, insisten fuentes oficiales, el Gobierno no contempla ampliar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años que acordó la reforma de pensiones de 2011. En la actualidad, la edad legal de jubilación está en los 65 años y 8 meses y se irá ampliando progresivamente hasta los 67 en 2027.
Las vías para alargar la vida laboral de los trabajadores será discutida con los sindicatos y la patronal, sin los que el Gobierno socialista no quiere aprobar la reforma del sistema público de pensiones. El Ministerio de Trabajo comenzará a discutir con los agentes sociales sus propuestas a raíz del informe de la AIRef a partir de la semana que viene, aunque lo referido a la edad real de jubilacion será un debate “para los próximos meses”.
Antes, apuntan las mismas fuentes, deberá abordarse cómo acabar con el déficit actual en las cuentas de la Seguridad Social. La Autoridad Fiscal propone que el Estado asuma estos números rojos a través de varias vías, como el trasvase de algunos puntos de las cotizaciones de desempleo a las contingencias comunes y que gran parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social se sufraguen vía impuestos.
Cambios en las jubilaciones anticipadas
Además de retrasar la jubilación real, el Gobierno considera que, de cara al medio plazo, habrá que replantear la jubilación anticipada a la que tienen acceso diversos colectivos profesionales. Con el ejemplo de los policías locales, que pueden acceder desde este año a la jubilación a los 59 años, el Ministerio es partidario de recargar la cotización de estos trabajadores a lo largo de su vida laboral y que sea el método a aplicar en el futuro si hay más profesiones que acceden al retiro anticipado.
En el caso de los policías locales, el Ejecutivo acordó una cotización adicional del 10,6% para todos los policías en activo. La idea es que los empleados que tienen derecho a jubilarse antes que el resto de la población abonen más a las arcas de la Seguridad Social.
Sobre ampliar el periodo de años con los que se calcula la pensión, en la actualidad se tienen en cuenta los últimos 22 años cotizados y se llegará a los 25 años en 2022, según lo acordado en la reforma de pensiones de 2011. La Autoridad Fiscal ha recomendado ampliar más este periodo de referencia y desde el Ejecutivo se muestran favorables a la medida, aunque precisan que se deberá discutir con los sindicatos y la patronal para valorar sus efectos. Desde Trabajo recuerdan que este aumento acercaría la legislación española a estándares europeos.
Rechazar la inmigración “pone en riesgo las pensiones”
Desde el Ejecutivo secundan también la opinión de la Autoridad Fiscal (AIReF)de que debe mantenerse una política abierta en inmigración para sostener a futuro las pensiones públicas. Fuentes de la Seguridad Social van más allá y defienden que “las personas que piensan que la inmigración supone un riesgo están poniendo de alguna forma en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones”.
La postura de la AIReF y del Gobierno de Sánchez llega en un momento en el que el partido Vox azuza el discurso antinmigración a diario en los medios y, en la esfera política, exige concesiones en este sentido al PP para llevar a su candidato, Juan Manuel Moreno Bonilla, a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Trabajo cree necesario contrarrestar con políticas públicas “la percepción en amplios sectores de la opinión pública de la inmigración como fenómeno negativo”. En la Seguridad Social son tajantes, aseguran que es una interpretación “equivocada” y defienden que conviene que la población sea consciente de que “para que nuestro sistema de pensiones sea sostenible, España tiene que ser un país abierto a la inmigración”.
